Análisis
Caja de jubilaciones: acuerdo “en defensa de Córdoba” que despejaría el horizonte
Tras años de reclamos, Córdoba logró un acuerdo provisorio con la Nación por la deuda de la Caja de Jubilaciones. El Gobierno celebró el reconocimiento del pasivo como un triunfo político, mientras crece la expectativa por mejoras para los haberes más bajos.
"El gobierno nacional reconoció formalmente la deuda y presentó una propuesta concreta de pago", escribió el gobernador Martín Llaryora en su cuenta de X. Poco después, el ex mandatario provincial Juan Schiaretti se expresó en similares términos por la misma red social: “Que el gobierno nacional haya reconocido formalmente la deuda ante la Corte, significa que teníamos razón”.
El consenso alcanzado fue presentado como el resultado de la enfática defensa de los derechos de Córdoba frente a lo que se consideran atropellos por parte de distintos gobiernos nacionales. Varios referentes oficialistas compartieron esta interpretación. Por caso, el intendente de la capital, Daniel Passerini, quien suscribió que “el gobernador Martin Llaryora se puso al frente de lo que corresponde a Córdoba y se logró un histórico acuerdo con la Nación que beneficiará a nuestros jubilados y a la provincia en general". En la misma línea, el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, señaló que “este acuerdo, tan importante para los recursos de los cordobeses pone en evidencia la firmeza de nuestro gobernador en sostener ante el Gobierno Nacional un reclamo justo, imprescindible para los intereses de nuestra provincia.
Desde la oposición, en cambio, no se conocieron mayores objeciones. Entre las pocas voces disonantes, se destacó la del radical Dante Rossi, quien calificó al acuerdo como “absolutamente negativo para nuestra provincia” , argumentando que los fondos prometidos no permitirán “solucionar la deuda de más de 980 mil millones de pesos”. No obstante, el ex intendente de Córdoba, Ramón Mestre celebró que “los fondos adeudados vuelvan a Córdoba y que se destinen a donde se deben destinar: a los jubilados”.
Lo cierto es que, luego de años de dilaciones y controversias, Córdoba logró un acuerdo provisorio con la Nación sobre el complejo y persistente déficit de la Caja de Jubilaciones. Un tema en el que distintas administraciones nacionales incurrieron en la violación de principios y normas establecidos en las distintas leyes de presupuesto y en la Constitución. Para Llaryora se trataba de un acto “discriminatorio con los jubilados que pertenecen a las provincias que no transfirieron sus Cajas” y “un grave debilitamiento de la vida institucional de la Argentina”.
El corsé financiero impuesto por el déficit previsional fue especialmente duro para los jubilados cordobeses, quienes en los últimos años vieron cómo se deterioraban sus ingresos. Reformas, algunas sorpresivas, orientadas a reducir el rojo fiscal, derivaron en recálculos de las fórmulas jubilatorias, diferimientos en el pago de aumentos y artículos legales que obligaban a ceder parte de sus haberes si percibían ingresos adicionales, incluso cuando esa era su única alternativa para mantener un nivel de vida digno, en un contexto de inflación desbordada.
El acuerdo, alcanzado en el marco de una audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia, estableció un esquema de pagos mensuales de $5 mil millones durante los próximos 12 meses, a cuenta del monto final que se determinará tras un proceso de auditoría cruzada. Durante este período se revisarán los registros entre 2019 y 2024 para establecer con precisión el total adeudado por la Anses al sistema previsional cordobés.
Presentado como el resultado de una gestión que tuvo como objetivo central defender “los intereses de Córdoba, de su gente y, en especial de los jubilados, la mirada oficial sobre el tema insiste en que el aporte nacional acordado atenuará el déficit de la Caja y otorgará previsibilidad financiera. Si bien está lejos está de satisfacer todo el reclamo cordobés, se lo consideró un avance importante.
En este marco, genera expectativa el anuncio, todavía sin detalles, de que una parte de los fondos que lleguen de la Nación serán destinados a mejorar las más bajas. Sin embargo, por el momento no habría mayores cambios en otros reclamos de los gremios estatales, como el retorno del 82% móvil, la modificación de la fórmula que calcula la jubilación inicial y la eliminación del resistido artículo 58 incluido en la última reforma de la ley previsional cordobesa, que dispone la retención del 20% de los haberes a los jubilados que tengan otros ingresos.
No obstante, la mirada política oficial celebró el acuerdo. Porque finalmente implica el reconocimiento la deuda con la Caja de Jubilaciones por parte de la Nación, porque se interpreta como una conquista en defensa enfática de los derechos de la provincia y del federalismo y también porque la llegada de los recursos comprometidos despejaría el horizonte próximo y devolvería al gobierno a un camino más previsible meses antes de las elecciones legislativas de octubre.
