Cristina Kirchner vuelve a la carga con su planteo ante la ONU para ser candidata
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Su nuevos abogados darán hoy una conferencia de prensa. Buscan que pueda ser candidata a pesar de la condena.
La defensa de Cristina Kirchner con su nuevos abogados Rafael Valim y Javier Borrego y su histórico defensor Carlos Beraldi anunciará este miércoles novedades en el expediente que iniciaron ante el Comite de Derechos Humanos de la ONU para intentar anular la condena de la ex presidenta.
Pese al esfuerzo de sus abogados, lo cierto es que el organismo de la ONU no se contempla como “una cuarta instancia de apelación”, según fuentes judiciales. La palabra final en el país la tiene la Corte Suprema que ya ratificó la condena a seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
La defensa de Cristina presentó el 29 de julio pasado un reclamo por su situación procesal ante la ONU. Entre sus principales argumentos volvió a reiterar que la causa Vialidad, donde está condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, responde a una “persecución política". Su nueva defensa busca que la ex presidenta pueda ser candidata a pesar de la condena que la inhabilita.
Cristina argumenta que la pena busca su “proscripción perpetua” para ‘excluirla de la vida política y limitar la oferta electoral, siendo esta la ‘pena principal’ e impidiéndole al pueblo elegir libremente”.
La presentación realizada por la defensa se realizó un año después desde que la Corte Suprema confirmó el fallo de Vialidad. Por delante le quedan aún cinco años para cumplir la totalidad de la pena.
¿Puede la expresidenta revertir su situación procesal yendo ante la ONU? La jurisprudencia -indicó una alta fuente judicial- refiere al fallo Fontevecchia: “la Corte Suprema es la última palabra en la Argentina sobre la Constitución Nacional’.
Una fuente judicial brindó un ejemplo concreto: “En la dictadura, por ejemplo, lo que decía el Comité de la ONU tenía un valor real y jurídico, porque no había Estado de derecho”.
Otra mirada se suma al análisis de la situación: “La situación de Cristina Kirchner pasó por todas las instancias; pasaron casi 20 jueces por este expediente”.
Efectivamente, en el caso Vialidad intervinieron en diversas instancias más de 16 funcionarios judiciales que coincidieron en avalar la existencia de la maniobra delictiva que se construyó a través de las 51 licitaciones viales adjudicadas a Lázaro Báez (ex socio comercial de Cristina Kirchner).
Cristina descree del proceso jurídico. En su presentación ante la ONU insiste en que fue víctima de una “violación de garantías judiciales e instrumentalización del Sistema Penal (Lawfare)”. Cuando el TOF 2 dictó sentencia, desarmó la tesis del lawfare y explicó que a lo largo del juicio se expusieron los elementos de pruebas que daban sustento a la acusación de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Sobre ese argumento sobre el cual elaboró a lo largo del proceso judicial su defensa, un juez de Comodoro Py señaló: “Entre primera instancia, Cámara de Apelaciones, Cámara de Casación y la Corte Suprema de Justicia, intervinieron 17 jueces, camaristas, ministros y fiscales, es difícil pensar una conspiración de tantos”.
Un magistrado con larga trayectoria en los Tribunales de Retiro brindó a Clarín su mirada sobre la estrategia de la ex Presidenta de acudir ante la ONU con su reclamo. “Los dictámenes de tribunales internacionales no son vinculantes para el ordenamiento interno. Lo dijo la Corte Suprema nacional en reiteradas oportunidades, en el caso Fontevecchia entre otros. Muy excepcionalmente tuvo alguna entidad, cuando la violación a la garantía constitucional era palmaria”.
Con este león de fondo, los abogados de Cristina Kirchner señalaron que tienen “información relevante” sobre la presentación interpuesta hace un mes en el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
¿Qué es el Comité al que acude CFK?
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es el órgano de expertos independientes que “supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) por parte de los Estados que lo han ratificado”.
A diferencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (que es un cuerpo político integrado por representantes de Gobiernos), el Comité “está formado por 18 expertos de reconocido prestigio en materia de derechos humanos que actúan a título personal y no en representación de sus países”.
Entre las principales funciones del Comité se encuentran las comunicaciones o denuncias individuales, como realizó Cristina Kirchner. En tal caso, el Consejo evalúa denuncias en las que se reclaman supuestas violaciones a sus derechos civiles y políticos: como el debido proceso, la libertad de expresión, la igualdad ante la ley o los derechos políticos, a manos de un Estado.”
Las decisiones del Comité sobre casos individuales “no son dictámenes o sentencias ejecutables de forma directa como las de un tribunal penal local o una corte internacional (como la Corte Interamericana de Derechos Humanos)”, que en tal caso, remarca otro magistrado “tampoco son vinculantes para el sistema jurídico de la Argentina”, coinciden en Comodoro Py.
