Córdoba podrá administrar peajes en rutas nacionales: claves del decreto y sus alcances

El Gobierno nacional habilitó a Córdoba a asumir la gestión de peajes y el mantenimiento de rutas nacionales que atraviesan su territorio, en el marco de un esquema de descentralización que también alcanza a otras ocho provincias. La medida quedó formalizada a través del Decreto 253/2026, publicado en el Boletín Oficial, y abre la puerta a nuevas concesiones de obra pública bajo control provincial.

El régimen permitirá que la Provincia licite tramos viales y otorgue concesiones a empresas privadas, mixtas o entes públicos, financiadas mediante el cobro de peajes. Según el texto oficial, el objetivo es “descentralizar las funciones operativas y permitir que los gobiernos locales gestionen la infraestructura vial de forma directa”.

Sin embargo, el alcance de la medida tiene límites precisos. El decreto establece que la delegación es de carácter “funcional, limitado, temporal y revocable”, y aclara que “no implicará en ningún caso la transferencia de la titularidad del dominio público ni de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados”. Es decir, las rutas seguirán siendo propiedad del Estado nacional.

En Córdoba, la decisión impacta potencialmente sobre corredores clave como las rutas nacionales 19 y 158, aunque todavía no se definieron los tramos específicos que podrían concesionarse. Desde el Gobierno provincial no hubo pronunciamientos inmediatos, mientras que intendentes de localidades atravesadas por estas vías, consultados por LA VOZ DE SAN JUSTO, evitaron fijar postura hasta conocer los detalles de la normativa.

En ese contexto, el gobernador Martín Llaryora reiteró recientemente su visión sobre la infraestructura vial: “Para nosotros las obras no son sólo asfalto y números, sino que tienen un sentido más profundo: promover el desarrollo, el arraigo, la conectividad y más oportunidades en cada punto de nuestra Córdoba”.

Alcances y condiciones

Para que la Provincia pueda avanzar, deberá firmar convenios individuales con la Dirección Nacional de Vialidad. En esos acuerdos se definirán los tramos a transferir, los planes de obra y los mecanismos de control.

El decreto fija además un límite temporal para las concesiones: “en ningún caso podrá exceder de 30 años contados desde su aprobación”. También establece una condición clave: si Córdoba no convoca a licitación dentro del plazo de un año desde la firma del convenio, la delegación “quedará automáticamente sin efecto”.

En materia financiera, la normativa impone restricciones estrictas. “Los fondos obtenidos por la explotación de los peajes no podrán ser afectados a la construcción o conservación de otros tramos u otras obras”, señala el texto, que exige además respetar criterios de “publicidad, concurrencia, transparencia, razonabilidad tarifaria y equilibrio económico-financiero”.

Otro punto relevante es que los tramos no podrán integrarse en corredores con rutas de otras jurisdicciones, lo que obliga a una gestión estrictamente provincial de cada segmento asignado.

Control y marco legal

El Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación, mientras que la Dirección Nacional de Vialidad tendrá a su cargo la supervisión de los contratos. A su vez, cualquier convenio deberá contar con la aprobación de la Secretaría de Transporte.

La medida se enmarca en la Ley 27.742 de reorganización administrativa, junto con la Ley 17.520 de concesión de obra pública y el Decreto-Ley 505/58 del sistema troncal vial.

El esquema también contempla que, ante la finalización o caída de una concesión, la gestión del tramo volverá automáticamente al Estado nacional. Además, la Provincia deberá asumir la responsabilidad ante eventuales reclamos judiciales, manteniendo “indemne al Estado nacional”.

Con este nuevo marco, el Gobierno busca fortalecer el federalismo operativo en materia de infraestructura, otorgando a Córdoba mayor protagonismo en la gestión de rutas estratégicas, aunque bajo reglas estrictas y con plazos definidos.