Aseguran que la IVE está vigente a pesar del pedido de suspensión del fiscal general
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"No es más que una opinión y no afecta en nada la aplicación de la ley", explicó Rocío García Garro, coordinadora del área legal de Católicas por el Derecho a Decidir.
El fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado, solicitó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que emita dictamen favorable a las cautelares que solicitan la suspensión de la aplicación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), medida cuestionada por organizaciones de la sociedad civil.
"Se trata de una opinión que emite el fiscal general, no es más que una opinión y no afecta en nada la aplicación de la ley", explicó a Télam la abogada Rocío García Garro, coordinadora del área legal de Católicas por el Derecho a Decidir.
Las cautelares, rechazadas en primera instancia, fueron presentadas a principios de febrero por el exlegislador local del vecinalismo, Aurelio García Elorrio, titular de la asociación civil Portal de Belén.
La decisión fue recurrida y derivada al fiscal general Delgado quien, a pesar de estar con pedido de recusación aún sin resolver, emitió dictamen y al correr vista al TSJ le pide que "haga lugar" al pedido de legitimidad de representación para hacer el planteo y también que se "suspenda" la aplicación de la ley IVE en Córdoba hasta que se resuelva la cuestión de fondo, aunque el dictamen fiscal no es vinculante.
El Portal de Belén ha litigado históricamente en contra del derecho al aborto y esta nueva cautelar se suma a una treintena de presentaciones judiciales que se hicieron cuestionando la legislación nacional, en distintos lugares del país, que no avanzaron en la justicia.
"El acceso a la interrupción legal y voluntaria del embarazo tiene plena vigencia en la provincia de Córdoba, igual que en todo el territorio nacional, a pesar de los intentos por obstaculizar su acceso mediante judicializaciones abusivas y abiertamente improcedentes", aclaró en un comunicado Católicas junto a Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y Clínica Jurídica de Interés Público Córdoba.
"Se trata de una opinión que emite el fiscal general, no es más que una opinión y no afecta en nada la aplicación de la ley", explicó a Télam la abogada Rocío García Garro, coordinadora del área legal de Católicas por el Derecho a Decidir.
Las cautelares, rechazadas en primera instancia, fueron presentadas a principios de febrero por el exlegislador local del vecinalismo, Aurelio García Elorrio, titular de la asociación civil Portal de Belén.
La decisión fue recurrida y derivada al fiscal general Delgado quien, a pesar de estar con pedido de recusación aún sin resolver, emitió dictamen y al correr vista al TSJ le pide que "haga lugar" al pedido de legitimidad de representación para hacer el planteo y también que se "suspenda" la aplicación de la ley IVE en Córdoba hasta que se resuelva la cuestión de fondo, aunque el dictamen fiscal no es vinculante.
El Portal de Belén ha litigado históricamente en contra del derecho al aborto y esta nueva cautelar se suma a una treintena de presentaciones judiciales que se hicieron cuestionando la legislación nacional, en distintos lugares del país, que no avanzaron en la justicia.
"El acceso a la interrupción legal y voluntaria del embarazo tiene plena vigencia en la provincia de Córdoba, igual que en todo el territorio nacional, a pesar de los intentos por obstaculizar su acceso mediante judicializaciones abusivas y abiertamente improcedentes", aclaró en un comunicado Católicas junto a Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y Clínica Jurídica de Interés Público Córdoba.
