Política
Conflicto por la Caja de Jubilaciones: Córdoba logró un alivio, pero la disputa con la Nación sigue abierta
Tras años de reclamos, Córdoba comenzó a recibir fondos nacionales por su Caja de Jubilaciones. El reciente aumento del 84% en los haberes mínimos reavivó el debate y evidenció una historia de desencuentros que se arrastra desde la década del 90.
El gobernador Martín Llaryora anunció un aumento del 84,21% en las jubilaciones mínimas de Córdoba, que pasarán a $700.000, y un bono bimestral de $100.000 para quienes cobran hasta $1.300.000. Dijo que lo hará con los fondos que comenzó a recibir de la Nación, luego del acuerdo alcanzado ante la Corte Suprema por la deuda previsional que mantenían con la provincia.
El anuncio se da en medio de la tensión que mantiene Javier Milei con los gobernadores, luego de que los mandatarios provinciales respaldaran la aprobación en el Congreso del aumento de las jubilaciones. El Presidente sostiene que éstas iniciativas van en contra del superávit fiscal conseguido y se prepara para vetarlas en las próximas horas.
Recordemos que en abril de este año, Llaryora había encabezado la delegación de funcionarios cordobeses que participó en la primera audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia para destrabar el conflicto con la Nación por los fondos de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Según indicaba entonces el mandatario cordobés, la deuda ronda el billón de pesos y la provincia no recibía fondos de la Nación desde hacía 15 meses. Llaryora había sido enfático al señalar la gravedad institucional del conflicto. "Siempre hubo discusiones de fondos. De hecho, la Corte ya ha fallado muchas veces. Soy el tercer gobernador que viene a defender los derechos de los cordobeses a la Corte Suprema, con fallos preexistentes", afirmó.
En su presentación, Llaryora sostuvo que es el tercer gobernador de la provincia de Córdoba en reclamar lo mismo que antes hicieron José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, con un planteo similar.
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Un larga historia
El conflicto por la Caja de Jubilaciones de Córdoba tuvo su origen en una disposición del gobierno de Carlos Menem que, en 1994 estableció la posibilidad de que las provincias cedan sus cajas previsionales a la Nación. Entre 1994 y 1997, 10 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transfirieron a Anses sus cajas previsionales de empleados públicos: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.
Mientras que otras 13 provincias continuaron con regímenes previsionales propios para los empleados de sus administraciones públicas: Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.
Vale señalar aquí que Córdoba ya contaba con una ley propia que establecía el régimen previsional. Había sido sancionada en 1990, cumpliendo la orden emanada de la Constitución Provincial reformada en 1986. Aquella norma jubilatoria establecía el pago del 82% móvil para todos los haberes de la clase pasiva.
La crisis derivada de la renuncia del gobernador Angeloz en 1995 provocó serias heridas en la Caja de Jubilaciones. Al asumir el máximo cargo provincial Ramón Mestre, se dictó el decreto 1777 que recalculó el 82% móvil y redujo los montos al 67%. Hubo varios planteos judiciales para oponerse a la medida, aunque finalmente el Tribunal Superior de Justicia convalidó aquella disposición. Pero en 2007, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo caer el decreto y restituyó la ley de 1990, con lo que los haberes jubilatorios volvieron a calcularse con el 82% móvil.
Varios años antes, en 2001, un régimen de pasividades anticipadas aprobado en 2001, ya durante el gobierno de José Manuel de la Sota, sumó una gran cantidad de jubilados al sistema previsional cordobés. Recién en 2002, con Eduardo Duhalde como presidente, se firmó entre la provincia y el Anses el convenio de armonización por el que la Nación debe remitir fondos a la Caja de Jubilaciones de la provincia en compensación por cesiones impositivas que hizo Córdoba para sostener al instituto previsional nacional.
El convenio, está a la vista, fue incumplido en reiteradas oportunidades por los distintos gobiernos nacionales. Ningún gobierno nacional cumplió en tiempo y forma, situación que originó los reclamos que todavía persisten. Ni siquiera cesó cuando, en 2008, se reformó la ley jubilatoria provincial para armonizar el sistema con el de la Nación.
La deuda fue acumulándose con el paso de los años y el déficit de la Caja continuó. En 2011, según publicaciones periodísticas, la Nación no envió ninguno de los recursos comprometidos, hecho que puede parangonarse con la actual inacción de la administración del presidente Milei.
Fue así que, en 2012, el déficit de la Caja obligó a que el gobernador De la Sota impulsara la sanción de la Ley 10078, que disponía que los jubilados pasen a cobrar los aumentos 180 días después que lo cobren los activos y otorgaba al Poder Ejecutivo la facultad de modificar aportes y contribuciones. La decisión fue sorpresiva. El proyecto se aprobó pocas horas después de su ingreso a la Legislatura y derivó en varios conflictos entre el gobierno provincial y los sindicatos de empleados estatales.
Mientras los incumplimientos de la Nación continuaron invariablemente a lo largo del tiempo, durante la cuarentena por el Covid 19, la Legislatura volvió a reformar la ley previsional. Entre los aspectos más destacados de esa nueva modificación se establece que, para los nuevos jubilados y pensionados, se armoniza con la Nación el período que se toma de base para calcular el haber inicial, extendiendo de 48 a 120 las remuneraciones actualizadas consideradas a tal fin. Para pensiones, se baja el monto como el equivalente al 70% de la jubilación del causante (en lugar del 75% que regía). El diferimiento del cobro de los aumentos a dos meses y el artículo 58 que dispone la retención del 20% de los haberes a los jubilados que tengan otros ingresos son cuestionamientos que vienen efectuando desde hace tiempo los gremios.
En cuanto al reclamo de la provincia contra la Nación por el envío de los fondos que corresponden, el ex gobernador Juan Schiaretti presentó dos demandas (en abril y mayo de 2023) contra la Nación en la Corte Suprema de Justicia. Debieron transcurrir dos años para el que máximo tribunal convoque a las partes para intentar alcanzar un acuerdo.
