Denuncian penalmente presuntos créditos privilegiados del Banco Nación a funcionarios y legisladores

Una nueva polémica se abrió en torno al otorgamiento de créditos millonarios por parte del Banco Nación a funcionarios, legisladores e influencers vinculados al oficialismo. En ese contexto, la diputada nacional de la Coalición Cívica, Mónica Frade, presentó una denuncia penal para que se investigue si existieron privilegios en la asignación de esos préstamos.

La presentación judicial busca determinar si los beneficiarios accedieron a los créditos a través de “negociaciones incompatibles” con la función pública y si hubo condiciones diferenciales respecto de otros clientes.

El caso tomó estado público días atrás, cuando se difundió un listado con nombres y montos de cientos de créditos otorgados. Los datos surgen de los registros de la Central de Deudores del Banco Central y fueron sistematizados en la plataforma “¿Cuánto deben?”, desarrollada por el visualizador de datos Andrés Snitcofsky.

Entre los señalados figuran funcionarios y dirigentes como Juan Pablo Carreira, conocido en redes sociales como “Juan Doe”; Pedro Inchauspe, director del Banco Central; Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro Luis Caputo; Federico Furiase, secretario de Finanzas; y Emiliano José Mongilardi, director de YPF.
También aparecen Sharif Menem, secretario privado de Martín Menem, y legisladores nacionales de La Libertad Avanza como Lorena Villaverde, Mariano Campero, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni.

En su denuncia, Frade cuestionó particularmente el caso de Villaverde, al señalar que recibió un crédito de $227 millones “pese a que la sucursal del banco de su domicilio en Cipolletti le había rechazado su carpeta”.
Desde el Banco Nación rechazaron las acusaciones y, a través de un comunicado, afirmaron que “acceder a los préstamos es homogéneo, sin excepciones”. No obstante, la legisladora sostuvo que “desde 2024 existe una línea diferencial para empleados y funcionarios públicos, con beneficios que no tienen los clientes regulares”.

“Estamos frente a una utilización privilegiada de los fondos públicos (de ahorristas comunes) que resultan inaccesibles para la mayoría de esos ahorristas”, advirtió Frade, y agregó que esta situación “podría afectar su reputación y, con ello, su liquidez”.

La diputada también planteó dudas sobre los criterios utilizados para otorgar los créditos. “¿Cuál ha sido, por ejemplo, la relación ingreso-cuota en el otorgamiento de un crédito de varios millones a Sharif Menem, con un ingreso estimado de $2 millones? ¿O cómo se evaluó el riesgo de cobro de una diputada que posee varios conflictos con la ley penal?”, cuestionó.
En esa línea, insistió: “Resulta evidente que, desde el punto de vista de los funcionarios públicos, los beneficiarios se hicieron de una acreencia financiera que no se condecía con su perfil patrimonial o ingresos reales”.

Por su parte, algunos de los implicados salieron a responder públicamente. El diputado tucumano Mariano Campero aseguró: “No recibí ningún beneficio político. Asumí una deuda para darle una casa a mi familia”, y sostuvo además que la polémica es “alentada por el peronismo”.

En tanto, el legislador santafesino Alejandro Bongiovanni también rechazó las acusaciones y afirmó en redes sociales: “Es falso que tomé una deuda hipotecaria con tasas o plazos diferentes o preferenciales a las generales”.
La denuncia ahora quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar si existieron irregularidades en el otorgamiento de los créditos y si hubo trato preferencial hacia funcionarios y dirigentes políticos.