Demora que agrede la dignidad

Profesionales que atienden la problemática de la discapacidad y familiares de los afectados, volvieron esta semana a movilizarse para exigir la implementación de la ley que impulsa una mejora en las pensiones y en los aranceles.

"La ley de Emergencia y Discapacidad sancionada por el Congreso continúa sin una implementación efectiva debido a una reglamentación restrictiva que limita su espíritu y anula sentido de urgencia", se denunció.

Bajo el concepto de que "sin Estado no hay derechos, sin derechos no hay democracia y la Emergencia en Discapacidad es democracia", se planteó el cese de actividades y las marchas que se repitieron en muchas ciudades del país. Calificaron a la decisión de no reglamentar la ley como un elemento más del “genocidio por goteo” puesto que -de acuerdo con lo que se expresó- se trata de una forma “silenciosa de exclusión que erosiona la dignidad, la autonomía y derecho a existir en condiciones de igualdad".

En verdad, más allá de posturas ideológicas o partidarias, la demora en la aplicación de la ley de discapacidad vulnera la función misma del Estado. Porque esta problemática excede lo administrativo o presupuestario. Si hay que recortar, no puede ser el eslabón social más débil el que se vea afectado de modo directo. Esto ataca la dignidad y la calidad de vida de miles de personas y de quienes trabajan en su atención.

Aunque sea un eslogan repetido hasta el hartazgo y casi nunca cumplido en las últimas décadas, no deja de tener vigencia el hecho de que debe garantizarse la protección a los sectores más vulnerables. Incluso admitiendo que en el pasado reciente hubo excesos en el otorgamiento de certificados de discapacidad o situaciones vinculadas con prácticas corruptas, es preciso sostener que la accesibilidad, la inclusión educativa y laboral, y el acompañamiento terapéutico son derechos consagrados, no beneficios de otorgamiento discrecional.

Más allá de cualquier interpretación sobre situaciones políticas, cumplir la ley es la obligación de cualquier ciudadano. Si es gobernante, más aún. Porque no puede ser que ignore las normas quien tiene la misión de hacerla cumplir. Así le ha ido al país por no hacerlo. Por la anomia histórica que nos ha traído hasta esta realidad. Sostener el valor de la ley importa y mucho, para devolver racionalidad al presente.

En las esferas gubernamentales debe comprenderse de modo urgente que el compromiso con la discapacidad es el termómetro de la catadura moral de una sociedad. Cualquier comunidad que desatienda a quienes más necesitan apoyo debilita las bases de la convivencia y termina afectando valores centrales como la justicia, la solidaridad y la empatía.

En este sentido, en mayo pasado, cuando se abordó la problemática puntual del Centro de Día de Apadim en nuestra ciudad, se expresaron similares conceptos en esta columna. Repetirlos resulta pertinente frente a la postura cerrada de quien solo ve números y no personas: “Ningún argumento político o económico puede justificar la omisión de medidas que tiendan a la protección de este colectivo social.  El compromiso con la discapacidad debe ser constante y transversal. Porque es la verdadera prueba de humanidad para cualquier sociedad”.