Demora en el escrutinio: determinar las responsabilidades

Luego de la agitada noche de la jornada electoral que vivió la provincia el pasado domingo, se supo que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba dispuso iniciar una investigación para establecer eventuales responsabilidades en las demoras detectadas en el desarrollo del escrutinio provisorio por parte de la empresa contratada para realizar el escrutinio provisorio. Como se conoce, hasta altas horas de la madrugada reinó la incertidumbre respecto del resultado final de la elección para gobernador, debido a que la marcha del conteo de votos quedó virtualmente paralizada debido -según se admitió- a problemas técnicos que obligaron -en algunos casos- a detener la carga de los datos que llegaban de las escuelas.

Resulta inaudito en estos tiempos que el sistema para efectuar esta sensible tarea no funcione como corresponde. Porque no puede admitirse que este problema se haya dado en Córdoba, provincia pionera en la industria del conocimiento y la aplicación de la tecnología más avanzada. Porque no son aceptables algunos argumentos que intentaron explicar el retraso y solo consiguieron crear la sensación de que no hubo prácticas suficientes ni mecanismos aceitados para sortear las posibles dificultades: improvisación le dicen a esto.

En el mismo sentido, dolorosa es la constatación de que el sistema denominado Turing presentó demoras en 3 de cada 10 establecimientos educacionales de la provincia. Y que esta situación se debió a la "falta de conectividad", por lo que debió recurrirse al modo de conteo "tradicional". Aviso para las nuevas autoridades de la provincia: a esta altura de los tiempos no puede haber política educativa exitosa si no se cumplen requisitos que son centrales a la hora del análisis. Uno de ellos, es la necesidad de que todas las escuelas posean conectividad. Así queda trunco el acceso a la información, insumo esencial de este tiempo. Y, con ello, la adquisición de las habilidades, hoy centrales, de procesamiento, análisis y transmisión de información.

Pero, además, porque las consecuencias políticas de la lentitud evidenciada pudieron ser mucho más serias. Que no se conozca el resultado final de las urnas es un problema espinoso en cualquier elección. Más aún si los números son ajustados, pues la tensión se eleva y las reacciones se tornan imprevisibles. Por fortuna, la prudencia de los principales dirigentes evitó que las aguas derivaran hacia situaciones más graves.

La decisión del Tribunal Superior de investigar las responsabilidades por las demoras inauditas que se produjeron en el domingo de elecciones es la correcta. La ciudadanía, no solo los involucrados en la "pelea" por la gobernación, tiene que exigir que se esclarezca lo sucedido. Porque no se duda de que está protegida la seguridad y transparencia de los datos provenientes de cada una de las mesas de votación. Pero esa misma seguridad y transparencia debe trasladarse a la explicación de los problemas suscitados, que podrían haber originado circunstancias penosas en una jornada electoral que había transcurrido con normalidad.