Deriva autoritaria en El Salvador

El Parlamento de El Salvador aprobó recientemente una modificación de las leyes electorales que ahora permite la reelección indefinida de las máximas autoridades del país. La medida, impulsada por el excéntrico presidente, Nayib Bukele, elimina los límites a los mandatos presidenciales y abre la puerta a que este personaje se mantenga indefinidamente en el poder.

Bukele parece tener la aprobación de la mayoría de la población del pequeño país centroamericano. Sus drásticas disposiciones referidas al combate contra las bandas criminales que asolaban el territorio salvadoreño han sido motivo de discusión en el mundo entero. Aquellas imágenes de los presidios repletos de reclusos rapados y formados en fila fueron elogiadas por muchos líderes políticos que veían -¿ven?- en esas postales un símbolo de la lucha para devolver la seguridad a una ciudadanía que estaba exhausta frente al embate de la delincuencia. 

Se afirma que en El Salvador volvió la tranquilidad social luego de la implementación de estas políticas. Tanto es así que muchos líderes latinoamericanos, incluidos dirigentes de nuestro país y funcionarios actuales, se manifestaron dispuestos a repetir las estrategias del gobierno salvadoreño en sus países. Vale recordar los elogios de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y su viaje para conocer detalles de la política seguida por Bukele y apoyada por la mayoría de los ciudadanos.

Sin embargo, la popularidad de un presidente no es motivo para que se violen todas las normas democráticas. Así lo ha sostenido el politólogo que vivió muchos años en San Francisco, Daniel Zovatto. Dijo que “argumentar que lo que están haciendo es escuchar el clamor popular que dice "nosotros queremos de manera indefinida a Bukele" es falso. La popularidad no es un cheque en blanco para gobernar como se te ocurra. La Carta Democrática Interamericana en su artículo 3 establece dos legitimidades. Hay una legitimidad de origen, es decir, vos tenés que ser electo en un proceso electoral libre, transparente, con niveles de integridad electoral. Y hay una legitimidad de ejercicio, que dice que, aunque vos ganaste una elección, cuando ejercés ese poder tenés que hacerlo respetando los derechos humanos, la división de poderes y la independencia de los otros poderes, cosas que no ocurren en El Salvador. Bukele no tiene ni legitimidad de origen, ni legitimidad de ejercicio. Lo único que tiene es popularidad”.

La reacción del mandatario salvadoreño para justificar su atropello institucional esgrimió un argumento confuso. Afirmó que “el 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno, y nadie se inmuta”. Y agregó que cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo, “de repente se convierte en el fin de la democracia”. Se comparó con las democracias parlamentarias europeas en las que cargos como el de primer ministro no tiene límites. Sin embargo, en esos países existen controles para evitar abusos en el poder, funcionan generalmente de manera eficiente y dentro del marco de la institucionalidad de una democracia liberal.

En América latina sobran ejemplos de mandatarios “populares” que terminaron convirtiéndose en dictadores y desvirtuaron los principios democráticos. Con su reelección indefinida, Bukele transita el mismo camino que los Castro en Cuba, Ortega en Nicaragua y Chávez y Maduro en Venezuela, entre otros. Queda claro que la deriva no distingue signos ideológicos. Por ello, difícil la tendrán quienes, desde los extremos, justifican la vigencia de estos regímenes autoritarios.