Accesibilidad y justicia: una adopción que marcó un precedente en San Francisco

Por Cecilia Castagno | LVSJ 

 Cada 15 de marzo se conmemora en Argentina el Día de la Accesibilidad, una fecha que invita a reflexionar sobre las condiciones que permiten —o dificultan— que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos. En el ámbito judicial, ese desafío implica adaptar procedimientos, lenguajes y espacios para que nadie quede excluido del sistema de justicia.

 Un reciente proceso de adopción tramitado en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de San Francisco, a cargo de Andrés Peretti, se convirtió en un ejemplo concreto de esa perspectiva. El caso involucró a una niña de 10 años con hipoacusia en situación de adoptabilidad y puso en práctica distintos recursos de accesibilidad impulsados por el Programa AJuV, una iniciativa de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial de Córdoba.

 La experiencia también estuvo marcada por el uso del espacio adaptado para niñas, niños y adolescentes inaugurado en diciembre de 2025 en los Tribunales locales. Lejos de ser únicamente un ambiente con juegos y colores, el lugar fue pensado como una herramienta para facilitar la participación de las infancias en procesos judiciales que muchas veces resultan complejos y difíciles de comprender.

 Para profundizar en el alcance de estas herramientas y en el trabajo que se realiza para mejorar el acceso a la justicia de los sectores en condición de vulnerabilidad, LA VOZ DE SAN JUSTO dialogó con Marisa Fassi, directora del programa AJuV, y con Juan Exequiel Torres, coordinador de iniciativas del mismo espacio.

—¿Qué es el programa AJuV?

 AJuV, creado por acuerdo del Tribunal Superior de Justicia en 2017, es un programa de investigación–acción orientado a mejorar el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad. Funciona dentro de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia, que es un área de apoyo al Tribunal Superior. Nuestro objetivo es promover transformaciones institucionales que permitan remover obstáculos en el acceso a justicia, erradicar barreras y estereotipos discriminatorios y fortalecer una cultura judicial respetuosa de los derechos humanos. Para eso trabajamos con equipos interdisciplinarios integrados por personal judicial de distintas sedes, fueros y funciones, tanto de capital como del interior. La metodología que utilizamos articula el saber jurídico con la participación activa de la ciudadanía, con aportes académicos y con los conocimientos situados de actores estatales y sociales. A partir de ese proceso se elaboran protocolos de actuación, recomendaciones institucionales, materiales en lenguaje claro, propuestas de capacitación y campañas de difusión de derechos.

—¿Qué herramientas concretas brinda el programa en materia de accesibilidad?

 La accesibilidad no se limita a eliminar barreras físicas. Muchas veces se piensa en rampas o en cuestiones edilicias, pero en realidad implica cualquier acción que adapte el servicio de justicia a las necesidades de cada persona. Eso puede ser el lenguaje que usamos, la forma de explicar una resolución o los apoyos que brindamos durante una audiencia. En ese sentido desarrollamos distintos recursos. Por ejemplo, protocolos de actuación para el acceso a la justicia de personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes y personas mayores. También elaboramos cartillas de derechos en lenguaje claro, materiales de comunicación adaptada y herramientas específicas para personas dentro del espectro autista, como pictogramas o señalética accesible. Además realizamos capacitaciones para el personal judicial y producimos materiales audiovisuales que ayudan a difundir derechos y democratizar la información jurídica.

—¿Qué problemática motivó la creación del programa?

 La inquietud surgió cuando se empezaron a sistematizar las acciones que los poderes judiciales realizaban para cumplir con las llamadas 100 Reglas de Brasilia, que son lineamientos internacionales para garantizar el acceso a la justicia de sectores en condición de vulnerabilidad. Cuando hicimos ese trabajo advertimos que existían muchas iniciativas, pero que faltaba un espacio que coordinara y promoviera cambios de manera transversal. La idea fue justamente generar un ámbito que ayudara a pensar qué ajustes son necesarios para que las personas puedan participar en igualdad de condiciones dentro de un proceso judicial. Porque no es lo mismo realizar una audiencia con alguien que no tiene dificultades auditivas que con una persona con hipoacusia. Si no se realizan adaptaciones, la igualdad ante la ley queda solo en lo formal.

“La accesibilidad no se limita a eliminar barreras físicas, implica cualquier acción que adapte el servicio de justicia a las necesidades de cada persona”

 

—¿Con qué grupos en situación de vulnerabilidad trabajan?

