Análisis
Desafíos de la formación docente
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En un contexto donde la calidad educativa es cuestionada, mejorar los aprendizajes exige fortalecer la formación docente y construir una base de información que permita repensar el sistema desde sus cimientos.
Un reciente informe elaborado por Argentinos por la Educación, titulado “Institutos de formación docente” (julio de 2025), vuelve a evidenciar un problema estructural que padece el sistema educativo argentino y que debería ser motivo de preocupación: la falta de datos confiables, sistematizados y desagregados sobre los procesos de formación de los futuros maestros y profesores.
En un país donde más de mil institutos -de gestión estatal y privada- asumen la misión de formar a los futuros docentes, no existen estadísticas actualizadas ni instrumentos de evaluación rigurosos que permitan conocer con exactitud cuántos estudiantes ingresan, cuántos egresan, cuánto tiempo demoran en hacerlo o en qué condiciones cursan sus trayectos formativos.
En este punto, asoma una obviedad. Se habla permanentemente de mejorar la formación de los maestros y profesores, pero no hay información precisa respecto del panorama global del asunto. Debería comprenderse que lo que no se conoce no puede mejorarse, y lo que no se mide, difícilmente puede ser objeto de una política efectiva.
El sistema de formación docente argentino funciona con una lógica fragmentada. El informe citado ofrece un ejemplo elocuente al comparar las situaciones de Córdoba y Santa Fe. El texto señala que la primera cuenta con 140 institutos y alcanza un 20% de egresos sobre el total de su matrícula, la segunda -con 118 institutos- apenas supera el 7% de egreso efectivo. En general, el problema se agudiza en los profesorados de secundaria, carreras que no tienen matrícula elevada y no son elegidas por quienes salen del secundario. Este fenómeno es, desde hace años, una realidad que no parece factible de ser revertida.
Los problemas de la formación docente en el país evidencian también una falta de planificación estratégica en la asignación de recursos, en la evaluación de resultados y en la articulación entre niveles del Estado. No parece existir, en términos generales, una política nacional capaz de establecer criterios comunes, estándares de calidad, mecanismos de monitoreo y metas verificables. La consecuencia es un sistema que funciona casi sin control, opera por inercia y reproduce desigualdades estructurales.
Por ello, se hace necesaria la organización de un marco común de referencia, con metas compartidas y del que emane información suficiente para tomar decisiones. La inversión pública que implica el sostenimiento de centenares de institutos debería estar acompañada de un análisis riguroso de su impacto y pertinencia. Porque no se trata solo de una cuestión de asignación o quita de recursos económicos del Estado respecto de la matrícula que tenga una carrera determinada en un instituto superior.
En tiempos donde la calidad educativa en el país es fuertemente cuestionada, no puede ignorarse que la mejora de los aprendizajes está directamente vinculada con la calidad de la formación de los docentes. Y el primer paso para consolidar un sistema de formación docente eficiente es construir una base de información que permita repensar, desde la base, el sistema.
A partir de allí, comienza otro enorme desafío: encontrar los parámetros adecuados para decidir cómo formar a quienes deben formar en un tiempo vertiginoso e incierto.
