Baja en la edad de imputabilidad: el valor del debate

Son numerosos los temas trascendentes para la vida de los argentinos que este año cobrarán resonancia pública porque se tratarán en el Congreso de la Nación con el objetivo de generar o reformar la legislación vigente. Por caso, la reforma laboral ya se halla en plena discusión. Y también varias otras iniciativas que, no siempre, cuentan con la atención preferente de la opinión pública.

En este contexto, una de ellas sí es seguida con atención. Se trata de la anunciada reforma del régimen penal juvenil que propugna rebajar la edad de imputabilidad de los menores de edad que cometen delitos graves. A tono con lo que sucede en la mayoría de los países de la región y en varias democracias de otros continentes, se pretende reducir a 13 o 14 años la edad en la que un joven puede ser juzgado. Por cierto, de inmediato, las dos bibliotecas que en este tema son evidentes se hicieron presentes con fuerza.

Por un lado, quienes impulsan la reforma apelan a la incontrastable evidencia de que existe una participación creciente de menores en delitos graves, y que el marco legal vigente no refleja esa realidad. La baja de la edad de imputabilidad permitiría que el sistema penal tenga herramientas frente a hechos de extrema gravedad. Aclaran además que no se pretende, en general, equiparar a los menores con los adultos, sino establecer un régimen especial, con penas y procesos adecuados a la edad, pero que evite la impunidad total ante delitos graves. Ello, porque la inimputabilidad absoluta favorecería el uso instrumental de menores por parte de adultos y también porque el Estado debe dar respuesta a las víctimas y garantizar la justicia, incluso cuando el perpetrador es menor de edad.

En la vereda contraria se paran los que sostienen que no hay experiencias sólidas que demuestran que bajar la edad de imputabilidad reduzca los niveles de criminalidad juvenil. Y, fundamentalmente, advierten que la medida impactaría mayormente en jóvenes de sectores vulnerables, reforzando circuitos de exclusión, sin atacar las causas estructurales del delito. Además, se plantea que el foco debería estar en educación, contención, salud mental y políticas de prevención de la drogadicción y combate contra el narcotráfico, antes que en una respuesta penal más temprana. En este contexto, no es menor que parte de estos argumentos hayan sido esgrimidos por altos prelados de la Iglesia Católica.

Así es que la agenda pública del país tendrá a esta problemática en el centro de la escena durante las próximas semanas. Es auspicioso que así suceda. Especialmente porque durante los largos años de gobiernos kirchneristas, la sola mención de la baja de la edad de imputabilidad era rápidamente clausurada, asociada de manera automática a discursos “punitivistas” o “de derecha”, sin habilitar una discusión seria y plural. No permitir que se discuta el asunto era la regla.

Por eso, que el Congreso, los medios y la sociedad en su conjunto asuman la conversación pública sobre este tema es un avance notorio. En verdad, todos los sondeos indican que la opinión mayoritaria está a favor de bajar la edad de imputabilidad. No obstante, debe ser la discusión democrática la que, en definitiva, termine saldando la cuestión de un problema que no puede continuar sin modificaciones. Quizás este último punto sea coincidente entre las posiciones antagónicas. Es esta circunstancia la que resalta, con gran nitidez, el valor del debate de un asunto muy sensible.