Violencia de género
De los 204 femicidios que ocurrieron en el país en 2025, 10 casos se produjeron en Córdoba
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El Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina indica una disminución en el total de víctimas directas en la provincia de Córdoba respecto al periodo anterior, con una tasa de incidencia inferior al promedio nacional.
La Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) publicó la edición 2025 del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), en el que resalta una incidencia levemente inferior en Córdoba en relación con las tasas de ocurrencia de estos crímenes de género en el país.
Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, la provincia de Córdoba registró un total de 10 víctimas directas de delitos tipificados como femicidio por la Justicia. Esta cifra representa una reducción en comparación con los datos de 2024, año en el cual se habían contabilizado 17 víctimas en la jurisdicción, lo que implica un descenso de 7 casos.
En términos de incidencia poblacional, la tasa de víctimas directas de femicidio cada 100.000 mujeres en Córdoba fue de 0,50 durante 2025 . Este indicador sitúa a la provincia por debajo de la media nacional y refleja que se produjo un femicidio directo cada 201.172 mujeres en el territorio cordobés.
Según el informe, "los datos que se informan responden al estado de avance de las causas judiciales al 31 diciembre de 2025". Esto significa que casos en curso o en investigación no cerrados a esa fecha pueden modificar la cuenta final.
Un dato específico sobre la dinámica de los hechos en Córdoba es la identificación de víctimas desaparecidas. El registro señala que 4 víctimas estuvieron desaparecidas antes del hallazgo de sus cuerpos o la judicialización de la causa, de un total de 31 casos de desaparición registrados a nivel nacional en este periodo.
Asimismo, en lo que respecta al perfil de los sujetos activos, en Córdoba se informaron 2 casos cometidos por integrantes de fuerzas de seguridad, específicamente pertenecientes a la seguridad privada y en situación de actividad al momento del hecho.
Córdoba en el contexto nacional
Al relacionar los datos provinciales con el total país, se observa que Córdoba aportó el 5% de las 200 víctimas directas de femicidio registradas en Argentina durante 2025.
A nivel federal, se iniciaron 204 causas judiciales por violencia de género letal: 191 por femicidios directos y 13 exclusivamente por femicidios vinculados.
La tasa nacional de femicidios se estableció en 0,85 cada 100.000 mujeres, valor superior al 0,50 registrado en la jurisdicción cordobesa. El informe de la OM-CSJN destaca que, a nivel país, se produjo una víctima directa de femicidio cada 44 horas.
En la distribución territorial, la provincia de Buenos Aires concentró la mayor cantidad absoluta con 78 víctimas, mientras que las tasas más elevadas por cada 100.000 mujeres se localizaron en Chaco (1,80), Misiones (1,77) y Neuquén (1,69).
El análisis longitudinal (2017-2025) muestra una tendencia general a la baja en Argentina. "Si se toma el período completo (2017-2025), hubo una caída del 20,6%, ya que pasó de 252 víctimas directas de femicidio registrado en 2017 a 200 víctimas en 2025".
Córdoba es mencionada como una de las jurisdicciones que, junto a Buenos Aires, Salta y Entre Ríos, contribuyó a la reducción neta de casos entre 2024 y 2025.
Metodología y marco legal
La elaboración de estos registros por parte de la OM-CSJN se basa en criterios metodológicos establecidos en un protocolo específico que revisa un universo amplio de causas judiciales.
El informe aclara que se parte de la "hipótesis inicial de femicidio" para incluir hechos donde no se pudo descartar la motivación de género según el avance de la investigación.
El registro emplea el concepto de femicidio de la Ley Modelo de MESECVI, el cual define la violencia letal motivada por el género.
En cuanto a las imputaciones, el 67% de las causas a nivel nacional incluyeron la agravante del artículo 80, inciso 11 del Código Penal de la Nación, referida al homicidio de una mujer perpetrado por un hombre mediando violencia de género. En otros casos, se aplicaron agravantes por el vínculo (inciso 1) u odio de género (inciso 4).
Perfil nacional de víctimas y sujetos activos
Aunque el eje del análisis es Córdoba, el informe nacional proporciona datos descriptivos que contextualizan la realidad de las víctimas en todo el territorio.
El promedio de edad de las 200 víctimas directas fue de 40,8 años, siendo el grupo de 25 a 34 años el más afectado. El 98% eran mujeres cis y el 2% mujeres trans o travestis.
En cuanto al vínculo, en el 83% de los casos existía un conocimiento previo entre la víctima y el sujeto activo.
El 59% de los vínculos correspondía a parejas, ex parejas o relaciones sexo-afectivas.
Además, en el 44% de los vínculos analizados se registraron antecedentes de violencia de género, ya sea por denuncia formal o por otros medios.
Sobre los sujetos activos, el promedio de edad fue de 38,4 años. El informe destaca una preocupación estadística: "Al menos 20 sujetos activos (9,5%) pertenecían o habían pertenecido a distintas fuerzas de seguridad, lo que marca la segunda proporción más elevada desde su primer relevamiento en 2017". De estos sujetos, 10 utilizaron armas de fuego reglamentarias para cometer el femicidio.
Estado de las causas judiciales
Al cierre del registro el 31 de diciembre de 2025, el 62% de las causas judiciales en el país se encontraban en etapa de investigación y el 17% en etapa de juicio.
En el caso de Córdoba, se notificó que una de sus causas se encuentra bajo seguimiento del "Observatorio de causas y sentencias del RNFJA", lo que podría derivar en su inclusión en futuras actualizaciones rectificadas del registro.
El informe concluye que, si bien se observa una tendencia descendente en la cantidad de víctimas directas tanto en Córdoba como a nivel nacional, la violencia de género persiste como un fenómeno estructural. La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema subraya que estos datos son fundamentales para el diseño de políticas públicas y el seguimiento de la respuesta judicial ante hechos de violencia extrema.
