Cómo era la presunta maniobra por la que detuvieron al arquitecto Nicolás Paulín
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La causa apunta a planes de pago sin intereses, registros fraudulentos de obras y posibles subvaluaciones que habrían reducido los aportes a la Caja de Previsión de Profesionales de la Construcción. Entre los detenidos también está el titular del Colegio de Ingenieros Especialistas.
La investigación por presunta defraudación por administración fraudulenta en la Caja de Previsión de Profesionales de la Construcción busca determinar cómo se habrían producido las irregularidades en el cálculo y el cobro de los aportes del sector. Entre los detenidos se encuentra el sanfrancisqueño Nicolás Luis Paulín, presidente del Colegio de Arquitectos de Córdoba.
La causa está a cargo del fiscal Enrique Gavier y se inició a partir de una denuncia penal presentada en diciembre de 2025 por Jorge Santecchia, presidente de la Caja de Previsión de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Profesionales de la Construcción, patrocinado por el abogado Miguel Ortiz Pellegrini.
En declaraciones a la prensa, Santecchia explicó que realizó la presentación “basado en que había un sistema de moratorias inversas y relevamiento fraudulento”. Y agregó: “En las moratorias se daban planes de pago sin intereses, se condonaban la totalidad de los intereses y eso perjudicó mucho a la caja”.
El titular de la Caja explicó que la institución recibe recursos por dos vías: los aportes mínimos mensuales y los correspondientes a las tareas profesionales.
“Nosotros tenemos dos tipo de ingresos: ingresos por aportes mínimos que es una cuota mínima mensual y aportes por tareas profesionales”, señaló.
Uno de los ejes de la denuncia apunta a planes de pago que no contemplaban los intereses previstos para las deudas previsionales. “Estaba todo fuera de la ley, tenemos una ley que es la 8470 que establece la forma de cobro de los aportes previsionales y eso no se estaba cumpliendo”, afirmó.
También sostuvo que no se respetaban las disposiciones para cobrar las obligaciones de afiliados activos en mora y los aportes vinculados con las obras.
Otro punto investigado son los denominados relevamientos fraudulentos, relacionados con la forma en que se registraban determinadas construcciones.
“La denuncia arranca con los planes de pago de estas moratorias sin intereses y por relevamiento fraudulentos que son formas de registro de obras”, dijo Santecchia. Según indicó, el mecanismo habría perjudicado a la entidad incluso en construcciones que no eran clandestinas. “En obras que no eran clandestinas, el sistema de aporte se estaba perjudicando a la caja en cifras millonarias”, sostuvo.
La sospecha de subvaluación de obras
La investigación también analiza una posible subvaluación de las construcciones. El sistema establece que los profesionales cobran honorarios calculados sobre el valor de una obra y que, sobre esos honorarios, corresponde un porcentaje para la Caja previsional.
La sospecha es que declarar un valor inferior al real habría reducido los honorarios computados y, en consecuencia, los aportes ingresados al sistema. Sin embargo, Santecchia aclaró que esta línea todavía está bajo análisis: “Con respecto a la subvaluación está en análisis, se está avanzando en la investigación con ese tipo de casos”.
Cinco detenidos y una nueva imputación
La causa avanzó el pasado miércoles con cinco detenciones y allanamientos. Además de Paulín, fueron detenidos Inti Manuel Smith, presidente del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba (CIEC); Carmen Encarnación Rodríguez; Luis Adán Calderón y Liliana Rosa Scaglia, vocal suspendida del Directorio de la Caja de Previsión.
La resolución dispuso las detenciones por el presunto delito de defraudación por administración fraudulenta. A Paulín, Smith, Rodríguez y Calderón se les atribuyen presuntas actuaciones de entorpecimiento desde sus posiciones como autoridades de colegios profesionales. El documento no precisa los cargos individuales de Smith, Rodríguez y Calderón ni identifica a qué instituciones pertenecen.
En el caso de Smith, el fiscal señaló que habría salido de la provincia sin autorización judicial. Sobre Calderón, indicó que habría informado un domicilio que no coincidía con su residencia real. A Scaglia se le atribuyen presuntas interferencias mediante contactos con autoridades, empleados y profesionales vinculados con la Caja y el CIEC.
Además, Gavier imputó a Pablo Antonio Calapiña por presunto encubrimiento y ordenó citarlo, identificarlo y recibirle declaración, sin disponer su detención en esta resolución.
El expediente también menciona a Gustavo Noé Mícolo, Ana Margarita Ruzycki y Diego Peralta, sin nuevas órdenes de detención contra ellos en el decreto. Peralta se desempeñaba como secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Córdoba. En julio pasado fue imputado en la causa y posteriormente solicitó licencia sin goce de sueldo.
La investigación continúa para determinar el alcance de las presuntas irregularidades y las responsabilidades individuales en el eventual perjuicio económico a la entidad previsional.
