La Argentina vive una realidad tan difícil como inefable. Difícil porque los problemas se acumulan, los pesares se acrecientan al mismo ritmo que los precios, la pobreza acucia y la incertidumbre arrecia. Mientras, el Mundial de Fútbol brinda alguna oportunidad para que asome una suerte de "derecho a la alegría" que hace mucho tiempo parece vedado para innumerables sectores de la población.

Sin embargo, la disputa político - judicial muestra con elocuencia los problemas que surgen para encontrar explicaciones que hagan más digerible el momento. Es inmensa la distancia entre los verdaderos intereses de la cúpula dirigencial y de algunos sectores de poder con las vivencias de la gente. Los últimos acontecimientos agregan condimentos espesos a la trama laberíntica de la vida institucional argentina, incrementando la sensación de que la inviabilidad es más que una frase de ocasión pronunciada por alguien molesto con las circunstancias que se viven.

La sentencia condenatoria contra la vicepresidenta de la Nación por hechos de corrupción es histórica. En principio, esta valoración remite a que la historia recordará este acontecimiento como uno de los sucesos más resonantes de la vida argentina de principios de este siglo. Las demás atribuciones al adjetivo tienen sesgos tan evidentes como antagónicos. Que, por cierto, no pueden eludirse a la hora del análisis. Se trata de un fallo judicial cuyas repercusiones políticas e institucionales todavía asoman inciertas y podrían agregar más leña al fuego intenso de las disputas por el poder. Y la reacción de la principal condenada mantuvo las mismas acusaciones de siempre, sin aportar mayores datos que permitiesen demostrar su inocencia.

Entre esas acusaciones, hizo mucho ruido la difusión de chats privados entre jueces, funcionarios opositores y empresarios que tenía como supuesto objetivo difundir una versión falsa con la que contrarrestar la denuncia por dádivas vinculada a un viaje pagado que realizaron a la Patagonia en octubre. Prima facie, a nadie escapa que haberlo hecho público tenía como meta "embarrar" la cancha días antes de que se conociera la sentencia en el juicio por corrupción en la causa "vialidad".

No obstante, la primera sensación es que hasta la máxima autoridad del país se embarcó en el reconocimiento de que la ilegalidad de algunas acciones de inteligencia llega a los límites sospechados: las conversaciones privadas en este tiempo ya no tienen ese carácter frente a la impunidad con la que se muevan quienes circulan por los bajos fondos de la política y la Justicia, amparados en el anonimato y en el manejo ilegal de la tecnología.

La segunda impresión es que los funcionarios, magistrados y empresarios involucrados deberían salir de inmediato a explicar los motivos de ese viaje y cómo se ha financiado, además de dilucidar cuáles eran los motivos por los cuales se pretendió ocultarlo. Aquello de serlo, pero también parecerlo exige aclaraciones contundentes. Quienes intentaron hacerlo se transformaron en equilibristas del lenguaje que terminaron cayendo en la red de las sospechas. Y nada dilucidaron.

Toma cuerpo, de este modo, la idea de que "todos son iguales". Que, en el mismo lodo, todos están manoseados. El descrédito y el descreimiento terminan arrinconando el deseo de que la cordura prime en este bendito país.