Choque político por la licitación de drones para la Policía de Córdoba

La licitación para la compra de 15 drones destinados a la Policía de Córdoba quedó frenada por la mayoría opositora del Tribunal de Cuentas, desatando un cruce político entre el Ejecutivo provincial y el organismo de control. El ministro de Seguridad y el gobernador denunciaron una maniobra contraria a la seguridad mientras la oposición afirma que se trató de un proceso a medida de un proveedor.

La polémica se originó tras la decisión de la mayoría juecista del Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba de rechazar la licitación para adquirir 15 drones, software y capacitación para la nueva división Sistema de Vehículos Aéreos No Tripulados (SVANT), un proyecto anunciado en mayo de 2025 que implicaba una inversión cercana a los 6,8 millones de dólares.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, cuestionó duramente la medida y aseguró que los vocales “fingen control” al rechazar el expediente. “Cuando los organismos de control dejan de controlar y empiezan a hacer política, el problema ya no es un expediente: es la democracia”, afirmó el funcionario, y sostuvo que la decisión busca “dejar indefensa a Córdoba”.

Quinteros agregó que en la resolución no se objetan ni el precio, ni el procedimiento, ni la idoneidad de las empresas participantes, sino la simple voluntad de equipar con “tecnología del primer mundo” a la fuerza policial. También afirmó que el dictamen “contiene opiniones personales, valoraciones ideológicas y juicios sobre la conveniencia”, y que el rechazo se produjo “sin un solo argumento jurídico” tras más de 70 instancias administrativas y la intervención de áreas técnicas que, según él, habían recomendado la aprobación.

El gobernador Martín Llaryora respaldó al ministro y, a través de sus cuentas en redes sociales, afirmó que “hacer política partidaria con la seguridad es jugar con la vida de los cordobeses”. Además, apuntó contra el espacio político al que identificó con sectores “libertarios” que —según él— contradicen las políticas de seguridad nacionales y provinciales.

Desde el Tribunal de Cuentas, la presidenta y algunos integrantes del bloque opositor defendieron su decisión argumentando observaciones técnicas y legales sobre la licitación, entre ellas el uso de la modalidad de renglón único y la inclusión de 29 ítems por un monto elevado que —a juicio de los jueces— limitó la competencia entre oferentes. Señalaron que parecía “hecha a medida para una empresa”, lo que justificó el rechazo del expediente.

En respuesta a las críticas, sectores opositores señalaron que las observaciones del Tribunal no tenían que ver con la finalidad de la compra, sino con la forma en que se diseñó el proceso de contratación. El senador Luis Juez expresó que “no se equivoque, señor gobernador: lo que el Tribunal de Cuentas le ha observado es una licitación hecha como un traje a medida” y que no se trata de un cuestionamiento a la seguridad de los cordobeses.