La reciente sentencia judicial en EE.UU. por el caso YPF revive un viejo error: subestimar las consecuencias de decisiones políticas. Mientras el presidente aprovecha para descargar su ira habitual en las redes, su gobierno busca salidas legales. Kicillof, entonces impulsor de la estatización, recurre a excusas y consulta con la inteligencia artificial sin ofrecer soluciones. El caso demuestra que sí, puede fallar.