 En una primera etapa trabajamos con niñez y adolescencia, personas con discapacidad y personas mayores. Luego incorporamos derechos humanos de las mujeres y diversidad sexual. Actualmente también estamos abordando temas vinculados al acceso a la justicia ambiental, personas migrantes y comunidades indígenas. Todas estas líneas de trabajo se inspiran en las Reglas de Brasilia y buscan abordar distintos tipos de vulnerabilidad que pueden aparecer dentro del sistema judicial.

—Se define al programa como un “puente” entre la justicia y la ciudadanía. ¿Cómo se traduce eso en la práctica?

 Muchas veces las personas tienen derechos, pero no siempre pueden ejercerlos. Una de las principales barreras es la información. Por eso una de las acciones concretas del programa es generar materiales claros y accesibles para que la ciudadanía comprenda qué derechos tiene y cómo puede reclamarlos. También trabajamos con el personal judicial, porque hay barreras que son actitudinales. La manera en que nos dirigimos a una persona, el lenguaje que utilizamos o la forma en que recibimos a alguien en una oficina puede facilitar o dificultar el acceso a la justicia. Transformar esas prácticas cotidianas es una parte muy importante del proceso.

—¿Cómo se articulan con otras instituciones o con organizaciones sociales?

 Todos los materiales que elaboramos se discuten con distintos actores. Organizamos mesas de trabajo, conversatorios y talleres en territorio donde participan organizaciones sociales, instituciones estatales y personas interesadas. Ese intercambio es fundamental porque permite revisar los contenidos y adaptarlos a las experiencias reales de la ciudadanía. Además realizamos espacios de escucha activa en distintos ámbitos, como residencias de personas mayores o centros comunitarios. En otras ocasiones abrimos las puertas del Poder Judicial para que la gente pueda acercarse y compartir sus experiencias. Ese diálogo no siempre es sencillo, pero es necesario para identificar cuáles son las barreras que existen.

—¿Qué balance hacen del programa después de casi diez años de funcionamiento?

 El balance es positivo porque vemos que muchas de las herramientas que se elaboran empiezan a utilizarse en casos concretos. A veces se trata de cuestiones simples, como anticipar a una persona cómo será su recorrido dentro de un edificio judicial o quién la recibirá. Ese tipo de información puede reducir tensiones y permitir que la persona se exprese mejor durante el proceso. Los protocolos también han tenido impacto porque forman parte de los contenidos obligatorios en los concursos de ingreso y ascenso dentro del Poder Judicial. Eso hace que cada vez más personas conozcan estas herramientas y puedan aplicarlas en su práctica cotidiana.

—En el caso de adopción que se tramitó en San Francisco, ¿qué aportó el programa AJuV?

 Fue un caso muy significativo porque permitió ver cómo estas herramientas se aplican en la práctica. El juzgado del doctor Andrés Peretti ha trabajado activamente en la implementación de estos instrumentos y mostró una gran apertura para incorporarlos. En ese proceso intervino una niña de 10 años con hipoacusia que estaba en situación de adoptabilidad. Se le brindaron apoyos para que pudiera comprender el proceso y expresar su voz, entre ellos la presencia de un intérprete y el uso del espacio adaptado para niñas, niños y adolescentes que se inauguró en los Tribunales de San Francisco. Ese espacio no es solo un lugar con juegos. Tiene dibujos y materiales vinculados a derechos, y está pensado para que los chicos puedan sentirse más cómodos en un contexto que suele ser formal y complejo. En el caso de esta niña, mientras esperaba el momento de la resolución comenzó a colorear un dibujo sobre el derecho a la identidad. A partir de esa actividad empezó a formular nuevas preguntas sobre su propia historia.

Esa escena muestra algo fundamental: accesibilizar la justicia no es solo permitir que alguien llegue a un edificio, sino generar condiciones para que pueda comprender lo que está pasando y participar activamente. Cuando se crean esas condiciones, las personas pueden ejercer sus derechos de manera real. También es importante entender que la discapacidad no define por completo a una persona. En este caso se trataba de una niña con intereses, emociones y una historia propia. La accesibilidad implica reconocer esa complejidad y adaptar el proceso judicial para que todas esas dimensiones puedan ser escuchadas.

 En definitiva, experiencias como esta muestran que la accesibilidad no es un beneficio excepcional, sino una condición necesaria para que la justicia sea verdaderamente igualitaria. Cuando se eliminan barreras —físicas, comunicacionales o culturales— lo que aparece es la posibilidad de que nuevas voces ingresen al proceso judicial y formen parte de las decisiones que afectan su propia vida.

