Baja en la imputabilidad: “Ningún adolescente debería pagar con cárcel lo que el Estado no hizo”

Las opiniones sobre la baja de la edad de imputabilidad en Argentina están divididas entre quienes exigen medidas punitivas urgentes ante la inseguridad y quienes abogan por un enfoque de protección integral de menores. Las discusiones se centran en la necesidad de una Ley Penal Juvenil efectiva.

“¿De verdad creemos que más castigo a chicos cada vez más chicos nos va a hacer vivir más tranquilos?”, plantean los abogados Virginia Panero (MP. 5-977) y Nicolás Casas (MP. 5-702).

Cada vez que ocurre un hecho violento protagonizado por un menor, la reacción es casi automática: bajar la edad de imputabilidad. “La propuesta reaparece como si fuera una novedad, pero en realidad es la misma respuesta de siempre, un proyecto que se reflota a lo largo de los años –sostienen-.  El debate, así planteado, empieza mal. Hay numerosos proyectos en discusión que proponen bajar la edad de punibilidad de los 16 a los 12, 13 o 14 años. El que hoy tiene más fuerza en sesiones extraordinarias la fija en los 13, sin embargo, se discute más el castigo que las causas”.

Actualmente, “la ley establece que son punibles los adolescentes de entre 16 y 18 años, con un régimen diferenciado que permite, a partir de los 16, la aplicación de penas privativas de la libertad, es decir, el sistema penal juvenil ya existe y ya interviene”, recordó Panero.

“En la provincia de Córdoba solo el 1% de los menores de 18 años tuvo algún tipo de contacto con el sistema penal –graficó Casas-. Y si miramos más de cerca, apenas el 0,01% corresponde a chicos de entre 13 y 15 años, la franja etaria sobre la que hoy se discute bajar la edad de imputabilidad, ¿De verdad creemos que el problema de la inseguridad se explica ahí?”, trazó.

“Los datos muestran, además, que cerca del 90% de los delitos cometidos por menores de edad son hurtos o tentativas de hurto. Muchas de esas tentativas se explican por el consumo problemático de estupefacientes, chicos tan atravesados por la adicción que ni siquiera logran consumar el hecho –agregó-. El problema central no es la edad, sino la droga, la exclusión y el abandono”.

“Los adolescentes alojados en el Complejo Esperanza, por ejemplo, son en su enorme mayoría varones con derechos básicos insatisfechos, con consumo problemático de drogas, familias atravesadas por múltiples vulneraciones y, en muchos casos, con padres privados de la libertad. No llegaron ahí por azar, llegaron porque el Estado estuvo ausente durante años”, acotó Panero.

Sin embargo, los abogados cuestionaron que “el debate público no se concentra en cómo evitar que los chicos lleguen al delito, sino en cómo castigarlos antes. Se corre el foco del problema real y se lo traslada al sistema penal, como si el derecho penal pudiera reparar lo que el Estado no supo cuidar a tiempo, pero la cárcel no devuelve lo que la infancia perdió”.

Sostienen que “responder siempre con una ley penal, sin trabajar seriamente sobre los factores que empujan a los adolescentes al delito, conduce al mismo resultado: más exclusión, más violencia y más víctimas. Bajar la edad de punibilidad puede generar una sensación inmediata de respuesta, pero no reduce el delito. Solo amplía un sistema penal que llega tarde y que ya demostró, una y otra vez, su ineficacia. Aun así, la ‘solución’ que se propone una y otra vez es adelantar cada vez más la entrada al sistema penal. El castigo temprano funciona más como un gesto simbólico frente a la falta de respuestas estructurales que como una verdadera herramienta de seguridad. El Estado sabe que endurecer penas no funciona, pero también sabe que suma políticamente”.

“Desde la ley Blumberg hasta hoy, el sistema penal se endureció de manera sistemática. Las penas aumentaron, las cárceles se llenaron ¿Qué se logró?: más reincidencia, más violencia y un sistema colapsado que no resocializa a nadie. Volver a aplicar políticas que ya fracasaron y proponerlas como solución es, en el mejor de los casos, engañar a la sociedad. Peor aún, se pretende retroceder hacia un régimen penal juvenil heredado de la última dictadura militar, pensado desde la lógica del castigo y no desde la protección integral de derechos”, opinó Panero.

Para los profesionales, “retroceder en materia de infancia no es avanzar en seguridad. La prevención del delito no se construye con castigo, sino con políticas públicas serias: atención a la pobreza, a la deserción escolar, abordajes integrales del consumo problemático de drogas, acompañamiento familiar y presencia estatal sostenida en los barrios. Eso es lo difícil. No suma votos, pero es lo que realmente funciona”.

“La paradoja final aparece cuando el propio proyecto menciona la intervención de organismos de niñez, incluso de la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, dentro del régimen penal juvenil. Se los nombra cuando el adolescente ya está imputado, pero poco y nada se dice sobre su fortalecimiento en la etapa preventiva. Más aún: a nivel nacional, la Defensoría sigue con cargos vacantes desde hace meses, sin que ello genere la urgencia política que sí despierta la discusión sobre imputabilidad. Se la invoca en el castigo, pero se la desatiende en la protección”, insistió Casas.

“El debate de fondo debería ser otro –aseguran-. Se discute con intensidad cómo sancionar penalmente a adolescentes, pero no se discute con la misma fuerza cómo fortalecer, en Nación y en las provincias, el sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Organismos que trabajan con recursos mínimos, equipos desbordados y escaso reconocimiento institucional, haciendo lo que pueden cuando deberían ser una prioridad absoluta si realmente se quiere reducir la delincuencia juvenil a futuro”.

“Ningún régimen penal, por más severo que sea, va a compensar la ausencia de políticas públicas tempranas. Y ningún adolescente debería pagar con cárcel lo que el Estado no hizo a tiempo. Si el Estado llega primero con derechos, quizás no tenga que llegar después con castigos”, concluyeron.