No es personal, es político

La violencia de género no es una cuestión privada, es un problema social, político, que a fuerza de visibilización fue ganando en toma de conciencia. En tanto, un flagelo que se cobra la vida de una mujer cada 26 horas en la Argentina implica también un mayor conocimiento en el modo de analizar sus causas y cambios en la legislación vigente.

Este jueves, el Concejo Deliberante de San Francisco estrenó el período de sesiones 2020 con un paso adelante muy importante: la adhesión municipal a la Ley 27.499, conocida como Ley Micaela. La normativa obliga a la capacitación en la temática de género y violencia contra las mujeres de todos aquellos que se desempeñen en la función pública, en todos los niveles y jerarquía. Tras su promulgación, será el departamento Ejecutivo quien se encargue de aplicarla y articule las capacitaciones.

Como pronosticaba, el debate en el recinto estuvo atravesado por el escándalo Ángelo Cornaglia involucrado en una denuncia de amenazas a una mujer -por cierto, el edil de Córdoba Cambia pegó el "faltazo" alegando "motivos personales" en el primer día-.

Si bien el proyecto de adhesión surgió en un principio de la concejal opositora Cecilia Roffé, finalmente llegó al recinto como una iniciativa conjunta entre los cuatro bloques, con el voto unánime cantado. Sin embargo, toda esa suerte de armonía partidaria se rompió cuando al momento de los argumentos las chicanas y acusaciones se cruzaron de una bancada a otra.

Desde el oficialismo tildaron de paradójica la actitud de Roffé, de trabajar sobre una ley que prácticamente fue parida por el movimiento feminista que crucifica la violencia en todas sus formas y al mismo tiempo, compartir espacio político con Cornaglia, quien todavía tiene una orden judicial de no acercarse a su expareja.

"Es vergonzoso tener un compañero en el Concejo que tenga una perimetral vigente", disparó Fabiana Palacio (Hacemos por Córdoba). Y apuntó contra el edil Luciano Stoppani a quien no le perdonó sus declaraciones a la prensa manifestando que Cornaglia era víctima de un chantaje de terceros. "No se paró del lado de la denunciante cuando la justicia ya había hablado -siguió-. La única víctima de esto es ella, una exmilitante de su partido. El concejal Stoppani dijo increíblemente  que Cornaglia había sido víctima de una extorsión, cuando hubo una denuncia y hay una medida perimetral vigente".

Roffé contestó contundente y aseguró que ella misma le solicitó a su colega partidario que tomara licencia. "Yo le he dado mi opinión y consejo de que pida licencia, pero él se mantiene en su postura. Además, sostuvo que la denuncia está archivada. Deberíamos preguntarnos todos acá quién tiene una denuncia por violencia de género", expresó y pidió al resto de los ediles no correrse de la discusión que los convocaba: la Ley Micaela y su aplicación. Pero fue inevitable porque, básicamente, esta ley marcó un antes y un después en la agenda política contra la violencia machista.

Roffé también pidió que no se politice el tema, algo también inevitable. "No se puede politizar la violencia de género. Quiero ser contundente, yo no avalo ni consiento ningún tipo de violencia a hacia la mujer sea quien sea el agresor, y sea el ámbito que sea. Le aconsejé a Cornaglia que se tomara licencia -reiteró- y que se ponga a disposición de la justicia. La justicia dijo que la causa ya estaba cerrada y este ámbito no es el adecuado para juzgar, ese ámbito es la justicia".

"Cuando Cornaglia asumió ya sabían de la perimetral y desde el bloque no se hizo nada al respecto, al contrario, miraron para otro lado. Y eso es un signo de carácter político. Pedir ahora que esto no se politice es imposible porque todo es político ", irrumpió el concejal de Córdoba Ciudadana, Andrés Romero.

"Nosotros somos políticos. Cornaglia es político. Propongo una capacitación para los próximos ediles, que sin esa capacitación no se pueda ejercer el cargo del concejal ", instó el referente kirchenrista.

No es judicial, es político. Lo personal es político. Acá y en la China. No se puede mirar para otro lado. Todos los concejales de nuestra ciudad hoy votaron adherir a una ley que lleva el nombre de alguien que luchaba contra la violencia hacia las mujeres: Micaela García, asesinada en 2017. Tras su muerte, se convirtió en emblema y quienes la conocían -sin trajes ni cargos, pero seres políticos por naturaleza humana- siguieron el legado de su compromiso social hasta llegar al Congreso. Todos somos políticos, la mayoría, sin escritorio, pero con libertad y voz que deben escuchar quienes toman las decisiones.