Política
Diputados cordobeses divididos en la votación del veto al aumento jubilatorio
/https://lvdsjcdn.eleco.com.ar/media/2025/08/diputados.jpg)
La Cámara de Diputados aprobó el veto del Poder Ejecutivo a la ley que proponía un aumento de haberes y del bono jubilatorio. Siete legisladores de Córdoba respaldaron la medida, mientras el resto rechazó el veto, evidenciando la diversidad de posturas en la provincia.
En una sesión marcada por la tensión y las acusaciones de “aprietes” y negociaciones, la Cámara de Diputados de la Nación convalidó este miércoles el veto del Poder Ejecutivo a la ley que proponía recomponer los haberes jubilatorios y elevar el bono correspondiente.
La oposición no logró alcanzar los dos tercios necesarios para insistir con la norma: 160 diputados votaron en contra del veto, 83 a favor y 6 se abstuvieron. Así, la iniciativa que buscaba una recomposición del 7,2% para los haberes, exceptuando regímenes especiales, y elevar el bono de $70.000 a $110.000, quedó frenada. La ley también contemplaba actualizaciones mensuales por movilidad, con un costo fiscal estimado en $1.673.494 millones para 2024, equivalente al 0,20% del PIB.
En Córdoba, el voto de los diputados reflejó posiciones diversas dentro de los distintos bloques. Siete legisladores respaldaron el veto presidencial, mientras que once se manifestaron en contra.
A favor del veto de Milei votaron Gabriel Bornoroni y Celeste Ponce (La Libertad Avanza); Cecilia Ibáñez (MID); Luis Picat (Liga del Interior); Soledad Carrizo y Laura Rodríguez Machado (UCR y PRO); y Belén Avico (PRO).
En contra del veto se expresaron Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Juan Brügge, Alejandra Torres, Natalia De la Sota y Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal); Héctor Baldassi (PRO); Rodrigo De Loredo y Gabriela Brouwer de Koning (UCR); y Pablo Carro y Gabriela Estévez (Unión por la Patria).
El resultado permitió al oficialismo sostener el veto, evitando la recomposición del 7,2% de los haberes y el aumento del bono, pese al esfuerzo opositor. La votación dejó en evidencia la diversidad de criterios entre los representantes cordobeses, así como la dificultad de consensuar políticas jubilatorias en un contexto de alta polarización.