Alquileres en San Francisco: 4 de cada 10 familias está en deuda
La situación de los inquilinos con el fin del congelamiento. Desde las agrupaciones de inquilinos hay preocupación por posibles desalojos masivos.
El DNU que evita el desalojo de inquilinos que no pueden pagar por el inmueble en el que viven venció y entre quienes alquilan reina el desconcierto de lo que pasará en las próximas semanas, mientras muchos ven que la única alternativa es la extensión de la vigencia de la medida instrumentada el año pasado en el contexto de pandemia de coronavirus.
Fuentes de la Federación de Inquilinos Nacional señalaron a esta agencia que la situación "es desesperante" para las familias que no pudieron seguir con el pago de su alquiler porque se quedaron sin empleo e ingresos suficientes durante el 2020.
En la FIN estimaron que alrededor del 50% de los inquilinos del país, unas cuatro millones de familias, tuvo inconvenientes para pagar el alquiler aunque sea en un momento del año en 2020 por la crisis económica e indicaron que en muchos casos se decidió tomar un préstamos personal para no queda en la calle.
En la provincia de Córdoba el 50 % de los inquilinos presenta alguna deuda contraída durante el último año a la que tendrá que hacer frente y honrar debidamente si no quiere perder el derecho de ocupación de la vivienda que alquila.
En San Francisco la situación es similar. En la ciudad, este presente es compartido por el 40 % de los inquilinos quienes, de una u otra manera, transitan por un destino similar de deudas que hacen que el futuro inmediato no sea para nada prometedor. Esa cifra surge de un relevamiento efectuado por el sector inmobiliario.
En ese contexto, Gastón Funes, representante de la asociación Inquilinos San Francisco, se mostró "preocupado" por esta nueva realidad para lo cual dijo que como consecuencia de esta medida "sin dudas que se viene una ola de desalojos".
Funes no dejó de reconocer que los miles de inquilinos sanfrancisqueños "estamos en una situación complicada".
"Un 40 % de las familias que alquilan está endeudada y lo que establece el decreto presidencial de terminar con el congelamiento de los alquileres llevó preocupación a mucha gente", dijo.
Luego de dejar en claro que "esto no es una guerra entre inquilinos y propietarios", el entrevistado dijo que "estamos viviendo una situación económica muy difícil sumado a las complicaciones de la pandemia donde mucha gente se quedó sin trabajo y otra se endeudó".
Fuenes reclamó "una mayor presencia del Estado" en favor de los inquilinos porque si bien "el propietario está en todo su derecho de querer cobrar esa deuda" se preguntó posteriormente "¿quién ayuda a los que alquilan?".
"Vivimos
ahogados"
Para dar una imagen que grafique el momento por el que atraviesan los inquilinos no dudó en señalar que "vivimos ahogados" por lo cual reclamó por la llegada "de una solución" que les permita "hacer pie en esta situación que de por sí es muy complicada".
"Lamentablemente va a ocurrir una ola de desalojos -presagió-. En lugar de reclamar por leyes que nos alivianen la situación lo que nosotros necesitamos son planes de viviendas", expresó Funes porque "esto nos va a permitir acceder a una casa propia y de esta manera satisfacer una de las necesidades básicas de una familia".
Los montos pendientes se pagarán en cuotas
La deuda acumulada se podrá pagar hasta en 12 cuotas. El artículo 7 del decreto dice: "Extiéndese a 12 el número máximo de cuotas al que refieren los artículos 6° y 7° del Decreto N° 320/20 para el pago de las deudas por diferencia de precio y por falta de pago, pagos realizados fuera de los plazos contractuales pactados o pagos parciales". Hasta ahora el número de cuotas para regularizar situación eran 3 a 6.
El presidente Alberto Fernández había firmado el año pasado el decreto 320/2020 para congelar los alquileres e impedir los desalojos, que se fue prorrogando: sin embargo, las medidas ya no estarán vigentes a partir de este miércoles.
El 26 marzo, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, ordenó a su equipo de trabajo elaborar y aprobar el "protocolo nacional de alerta temprana de desalojos de vivienda única y familiar en regímenes de alquileres formales".
La decisión, oficializada a través de la Resolución 88/2021, ordenó avanzar con el protocolo a la secretaría de Desarrollo Territorial, que conduce el abogado y escribano Luciano Scatolini.
Para Griselli, esa iniciativa va en un buen sentido, pero "llegó un poco tarde", porque ni siquiera se sabe cuándo comenzará el sondeo de las causas activas por procesos de desalojo, mientras que las familias "necesitan una respuesta urgente porque el problema es inminente".
"El sondeo tiene como propósito saber con exactitud cuáles son las familias que quedan en situación de desalojo inmediato.
Y cuales son las que está en un proceso. Es una buena medida porque no había información al respecto que pueda demarcar la dimensión del problema con precisión", dijo Griselli a NA.
El titular de la Asociación en Defensa de Inquilinos advirtió que el Gobierno tampoco se refirió a cuál será la solución que se le dará a las familias una vez que el Ejecutivo tenga armado el protocolo de alerta temprana de desalojos de vivienda única y familiar.
"Hoy no sabemos cómo lo van a implementar. Pero la solución tiene que ser inmediata y es un nuevo decreto, no hay otra alternativa. Si la familia no se reubicó por si sola va a quedar al amparo de un subsidio de, por ejemplo, los que se pagan en la Ciudad de Buenos Aires que es un monto bajo para acceder a un hotel familiar por un tiempo", señaló Griselli.
En ese sentido, señaló que no todas las jurisdicciones de la Argentina tienen previsto un mecanismo de auxilio para los inquilinos desalojados, por lo que muchas familias terminan viviendo en las calles.