Cesantearon a siete policías a casi seis años del crimen de Blas Correas
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El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario consideró que los efectivos involucrados en el procedimiento de 2020 incurrieron en faltas gravísimas.
La Provincia de Córdoba cesanteó a siete policías por su actuación durante el procedimiento que terminó con el crimen de Valentino Blas Correas, el adolescente de 17 años asesinado por un disparo policial el 6 de agosto de 2020 en la Capital.
La decisión fue adoptada a seis años del crimen por el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, que concluyó que los efectivos "incurrieron en faltas gravísimas al incumplir el deber funcional de resguardar la vida del joven cuando ya se encontraba herido".
La resolución administrativa alcanza a la oficial principal Natalia Soledad Márquez, la oficial subinspectora Melisa Janet Escalante, los cabos Leonardo Alejandro Martínez, Diego Norberto González y Emanuel Alejandro Fachisthers, y los agentes Rodrigo Emmanuel Toloza y Ezequiel Eduardo Henot.
En el caso de Márquez, además, el Tribunal le atribuyó haber ejercido "violencia física innecesaria" contra una de las personas que viajaban en el Fiat Argo donde se trasladaba Blas junto a otros cuatro jóvenes.
Cabe señalar que estos siete efectivos fueron enviados a juicio en diciembre de 2025 por el fiscal del fuero Penal Económico 2, Franco Mondino, acusados por presunto abuso de autoridad.
Se les achaca no haberle brindado ninguna clase de asistencia a Blas ni haberle permitido que llegase al Hospital de Urgencias, en el cruce de calles Chacabuco y Entre Ríos cuando era trasladado en el Fiat Argo por sus amigos Juan Cruz Camerano Echavarría y Camila Toci tras haber sido baleado en un control en la zona del Complejo Pablo Pizzurno. Blas finalmente murió en el auto.
El fiscal los acusó por no haber cumplido “la misión primordial de la institución civil armada de resguardar la vida”.
En paralelo, el fiscal Mondino mandó a juicio a la policía Márquez por el presunto delito de lesiones leves calificadas cometidas en abuso de la función. Le achacó haberle pegado dos patadas a Camila en el tobillo derecho mientras la palpaba de armas.
Todos están en libertad y no han sido condenados.
En aquella elevación a juicio, el fiscal también pidió que fueran juzgados el exministro de Seguridad Alfonso Mosquera, su exsecetario Lucas Sebastián Mezzano y el ahora excomisario mayor Gonzalo Cumplido.
Los acusó por presuntas dádivas.
Una sanción independiente de la causa penal
Ahora, el Tribunal de Conducta resaltó a través de un comunicado de prensa que la cesantía fue impuesta luego de completar el sumario administrativo previsto por el Reglamento de Régimen Disciplinario Policial.
El organismo remarcó que su potestad disciplinaria es independiente del proceso penal y que "no depende de la existencia de una sentencia firme para aplicar sanciones".
Según señaló, su función consiste en preservar la moralidad administrativa, la probidad en el ejercicio de la función pública y el decoro institucional.
También destacó que actúa con autonomía respecto de la Policía de Córdoba y del Ministerio de Seguridad, como órgano de control externo creado por ley para evaluar la conducta funcional del personal policial y penitenciario.
La resolución sostiene que los siete efectivos fueron hallados “administrativamente responsables” por los hechos ocurridos durante el operativo policial de aquella madrugada, cuando Blas recibió un disparo por la espalda y murió minutos después.
Qué implica la cesantía
Desde la Provincia se indicó que un efectivo policial cesanteado: no ejerce más como tal, no goza del estado policial y, por ende, no cobra más sueldo.
Cómo fue el crimen de Blas y las condenas
Valentino Blas Correas tenía 17 años cuando fue asesinado durante la madrugada del 6 de agosto de 2020.
Esa madrugada viajaba junto a cuatro amigos en un Fiat Argo luego de compartir una salida. Al llegar a un control policial ubicado sobre avenida Vélez Sársfield, a la altura del Pablo Pizzurno, el conductor decidió no detenerse por miedo y aceleró.
Los policías apostados en el retén abrieron fuego contra el automóvil. Uno de los proyectiles atravesó la luneta e impactó en la espalda de Blas, que viajaba sentado en el asiento trasero. Otros impactos por poco no matan a más jóvenes.
El adolescente murió pocos minutos después, mientras sus amigos intentaban llevarlo a un centro de salud.
La investigación judicial determinó que, tras los disparos, se montó un operativo de encubrimiento que incluyó la alteración de la escena y el "plantado" de un arma para intentar justificar el accionar policial.
El caso fue denominado como de violencia institucional por la Cámara 8ª del Crimen.
En marzo de 2023, esa Cámara 8ª, con la participación de un jurado popular, condenó a prisión perpetua a los cabos primeros Lucas Damián Gómez y Javier Catriel Alarcón por el homicidio calificado de Blas.
Además, otros policías recibieron penas por distintos hechos de encubrimiento, entre ellos Wanda Esquivel, Yamila Martínez, Leandro Alexis Quevedo, Ezequiel Vélez, Sergio González, Walter Soria, Enzo Quiroga, Jorge Galleguillo, Juan Antonio Gatica y Juan Orlando Ramírez.
En tanto, Leonardo Martínez y Rodrigo Toloza habían resultado absueltos en el juicio penal.
Sin embargo, ahora ambos fueron cesanteados por lo otro ocurrido junto a otros cinco efectivos por decisión del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, que evaluó su responsabilidad desde el plano administrativo y concluyó que incumplieron sus deberes funcionales durante uno de los casos de violencia institucional más graves registrados en Córdoba.
