A través de Emugas, el municipio quiere cobrar deudas atrasadas de contribuyentes
De aprobarse, la Empresa Municipal de Gas realizará el servicio de gestión y cobranza a morosos en impuestos que antes hacía una consultora privada.
Tras la aprobación de la finalización del contrato con la empresa Servicios y Consultoría S.A. (ex Kolector), que se encargaba de la cobranza de deuda atrasada con el municipio, este jueves el Concejo Deliberante de San Francisco trata este jueves un proyecto de ordenanza que establece que sea la Empresa Municipal de Gas (Emugas S.A.) la encargada de cobrarles a los contribuyentes morosos.
De esta manera, se ratificaría el convenio con esta empresa de tipo mixta que reemplazará a la anterior. Se aguardaba que el proyecto sea probado por mayoría, sin el acompañamiento de la oposición.
"El objetivo de la contratación de la firma Emugas es potenciar la eficacia y eficiencia del actual Régimen de Recaudación y Fiscalización de los tributos vencidos de contribuciones locales en relación a las tasas que inciden sobre Inmuebles; Actividad Comercial, Industria y de Servicios; Servicios Sanitarios y Automotores, y a su vez colaborar en el incremento de la recaudación general, sin que ello implique ceder potestades tributarias originarias del municipio", cita el fundamento del proyecto de ordenanza.
"El contrato permite sumar un colaborador externo que afectará recursos humanos y materiales específicos en el control, fiscalización y gestión de recupero de los tributos que percibe el municipio", agrega.
Además, "resulta conveniente a los intereses municipales, atento que redundará en un mejor cumplimiento de sus metas fiscales, contribuyendo a la consecución de los principales objetivos de la actual administración sin afectar el equilibrio financiero de las cuentas públicas".
Por otro lado, el Ejecutivo se encargó de aclarar que "si bien la contratista está constituida como figura societaria autónoma, no resulta ajena al municipio dado que este titulariza la mayor parte de su composición accionaria, lo que asegura un doble control sobre la actividad a desplegar".
Cabe recordar que por ordenanza se establece una contratación máxima de 4 años con posibilidad de prórroga y el costo del contrato no debe superar el 2 por ciento de la recaudación mensual del municipio percibida en concepto de las tasas antes mencionadas.