Apoyo a la actuación de la jueza que ordenó prisión domiciliaria para un abusador

La jueza de Ejecución Penal de San Francisco, María Teresa Garay presentó su descargo ante las autoridades del Poder Judicial de Córdoba. Por otro lado, se conoció un comunicado de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba avalando su actuación.

Recordemos que en los últimos días Garay quedó en el centro de la polémica luego de que ordenara la prisión domiciliaria de un preso condenado por abuso sexual con acceso carnal agravado argumentado que forma parte del grupo de riesgo ante el coronavirus.

En su defensa, argumentó el porqué de su decisión y afirmó que tuvo el visto bueno de las autoridades del Establecimiento Penitenciario Nº 7 de nuestra ciudad, donde Antonio Puntonet (61) permanecía alojado tras ser condenado en febrero de 2019 a 8 años y tres meses de cárcel por abusar sexualmente de su hija en Las Varillas cuando ésta tenía 14 años. 

Además, la jueza aseguró en su descargo que el interno tenía salidas transitorias al Hospital "J. B. Iturraspe" para realizarse un tratamiento médico. Esto podía "aumentar el contagio de coronavirus para los alojados en el mismo pabellón y personal penitenciario de contacto".

Uno de los cuestionamientos más fuertes fue el de no haber notificado de la medida a la víctima. Sobre ello, Garay dijo que intentó comunicarse telefónicamente con la víctima y sus familiares en varias oportunidades. Sin embargo, no los pudo contactar ya que su teléfono figuraba como un "abonado fuera de servicio".

Apoyo de los jueces

Por otra parte, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba emitió un comunicado donde se "solidarizan" con la jueza Garay. Sostiene que fue injustamente agraviada.

En el texto se aclara que la jueza "no es cierto como se dijo que la magistrada haya dejado en libertad al condenado, solo dispuso transitoriamente, por razones de protección sanitaria al resto de los penados, su alojamiento a 200 kilómetros de distancia del domicilio de la víctima".

Y agrega que si no se comparte la decisión "puede y debe ser recurrida a ante las instancias superiores predispuestas por la ley".

Pedido de jury 

La semana pasada, la legisladora Carolina Basualdo (Hacemos por Córdoba) presentó formalmente un pedido de juicio político contra la jueza Garay.

La titular de la Comisión de Equidad y Lucha contra la violencia de Género remarcó que la jueza "incumplió la ley", porque la víctima no estaba informada sobre el beneficio de la prisión domiciliaria que le otorgaron sin tobillera electrónica a su padre y exigió que la Justicia "esté a la altura de las circunstancias".