Obra pública
Córdoba, la más afectada por el cierre de Vialidad: reclama el traspaso de rutas clave
La disolución de Vialidad Nacional dejó al menos 118 rutas sin mantenimiento en la provincia; el gobierno provincial exige el traspaso de la 35 en mal estado y advierte por “rutas de la muerte”.
La reciente disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) ha generado impacto directo en Córdoba, que se encuentra entre las jurisdicciones más afectadas por la decisión del Ejecutivo nacional. El cierre de ese organismo, oficializado a través del Decreto 461/2025, y la consecuente transferencia de funciones al Ministerio de Economía y un nuevo ente regulador, dejaron a Córdoba sin asistencia técnica permanente en al menos 118 rutas nacionales.
La provincia no tardó en responder. Tras haber reclamado mejoras y el traspaso de la ruta 158, que conecta San Francisco con Río Cuarto, ahora exige que se haga lo mismo con la ruta 35, que une Córdoba con La Pampa y presenta “un estado de deterioro avanzado”. “Si la Nación no la arregla, nosotros nos haremos cargo de ella”, advirtió el gobernador Martín Llaryora.
En un reciente comunicado conjunto, el gobierno provincial señaló que “las rutas unen los pueblos, la producción y también la cultura. Pero cuando se empiezan a romper pasan de esperanza a tragedia”. Añadieron que los tramos de la 35 son “intransitables” y que las condiciones actuales representan un riesgo creciente para quienes las transitan.
Los gremios viales respaldan esta evaluación, recordando que Córdoba tiene una de las tasas más altas de siniestralidad en el país. Además de los riesgos para la seguridad vial, la falta de mantenimiento afecta el transporte de la producción agropecuaria y la logística regional.
El cierre de Vialidad no sólo implica el abandono físico de las rutas, sino la pérdida de capacidad técnica y operativa en el territorio. Hasta ahora, las oficinas locales del organismo fueron clave para gestionar obras, bacheo y señalización. “Con esta medida, Córdoba pierde no sólo infraestructura: pierde capacidad de fiscalización, planificación territorial y respuesta inmediata en caso de emergencias”, explicó una fuente del gobierno provincia.
En cuanto a la ruta 35, recorre zonas rurales donde cada hoyo se convierte en un peligro para transporte y productores. El pedido provincial exige que la Nación transfiera esa vía bajo la misma lógica aplicada con la 158, incluida en un proyecto de autopista que quedó frenado.
.Este caso pone en evidencia el conflicto entre las políticas nacionales y las demandas regionales por infraestructura. Mientras el gobierno nacional defiende el cierre de Vialidad con un discurso de ahorro y lucha contra la “corrupción” en la obra pública, las provincias alertan sobre las consecuencias inmediatas de cortar la gestión y el mantenimiento estatal de rutas. Mientras tanto, ada kilómetro sin asfalto o señalización representa un riesgo latente para miles de conductores, productores y comunidades que están pidiendo que “los caminos no pasen de esperanza a tragedia”.
