Crimen de Fernando Báez Sosa: solicitaron la nulidad de la condena a Lucas Pertossi

Lucas Pertossi, condenado a 15 años de prisión por la muerte de Fernando Báez Sosa, pide un nuevo juicio. Su defensa solicita la nulidad de su condena. Ignacio Nolfi, defensor de Casación, presentó ante la Corte Suprema un recurso para que se anule el proceso y se lo juzgue nuevamente, ante la presunta vulneración de su derecho a la defensa.

La petición ante el máximo tribunal sostiene que el juicio no garantizó un patrocinio técnico independiente para el condenado y que existió un conflicto de intereses desde el inicio del proceso. En el escrito, la defensa afirma que la estrategia de defensa fue global y no diferenció los roles y riesgos individuales de cada imputado.

Según la presentación, la decisión de representar con una sola estrategia perjudicó a Pertossi porque impidió mostrar que su situación fáctica era distinta de la de los acusados más comprometidos en la causa por el homicidio ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell.

“El planteo se centra en la vulneración estructural del derecho de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional), derivada de la existencia de intereses contrapuestos entre los imputados y la persistencia de una defensa técnica común e indiferenciada durante todas las etapas del proceso”, dijo Ignacio Nolfi, defensor de Casación de la Provincia de Buenos Aires.

Las siete razones que enumera la defensa

En el recurso, Nolfi y su equipo detallaron siete motivos por los que Piden la anulación y la realización de un nuevo juicio con asesoramiento técnico diferenciado para Pertossi.

1. Primero, plantean la existencia de intereses contrapuestos: al haber sido representado por el mismo letrado que defendió a condenados a prisión perpetua, la defensa sostiene que no se pudo poner de manifiesto la diferencia en la situación fáctica del ahora condenado.
2. Segundo, critican el sacrificio de la defensa individual: la estrategia procesal se basó en figuras legales que, según la presentación, beneficiaron a los acusados con mayor grado de compromiso y perjudicaron al joven al impedir distinguir su conducta de la de los demás.
3. Tercero, la defensa denunció la limitación del derecho a declarar: por consejo de su anterior abogado, el imputado no habría podido ofrecer una versión completa de los hechos, lo que, según la defensa, restringió su derecho de defensa material.
4. Cuarto, se aduce ausencia de evidencia física contra Pertossi: la presentación señala que no se encontró ADN ni rastros de sangre de la víctima en sus prendas o manos.
5. Quinto, la defensa afirma la ajenidad del ataque mortal: según el escrito, el condenado no tuvo contacto físico con la víctima antes, durante ni después de la agresión que terminó con la vida de Fernando Báez Sosa.
6. Sexto, se describe un rol secundario y periférico: la defensa sostiene que la intervención del acusado se limitó inicialmente a filmar y a un incidente menor con un tercero que no era la víctima, lo cual, según la argumentación, resulta incompatible con un plan de matar.
7. Séptimo, se plantea la desvinculación temporal y espacial: el recurso afirma que las cámaras, según el análisis de la defensa, muestran que Pertossi se retiró del lugar antes de que concluyera la agresión mortal.

El escrito añade además que la defensa técnica común habría implicado la desestimación de testimonios potencialmente favorables para Pertossi pero que podían comprometer a otros acusados, lo que refuerza, según la presentación, la hipótesis de una defensa condicionada por intereses contrapuestos.

“Que se declare la nulidad desde el momento en que la defensa devino ineficaz, se deje sin efecto la condena impuesta a Lucas Pertossi y se disponga la realización de un nuevo juicio con garantía de defensa técnica independiente y diferenciada”, dijo Ignacio Nolfi, defensor de Casación de la Provincia de Buenos Aires.

Contexto procesal y antecedentes de la condena

Pertossi fue uno de los ocho jóvenes condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell; en el fallo que se impugna recibió una pena de 15 años de prisión. La presentación ante la Corte Suprema surge tras un estudio integral de la causa principal, sus agregados y las actuaciones en todas las instancias recursivas, según indica el mismo escrito.

La defensa remarca que la propia sentencia, según su lectura, reconoció que el imputado no fue observado golpeando a la víctima, que no tuvo contacto físico con ella y que actuó “en un foco distinto del enfrentamiento”, puntos que, sostiene la presentación, fueron incompatibles con la estrategia de defensa común aplicada durante el juicio.

Qué pide la defensa y qué implica para la causa

Como remedio procesal, la presentación solicita que la Corte Suprema declare la nulidad desde el momento en que la defensa se volvió ineficaz, deje sin efecto la condena de 15 años y ordene la realización de un nuevo juicio con garantía de asistencia técnica autónoma y diferenciada para el acusado.

El pedido busca que se reconozca una situación de indefensión manifiesta vinculada al patrocinio técnico y a la defensa indistinta que, según la argumentación, condicionó la producción de pruebas y las decisiones estratégicas adoptadas en el proceso.

La presentación fue publicada y reseñada por medios que dan cuenta de los detalles del recurso y de los fundamentos que lo sostienen, y ahora la causa quedará a evaluación del máximo tribunal, que deberá decidir si admite el trámite y, en su caso, qué efectos procesales corresponderá ordenar.

En términos concretos, la solicitud plantea un doble objetivo: anular una sentencia que impuso una pena de 15 años y asegurar que, en una eventual nueva instancia, el imputado cuente con una defensa técnica efectiva y autónoma que permita diferenciar su rol dentro del hecho.