La relación Estado - Iglesia
Si bien es admisible que los obispos no perciban sueldos del Estado, también es necesario reconocer que la tarea de muchos religiosos y de innumerable cantidad de voluntarios permite sosegar el drama que viven muchos argentinos olvidados por ese mismo Estado.
La Asamblea del Episcopado argentino que por estos días se lleva
adelante en Pilar, Buenos Aires, tendrá un tema sobresaliente: la cuestión del
sostenimiento del Estado a los obispos. Existe un acuerdo con el actual gobierno
para establecer un esquema de reducción de los aportes para los próximos años.
Así, los prelados renunciarían al ingreso que por ley está establecido desde
hace mucho tiempo y quedaría clara la separación entre el Estado y la Iglesia.
De acuerdo a los informes periodísticos sobre el tema, en el presupuesto 2019 el Gobierno fijó en 126 millones de pesos los fondos destinados para la Iglesia y hay idea de ir reduciendo de a poco esta erogación estatal. La gradualidad en la reducción habría sido acordada para que al final de 2020 ya no hubiera aportes, según algunas voces.
En este punto, se imponen algunas apreciaciones en torno a lo que significa el aporte estatal para el sueldo de los obispos. En tiempos como los que corren, esta disposición puede parecer anacrónica. Es decir, es propia de tiempos con parámetros culturales diferentes a los de hoy. Bajo esta perspectiva no se encuentran argumentos para continuar sosteniendo parte del culto católico como desde los comienzo del país ha hecho el Estado argentino.
No obstante, es preciso remarcar que el aporte estatal a los obispos representa apenas un 6% del presupuesto de la Iglesia argentina. Con fondos donados, contribuciones, actividades, colectas en las misas y algunas rentas se cubre el 94% restante. Esto significa que aquellas voces reclamantes de una drástica decisión para cortar todo vínculo económico con el culto católico no pueden agigantar el asunto. Es decir, no tiene ninguna veracidad la pretensión de instalar en el ambiente social argentino la noción de que toda la actividad de la Iglesia Católica es sostenida por el Estado. Mucho menos ahora que se ha logrado un acuerdo para evitar el pago a los obispos que, de todos modos, es ínfimo a la luz de los demás gastos del Estado.
No obstante, conviene aclarar otra faceta del problema. Con fondos propios y sin ninguna ayuda oficial, algunos organismos de la iglesia Católica -como varios otros cultos- trabajan incansablemente en pos de sostener a los sectores más vulnerables. Y lo hacen, en muchas ocasiones, supliendo la ausencia de un Estado malgastador y negligente ante las desgracias sociales.
Por ello, si bien es admisible que los obispos no perciban sueldos del Estado, también es necesario reconocer que la tarea de muchos religiosos y de innumerable cantidad de voluntarios permite sosegar el drama que viven muchos argentinos olvidados por ese mismo Estado.