 “Muchas veces las personas tienen derechos, pero no siempre pueden ejercerlos. Una de las principales barreras es la información”

“Un caso que no voy a olvidar nunca”, dijo el juez   

El juez Andrés Peretti explicó que su equipo viene trabajando desde hace tiempo en el uso de lenguaje claro y en la adaptación de procedimientos judiciales para hacerlos más comprensibles para quienes acuden en busca de una respuesta. Sin embargo, señaló que este caso de adopción presentó desafíos adicionales debido a la situación particular de la niña.

 “Permanentemente trabajamos en cuestiones de lenguaje claro, lectura simple y adaptaciones para que tanto el proceso como las audiencias y nuestras resoluciones sean más entendibles, más claras y más empáticas. Pero esto tenía un plus por la situación particular que presentaba la niña”, afirmó.

 Según detalló, la niña presentaba hipoacusia, trastorno por déficit de atención y un retraso madurativo, por lo que desde el inicio se consideró necesario incorporar apoyos específicos para garantizar su comprensión del proceso judicial.

Peretti recordó que el Poder Judicial cuenta con un protocolo de actuación para el acceso a la justicia de personas con discapacidad, que prevé la designación de intérpretes en lengua de señas cuando es necesario. No obstante, en este caso el juzgado optó por convocar a una persona de confianza de la niña. La intérprete fue Silvana Guadalupe Olloco, quien actuó como nexo entre la niña y el tribunal durante todo el proceso. “Funcionó desde el primer momento como un puente en la comunicación y fundamentalmente al momento de resolver”, señaló el juez.

 Durante la lectura de la resolución, explicó, mientras él exponía la sentencia en lenguaje claro, la intérprete traducía en simultáneo para que la niña pudiera comprender cada instancia.

 “Fue maravilloso”, expresó Peretti, quien destacó que el objetivo fue involucrar a la niña en el procedimiento y explicarle qué podía ocurrir dentro del proceso judicial. El magistrado adelantó además que, como gesto simbólico, el juzgado tenía previsto entregarle a la niña un presente vinculado a una de sus actividades favoritas: el patín.

 Para Peretti, este tipo de gestos y adaptaciones forman parte de una forma de concebir la justicia más cercana a las personas. “Es una manera de acercarla, hacerla más humana y mostrar que no somos indiferentes”, sostuvo. El juez definió la experiencia como uno de los momentos más significativos de su carrera. “Fue un caso hermoso. Este trabajo muchas veces es muy duro, pero llegar a un cierre de este tipo, con una adaptación tan concreta, es maravilloso”, concluyó.

Acceso a la salud 

 El titular de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia, Wilfrido Pérez, se refirió a los desafíos que existen para garantizar el acceso a la salud de las personas con discapacidad y destacó la necesidad de que las obras sociales brinden respuestas oportunas para evitar la judicialización de cada solicitud.

 Explicó que en los casos que llegan a la órbita judicial se procura que las prestaciones necesarias se otorguen con rapidez, especialmente cuando se trata de situaciones de multi-discapacidad. “Especialmente en casos de multi-discapacidad se procura que las obras sociales realicen las adecuaciones pertinentes para que las personas puedan acceder a las prestaciones que su discapacidad requiere con la mayor premura posible”, señaló.

 Según indicó Pérez, las prestaciones vinculadas a la discapacidad inciden directamente en la calidad de vida y en la dignidad cotidiana de las personas, por lo que resulta clave que los procesos administrativos no se transformen en obstáculos para acceder a tratamientos o servicios. En ese marco, advirtió que “una cobertura integral y proactiva para casos de discapacidad evitaría el desgaste innecesario tanto para la persona, su familia y también para la propia obra social”.

 Por otra parte, Pérez comentó que en los procesos donde interviene el área también se buscan alternativas para aquellas personas con discapacidad que no cuentan con cobertura de obra social. En esos casos, se trabaja para facilitar su incorporación a programas estatales destinados a garantizar el acceso a prestaciones de salud. Entre las opciones disponibles mencionó el Programa de Servicios a las Personas con Discapacidad (Prosad) de Córdoba e Incluir Salud, un programa federal de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). También señaló la posibilidad de acceder a programas destinados a la provisión de medicamentos de alto costo.

 Finalmente, remarcó que en muchos casos la existencia de estas herramientas es poco conocida, por lo que brindar información adecuada resulta clave para garantizar el ejercicio efectivo de derechos.