El Ministerio de Gobierno y Seguridad de Córdoba envió a la Legislatura de la provincia un proyecto de ley que apunta a modificar la Ley N ° 8560 que regula el otorgamiento de licencias de conducir en el territorio provincial. El objetivo es armonizar en todo el territorio cordobés los requisitos y condiciones de validez a cumplir por parte de los centros de emisión de licencias de conducir.

La iniciativa prevé que los carnés que otorguen municipios y comunas que no hayan adherido a la norma, no podrán habilitar a conducir por fuera del ámbito de competencia territorial del gobierno local. Por esto, las licencias de conducir que otorguen las municipalidades o comunas que no hayan adherido a las disposiciones de esta Ley, no serán consideradas licencias de conducir válidas en el ámbito de la jurisdicción de la provincia de Córdoba.

La norma que ahora se debate en la Legislatura viene a poner algo de cordura en una temática que, con el tiempo, se ha convertido en una mala costumbre. Lamentablemente, debió ocurrir una tragedia en el camino de las altas cumbres para que esto sucediese. La repercusión pública de este siniestro dejó en evidencia graves irregularidades que deben ser corregidas. Pero que vienen de lejos y han sido objeto de discusión durante muchos períodos en el pasado reciente.

Desde hace años que se conoce la práctica por la que ciudadanos que viven en una ciudad o pueblo saquen el carné de conductor en otra localidad. En muchos casos, porque tienen que pagar multas cometidas o bien han cometido diversas irregularidades que "saltarían" si el trámite se hiciese en el mismo lugar de residencia. En otras, porque se privilegia el afán recaudador de determinados municipios o comunas en detrimento de la seguridad vial y del cumplimiento estricto de la ley.

En nuestra región hemos conocido algunos episodios de estas características. En determinados momentos la Justicia debió intervenir para devolver las cosas a su cauce. Sin embargo, ello no obsta que existan decenas de municipios y comunas que no tienen ningún prurito para entregar licencias a personas que viven en otros lugares, sin tener en cuenta los requisitos mínimos para otorgarlas: examen de conocimientos teóricos y prácticos en materia de conducción de vehículos, evaluación psicofísica y verificación de antecedentes en materia vial, entre otros. Ahora, el proyecto que ingresó a la Legislatura contempla sanciones severas para los responsables de otorgar licencias de conducir "sin verificar, constatar y acreditar el cumplimiento" de estos presupuestos.

Se impone, por lo tanto, que los legisladores de la provincia agilicen la tramitación de esta modificación de la ley que regula la entrega de carnés de conductor y que todos funcionarios que se desempeñan en los organismos involucrados en esta temática se empeñen en respetar la ley en todos sus aspectos. La seguridad vial es un objetivo necesario de alcanzar para preservar la vida y los bienes de los cordobeses. Respetar la ley es una obligación de todos, mucho más de quienes cumplen funciones de gobierno en cualquier nivel o poder del Estado.