La película del cine
El cine es una industria vital para la cultura de cualquier nación. El Estado no puede dejar de cumplir su función como garante de producciones de calidad y de respeto a la libertad de expresión.
El gobierno nacional parece, en algunos momentos, empecinado en crearse problemas. Lo hace en sectores donde supuestamente las cosas funcionan más o menos bien o interviene en muchos otros ámbitos sin sopesar las consecuencias ni elaborar previamente alguna estrategia de comunicación sobre sus decisiones. Entonces, una vez consumados los hechos, deben los funcionarios salir al ruedo a dar explicaciones que, por más sensatas que puedan ser, llegan tarde y no son consideradas como argumentos sólidos por especialistas o involucrados en el asunto.
El caso más reciente es el de los reemplazos de autoridades en el Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales (Incaa). Luego de ser removido su titular y renunciar algunos otros directivos, conocidos directores y actores de cine, así como trabajadores de esta industria cultural se manifestaron expresando su preocupación por estas modificaciones y por las versiones que circulan sobre un posible cambio en el financiamiento interno del organismo
Sin explicar bien las razones de los desplazamientos en el instituto que regula la actividad cinematográfica en el país, este hecho se presentó como un intento de modificar las condiciones del apoyo estatal al sector y de desconocer la Ley de Cine y el fondo de fomento cinematográfico. Esto fue negado por el propio ministro de Cultura de la Nación ante todos los micrófonos, pero sus argumentos -por aquello de la imprevisión de las derivaciones de una decisión política- llegaron a destiempo.
El cine es una industria vital para la cultura de cualquier nación. El Estado no puede dejar de cumplir su función como garante de producciones de calidad y de respeto a la libertad de expresión. En este sentido, las leyes que establecen el funcionamiento del Incaa son claras al respecto, tanto en los objetivos que persiguen como en los aportes que deben hacerse para que el cine nacional pueda desarrollarse. Es decir, no se trata de una cuestión meramente económica. Muy por el contrario, el aporte estatal a la industria cinematográfica se vincula directamente con la importancia de la promoción cultural de un pueblo.
Por cierto que en estas protestas aparecen intereses políticos partidarios alejados de las verdaderas connotaciones del asunto. También es verdad que el ministro de Cultura se dedicó -cual bombero- a sofocar las protestas señalando que "no estamos dispuestos a cambiar los mecanismo de financiación de los distintos organismos de fomento. Queremos un Incaa más transparente".
Si ésta es la intención, bienvenida sea. Pero no alcanzan los argumentos cuando las medidas son apresuradas y no se advierten las posibles repercusiones. Por lo que se observa, el cartel de "fin" está todavía lejano en el horizonte de esta película.
