Aberrante delito entre nosotros

La noticia dio cuenta de que un tribunal unipersonal condenó a cuatro años y seis meses de prisión a un joven de San Francisco por difundir imágenes pornográficas que involucraban a menores de edad. Esta persona fue declarada autor penal y materialmente responsable de los delitos de "divulgación y/o representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas con fines predominantemente sexuales, supresión de la numeración de objeto registrable, exhibiciones obscenas y tenencia de representación de menores de 18 años, dedicadas a actividades sexuales explícitas con fines predominantemente sexuales y de distribución", en total seis hechos.

La investigación estuvo a cargo del fiscal de Delitos Complejos Bernardo Alberione quien durante el proceso había ordenado la detención de esta persona. La resolución del caso estableció, además, el pago de una multa económica y también el decomiso de todos los elementos secuestrados que hubieran servido para cometer los hechos detallados, así como de los que pudiera haber adquirido con el provecho o ganancia de las actividades que desarrollaba.

La pornografía infantil es un problema mundial. Que también está entre nosotros. Demuestra cuán bajo puede caer el ser humano al protagonizar el denigrante espectáculo de obtener, difundir y lucrar destrozando a un semejante. Mucho más grave es todavía, teniendo en cuenta que las víctimas son menores de edad, muchas veces indefensos, quienes sufren toda su vida el drama de haber sido vejados y abusados.

La condena judicial que se produjo en el ámbito de los Tribunales de San Francisco es una señal de advertencia clara sobre la presencia de este aberrante delito en nuestra comunidad. Y de la responsabilidad que debe asumirse para evitar que nuestros menores se vean envueltos en un drama espeluznante y queden a merced de pedófilos y pederastas. Denunciar y exigir que las investigaciones lleguen a esclarecer episodios similares se impone como una obligación ciudadana.

Más allá de la discusión acerca de las características de la pena impuesta o de lo que afirma la legislación, es preciso advertir sobre la presencia de un problema que está entre nosotros. Porque no puede admitirse bajo ningún concepto la explotación sexual de niños y adolescentes, la distribución de imágenes, videos o textos en los que se exhiben bajezas que hieren profundamente la dignidad humana. La niñez se rompe. Y la violación y la tortura son realidades tan dolorosas como traumáticas. Al mismo tiempo, no puede pasar por alto el soez comportamiento de quienes consumen este tipo de materiales, convirtiéndose también en delincuentes.

Un simple ejercicio de empatía permite comprobar cómo queda afectada para siempre la vida de los niños explotados sexualmente. No solo porque huellas profundas y dolorosas quedan marcadas en su vida. También porque, gracias a las tecnologías de este tiempo, esas imágenes pueden circular en forma permanente y convertirse en fuente de chantajes igual de condenables, que conllevan la factibilidad de amenazar la vida de estos menores durante mucho tiempo.

El combate contra la pornografía infantil no admite medias tintas. Autoridades, fuerzas de seguridad y magistrados judiciales tienen la obligación de desterrar estas aberrantes prácticas de nuestra comunidad. No menos importante es el rol de los padres y de la escuela, especialmente mostrando atención ante el uso que los menores hacen de la tecnología y con quiénes se conectan. El diálogo permanente con ellos deberá contener consejos y advertencias sobre los modos de relación y las tácticas que utilizan estos criminales para aprovechar cualquier posible vulnerabilidad.

La pornografía y el abuso sexual infantil son prácticas perversas que humillan y degradan la condición humana. Es vital mantenerse atentos para denunciar y perseguir a los perversos que la generan, distribuyen y consumen.