Caja de Jubilaciones: déficit, opciones reales y límites de las distintas alternativas

La discusión sobre la Caja de Jubilaciones de la Provincia ha vuelto al centro de la agenda pública. La advertencia de que, sin cambios urgentes, el organismo podría terminar transferido a la Anses y la inclusión de un artículo en el Presupuesto provincial que autoriza a que se disponga un aporte adicional a los activos, abrió un escenario de tensión con los gremios estatales.

El conflicto no es nuevo: periódicamente, la Caja reaparece como un terreno de disputa. Desde aquella controversia entre el exministro Cavallo y el exgobernador Angeloz cuando Córdoba, junto a otros distritos, se “rebeló” contra la orden de traspaso, la lógica pendular se mantiene. Sin todavía hallarse una solución sostenible, los jubilados vuelven hoy a estar a merced de la coyuntura.

El Ejecutivo sostiene que el voluminoso déficit previsional es incompatible con las metas fiscales. Desde esa mirada, la elevación de aportes personales establecidos en el texto del Presupuesto de la provincia que debate la Legislatura y la revisión de regímenes especiales aparecen como alternativas.

Pero también se instaló la posibilidad de transferir la Caja a la Nación. Esta advertencia, más que una opción concreta, parece funcionar como un disparador del debate. La transferencia depende del acuerdo con el gobierno nacional y la aprobación por parte del Congreso y de la Legislatura provincial, además de una disposición por parte de Anses a absorber un déficit adicional.

El traspaso a la Anses implicaría, en un primer momento, una mejora para jubilados y activos de la Caja: los primeros conservarían sus haberes y los segundos verían aumentar su salario de bolsillo por la baja de aportes (11% al Anses en lugar del 22% y posiblemente el 26% a la Caja), además de eliminarse el diferimiento de aumentos y el aporte solidario dispuesto en las varias modificaciones del régimen cordobés. Sin embargo, ese beneficio sería transitorio porque, al jubilarse, los activos pasarían a recibir haberes significativamente menores bajo las normas de Anses. Aunque sería beneficioso para la Provincia que dejaría de financiar el abultado rojo, que en enero ascenderá a 35 mil millones de pesos, de los cuales Anses sólo cubre una mínima parte.

Todo indica que hoy es muy difícil que esta alternativa prospere. Demasiados obstáculos aparecen en el camino. Y sería ilógico que la administración nacional acepte el traspaso cuando su discurso plantea como ejes centrales la reducción del gasto y el superávit fiscal.

Por su parte, como era de esperar, los gremios estatales rechazan de plano cualquier aumento en los aportes personales. Argumentan que los trabajadores vienen de varios años de pérdida del poder adquisitivo y que en 2023 ya se aplicó un aporte extraordinario para sostener la Caja. Conflicto en marcha.

Los incumplimientos de la Nación

En este punto, debe también remarcarse que la responsabilidad de la Nación es evidente: no ha cumplido con los compromisos legales que imponen el envío de recursos para atender el déficit. Pende de un delgado hilo precario acuerdo alcanzado en mayo pasado tras una instancia de negociación en la Corte Suprema de Justicia y el proyecto de Presupuesto nacional 2026 no contemplaría ningún aumento en el aporte de fondos a las cajas previsionales de las provincias.

En verdad, la sordera de la Casa Rosada no distingue signos políticos ni tiempos. Distintos gobiernos han reconocido la deuda ante el máximo tribunal de Justicia de la Nación. Sin embargo, más allá de escasas concesiones, no se cumple con las obligaciones legales que devolverían algo de previsibilidad.  El reclamo cordobés, también efectuado por otras provincias, tiene respaldo técnico y es calificado como legítimo por los especialistas. Porque se trata de hacer efectivo un derecho establecido en la Constitución y en las leyes que determinan el funcionamiento del sistema previsional.

En definitiva, el déficit previsional actual no puede atribuirse a un solo gobierno ni a una sola decisión. Durante décadas se combinaron factores que hoy convergen en una situación que siempre fue considerada como crítica. Pasa el tiempo y repetidas decisiones no han disminuido el rojo.

La Caja sostiene a más de 116 mil jubilados y pensionados en la provincia. Son ellos quienes dependen de un sistema inestable y afectado siempre por los vaivenes de la coyuntura. Garantizar la viabilidad del sistema, evitar los parches y no profundizar los conflictos son metas a las que se debería aspirar. La discusión sobre la Caja de Jubilaciones exige diálogo y compromiso con el largo plazo.

 Tres décadas

 A continuación una síntesis de los acontecimientos centrales de la problemática de la Caja de Jubilaciones

Origen (1994–1997): La Nación habilita a las provincias a transferir sus cajas;, Córdoba mantiene la propia, basada en el 82% móvil establecido por ley de 1990.

Ajustes y controversias (1995–2007): Tras la crisis de Angeloz, un decreto de Mestre reduce haberes al 67%; la Justicia lo revoca en 2007 y restituye el 82% móvil.

Sobrecarga y armonización (2001–2008): Pasividades anticipadas suman numerosos beneficiarios; en 2002 se firma convenio de armonización con Anses, reiteradamente incumplido; en 2008 Córdoba reforma su ley para alinearse al sistema nacional.

Déficit crónico y reformas (2011–2022): La Nación deja de enviar fondos en varios períodos; en 2012 se sanciona la Ley 10078 (diferimiento de aumentos y cambios en aportes); en pandemia se vuelve a reformar el cálculo del haber inicial, pensiones y retenciones. Se dispone por ley el aumento en el porcentaje de aportes de los trabajadores estatales.

 Judicialización y negociación (2023–2025): Demanda a la Nación por la deuda previsional; se dispone el diferimiento de los aumentos para los jubilados; en 2025 se acuerdan envíos mensuales y un mecanismo para cancelación de deuda, incluso evaluando compensaciones con bienes nacionales. El déficit continúa y se incluye en el Presupuesto cordobés para 2026 una cláusula que autoriza al Ejecutivo a disponer un nuevo incremento de aportes previsionales para los trabajadores estatales.