Derriban búnker narco vinculado al crimen de Zamir: “Era un centro de distribución de violencias”

Este jueves en Frontera fue demolido un inmueble identificado como un punto de microtráfico de drogas y escenario de hechos violentos. La construcción, ubicada sobre calle 96 entre 9 y 11, estaba a escasa distancia de instituciones religiosas, sociales y de salud, lo que sumaba preocupación en la comunidad.

La medida fue autorizada por el juez de Rafaela Nicolás Stegmayer, a partir de un pedido de la fiscal Fabiana Bertero, el fiscal Franco Carbone —del Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General— y el Fiscal Regional Carlos Vottero. El procedimiento se enmarca en los Objetivos Priorizados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe dentro de su Plan de Persecución Penal.

En el operativo participaron el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes; el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenote; y el intendente de Frontera, Oscar Martínez.

El fiscal Carbone afirmó: “La construcción que se derribó hoy era un centro de distribución de violencias” y la calificó como un “lugar emblemático” por su relevancia en hechos delictivos de gran impacto en la ciudad. Según detalló, en los últimos diez meses se realizaron cinco allanamientos y diez procedimientos vinculados a violencias altamente lesivas, con secuestro de armas, drogas, balanzas de precisión y detenciones por tentativas de homicidio, portación de armas y un homicidio concretado.

Carbone remarcó que el lugar “era inhabitable” y que su única función era servir como boca de expendio de estupefacientes.

Por su parte, Vottero subrayó que la demolición fue resultado de la audiencia de cese de estado antijurídico realizada un día antes. También advirtió que el búnker estaba en una zona con intensa actividad social, próxima a escuelas e iglesias, y vinculado a hechos de extrema gravedad, incluido el homicidio de Zamir Torres, el niño de 4 años baleado el padado 9 de julio en Frontera.

El derribo busca no solo desactivar un punto de delito, sino también enviar un mensaje de recuperación del espacio urbano para la comunidad.