Amenazas de tiroteo en escuelas y el costo de los operativos: “No es broma, es delito”

Las amenazas de tiroteos en escuelas, replicadas en los últimos días en distintos puntos del país y también en San Francisco, no solo encendieron la alarma en la comunidad educativa, sino que dejaron al descubierto el fuerte impacto operativo y económico que cada caso genera para el Estado. En ese contexto, el comisario inspector Pablo Nieto, director de la Departamental San Justo de la Policía de Córdoba, puso el foco en la magnitud de los procedimientos y respaldó la decisión oficial de trasladar esos costos a los responsables.

Los mensajes, con frases como “Mañana, tiroteo. No vengan”, aparecieron en al menos tres instituciones locales y derivaron en intervenciones inmediatas. Aunque en todos los casos se trató de amenazas falsas, el protocolo obliga a actuar como si el riesgo fuera real. “No las podemos subestimar ni descartar. Trabajamos por protocolo, igual que con las amenazas de bomba, como si fuera un hecho real”, explicó Nieto a LA VOZ DE SAN JUSTO.

El jefe policial describió un despliegue que se activa desde el primer momento y que involucra a múltiples áreas. “Desde que se toma conocimiento, se activa un protocolo de seguridad que incluye servicios de emergencias, policía, guardias locales y unidades especiales como Eter (Equipo de Tácticas Especiales Recomendable) e Infantería”, detalló. Y agregó: “Tenemos que trabajar simultáneamente para confirmar o descartar la amenaza, lo que implica movilizar una gran cantidad de recursos”.

En términos concretos, el operativo en cada establecimiento no es menor. “Trabajamos con tres móviles por escuela, con un jefe de operativo, más un móvil de Investigaciones y una brigada”, precisó. A esto se suma el equipamiento específico ante la posibilidad de un tirador activo, como protección balística, escudos y unidades tácticas preparadas para intervenir.

“Mover móviles, movilizar servicios especiales, alertar sistemas de emergencia, tener todo un equipo preparado para un caso que, gracias a Dios, fueron solo amenazas, tiene un costo importante”, subrayó. En esa línea, se mostró de acuerdo con la decisión del Gobierno provincial: “Corresponde que se haga un resarcimiento y que los responsables se hagan cargo de los gastos”.

Córdoba endurece medidas

La Provincia dispuso que los costos derivados de estos operativos sean reclamados a los padres o adultos responsables cuando los autores sean menores. La medida apunta a recuperar los recursos utilizados y a desalentar este tipo de conductas que alteran el funcionamiento escolar y generan temor en la comunidad.

“Hay una responsabilidad penal, pero también una responsabilidad civil. Y corresponde el resarcimiento de los daños ocasionados”, sostuvo el comisario, al referirse al alcance de la decisión oficial.

Más allá del despliegue en territorio, el funcionario advirtió que la investigación continúa en el plano digital. “Esto no queda solamente en una broma o en un reto. Tenemos que investigar qué hay de fondo, quién está detrás, qué organización o qué red está influenciando a los chicos”, señaló. En ese sentido, destacó el trabajo de la división de Cibercrimen para rastrear direcciones IP, dispositivos y posibles conexiones con redes que operan a través de plataformas digitales.

“Creemos que hay una autoría intelectual detrás de esto que motiva a los adolescentes a generar estas amenazas”, afirmó Nieto, al tiempo que remarcó que estos hechos constituyen delitos. “No son bromas. Son amenazas contempladas en el Código Penal y deben ser investigadas como tales”, insistió.

El fenómeno, además, abre un debate más amplio sobre el rol de las familias. El comisario fue enfático al advertir sobre la falta de control en el uso de dispositivos. “Hemos perdido como padres el control de nuestros hijos a través de la pantalla de un celular. No sabemos qué hacen, en qué sitios están o con quién interactúan”, expresó.

Nieto dejó un mensaje dirigido a la sociedad: “Es un tema que se tiene que tratar desde la familia, que es la primera sociedad. Lo que pasa ahí después se refleja en la comunidad”. También llamó a recuperar el diálogo cara a cara y a supervisar el uso de la tecnología en adolescentes.

Mientras la Justicia avanza con las imputaciones en San Francisco, el endurecimiento de las medidas en Córdoba busca no solo sancionar estas conductas, sino también desalentar su repetición. El costo de cada falsa amenaza, advierten desde la Policía, ya no será solo simbólico.