Pami: crisis que golpea a los más vulnerables

El conflicto suscitado por las nuevas disposiciones del Pami respecto de los honorarios de los médicos prestadores tiene impacto directo en millones de jubilados y pensionados. Así, un adulto mayor que ya se ve agobiado por el monto ínfimo que percibe cada mes, pagaría las consultas, además de los medicamentos y otras prestaciones. Con ello, el margen para alcanzar una vida digna se reduce al mínimo.

En efecto, la reciente resolución del ente nacional provoca una reducción de ingresos importante para los médicos de cabecera porque elimina adicionales por atención presencial y fija un monto mensual insuficiente. Según lo que señalaron los voceros del grupo de prestadores, el monto que percibiría un profesional se reduciría a la mitad. Por ello, se adoptaron medidas de fuerza y se advirtió que un jubilado debería abonar 15 mil pesos por cada consulta. En este contexto, la disputa ingresa en terreno sensible, ya que altera de modo concreto el acceso a la salud de uno de los sectores más vulnerables.

Por cierto, debe atenderse el reclamo médico. Sus honorarios actuales no cubren costos ni justifican la continuidad de la prestación. La disposición del Pami solo agravó la situación y derivó en el riesgo de renuncias masivas. A esto se suma el retraso en los pagos a farmacias y clínicas. El reclamo puede sonar a corporativo, pero desnuda la debilidad estructural de un sistema que no brinda condiciones dignas ni para los profesionales ni para los beneficiarios.

La persistencia de estos dilemas expone las fallas de un sistema previsional y sanitario que no protege a los jubilados. Por el contrario, los empuja a situaciones de permanente fragilidad. Ingresos insuficientes y decisiones que trasladan costos a los beneficiarios exigen que éstos tengan la “obligación” de elegir entre atender la salud o cubrir otros gastos básicos. Una disyuntiva que no debería existir en un esquema de protección social porque, directamente, se transforma en una barrera de acceso a las prestaciones de salud.

La cuestión es de alta sensibilidad social y exige una respuesta inmediata. El sistema está tensionado y amenaza con quebrarse si no se actúa con responsabilidad. No hay contradicción entre defender a los jubilados y reclamar que se garanticen honorarios dignos a los médicos. Ambas condiciones son inseparables para que las cosas funcionen. Porque un sistema que paga mal expulsa profesionales y uno que traslada costos al paciente excluye a los más débiles. El desequilibrio no es una opción cuando entran en juego derechos básicos.