Después de las amenazas en las escuelas

Han sido similares las decisiones adoptadas en las provincias de Córdoba y Santa Fe frente a las amenazas de tiroteos que se produjeron en masa semanas atrás en los establecimientos educativos. En ambos casos, los gobiernos han resuelto avanzar en mecanismos administrativos y legales destinados a recuperar los costos que generan los operativos de seguridad activados por este tipo de hechos, trasladando la responsabilidad patrimonial a los adultos a cargo de los menores involucrados.

La simultaneidad de estas medidas revela un diagnóstico compartido sobre la gravedad del problema, más allá de la intención de preservar los recursos públicos y desalentar conductas que alteran el funcionamiento del sistema educativo. Tanto en Córdoba como en Santa Fe, los procedimientos contemplan la identificación de los responsables, la cuantificación de los gastos y la posterior intimación de pago, en plazos breves y con posibilidad de ejecución judicial ante incumplimientos.

¿Es correcto que así se proceda? Varios argumentos permiten sostener una respuesta positiva. La amenaza falsa, cada inscripción intimidatoria o cada episodio que obliga a desplegar brigadas especializadas implica la movilización de recursos humanos y materiales que el Estado dispone para atender situaciones de riesgo real. La reiteración de estos hechos debilita la capacidad de respuesta ante emergencias genuinas, generando un efecto social que va mucho más allá del ámbito escolar.

En ese contexto, la determinación de exigir el resarcimiento a los adultos responsables introduce un elemento de reflexión que debe darse en el seno del ámbito familiar en el que se convive con niños y jóvenes. La adolescencia, en especial, constituye una etapa atravesada por búsquedas y desafíos, en la que la presencia orientadora de los adultos resulta decisiva. La intervención estatal, en este caso, pretendería orientarse a reforzar esa responsabilidad primaria, recordando que las conductas de los menores se desarrollan en un entramado de vínculos donde el diálogo y los límites ocupan un lugar preponderante.

De acuerdo con lo que se ha publicado en la prensa, en especial la de Santa Fe, la reacción de algunos progenitores ante las intimaciones -expresada en términos de sorpresa frente a los montos reclamados- exhibe una distancia entre la percepción del acto y sus consecuencias reales. Muchos adultos parecen no comprender la gravedad de la situación y tampoco sus posibles derivaciones. Se trata de no naturalizar los hechos. El miedo y la tensión fueron protagonistas de estos sucesos. Considerarlos como meras travesuras es un error grave.

Más allá de la sanción económica, lo que debe quedar claro es la necesidad de recuperar el sentido de la responsabilidad en la formación de las personas. La escuela cumple un rol también central, pero no puede asumir en soledad la tarea de encauzar conductas que se originan fuera de las aulas. La familia, el primer núcleo de formación y socialización, conserva una función indelegable en la transmisión de normas, la adquisición de sanos hábitos y en la construcción de criterios.

Luego de los agitados días en los que las amenazas se esparcieron por cientos de establecimientos educativos, la polémica sobre el traslado de los costos de los operativos a los padres de los adolescentes que protagonizaron los hechos no tendría mayor sustento. ES que  no  se trata únicamente de resarcir un gasto, sino de reponer principios básicos de convivencia. Y entender que las acciones tienen consecuencias y que deben ser asumidas. Banalizar ciertos comportamientos y diluir los límites no es una opción.