Córdoba aprobará la adecuación de la ley Penal Juvenil al nuevo régimen nacional
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La Unicameral trata el proyecto que modificar la normativa 11.035 para incorporar las disposiciones del Régimen Penal Juvenil nacional, el que regirá desde el miércoles 9. Desde los 14 años, la responsabilidad penal. Se aprobará este miércoles.
Legisladores provinciales se reunieron esta martes en comisión para tratar los cambios que deberá realizar Córdoba en su Ley Procesal Penal Juvenil ante la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil nacional. La principal modificación será la incorporación de los adolescentes desde los 14 años al sistema de responsabilidad penal. Se aprobará este miércoles en la Unicameral.
La Legislatura de Córdoba comenzó ya desde hace algunas semanas a analizar las modificaciones que deberá introducir en la legislación provincial para adecuarla al nuevo Régimen Penal Juvenil establecido por la Nación. Por lo que este martes participaron en una reunión conjunta de las comisiones de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia; y Seguridad la secretaria General de Salud y Desarrollo Humano provincial, Liliana Montero.
El debate que se dará ya en el recinto se concentrará principalmente en el expediente 47297/L/26 presentado por los legisladores justicialistas Doris Mansilla, Julieta Rinaldi, Stella Peralta y Luciana Presas; el socialista Matías Chamorro y los radicales Mauricio Jaimes y Brenda Austin que propone modificar y derogar artículos de la Ley provincial 11.035 de Procedimiento Penal Juvenil.
La necesidad de reformar la normativa cordobesa surge a partir de la sanción de la Ley Nacional 27.801, que establece un esquema de responsabilidad penal para adolescentes de entre 14 y 18 años y que entrará en vigencia el próximo 9.
Qué establece actualmente la ley de Córdoba
La Ley 11.035 regula actualmente en la provincia el procedimiento aplicable a adolescentes involucrados en causas penales y establece la intervención de organismos judiciales especializados.
El sistema provincial contempla la actuación de jueces, fiscales y defensores especializados en materia penal juvenil, además de medidas destinadas al abordaje integral de los adolescentes que atraviesan un proceso judicial.
La normativa también prevé medidas socioeducativas, mecanismos de justicia restaurativa y distintas alternativas de intervención que buscan evitar que la privación de la libertad sea la respuesta principal ante un conflicto con la ley penal.
Dentro de ese esquema se consideran aspectos vinculados con la educación, la situación familiar y social del adolescente y su acompañamiento durante el proceso.
Sin embargo, el marco provincial fue aprobado bajo un régimen nacional diferente al que comenzará a regir en septiembre. Por ese motivo, la Legislatura debe revisar ahora distintos artículos para compatibilizar el procedimiento cordobés con las nuevas disposiciones nacionales.
Qué cambia con la nueva ley nacional
Uno de los principales cambios de la Ley 27.801 es la edad de responsabilidad penal juvenil.
El nuevo régimen establece que podrán quedar alcanzados por un proceso penal los adolescentes desde los 14 años, mientras que hasta ahora el régimen nacional vigente fijaba el límite de punibilidad en los 16 años.
Este cambio obliga a las provincias a adaptar sus procedimientos judiciales y administrativos para atender causas que involucren a adolescentes de 14 y 15 años dentro de un sistema penal especializado.
La legislación nacional establece, además, que el proceso debe tener un enfoque orientado a que el adolescente comprenda las consecuencias de sus actos y favorezca su educación, resocialización e integración social.
También contempla sanciones y medidas alternativas a la prisión, entre ellas programas educativos, tareas comunitarias, tratamientos, restricciones y mecanismos de supervisión.
La privación de la libertad, como último recurso
Otro de los principios del nuevo régimen es que la privación de la libertad deberá aplicarse de manera excepcional.
El encierro, tanto preventivo como en cumplimiento de una pena, deberá ser utilizado como último recurso y durante el menor tiempo posible, de acuerdo con los principios internacionales de protección de los derechos de niños y adolescentes.
Además, deberán garantizarse condiciones vinculadas con la educación, atención sanitaria y psicológica, capacitación y actividades destinadas a favorecer la posterior reinserción social.
Equipos especializados
La nueva legislación también refuerza la intervención de equipos interdisciplinarios durante el proceso penal juvenil.
Profesionales de áreas como psicología, trabajo social, educación y otras disciplinas tendrán participación en el seguimiento y evaluación de los adolescentes.
El objetivo es que las decisiones judiciales no contemplen únicamente el delito cometido, sino también las condiciones personales, familiares, educativas y sociales de cada adolescente.
El desafío para Córdoba
Con la entrada en vigencia del régimen nacional prevista para septiembre, Córdoba deberá definir ahora cómo incorporará esas disposiciones a su estructura judicial.
El proyecto que comenzó a discutirse este miércoles apunta precisamente a realizar esa adecuación, modificando los artículos de la Ley 11.035 que resulten incompatibles con la legislación nacional.
