Fueros: sentido desvirtuado
El abuso en materia de fueros y la inacción de los estamentos judiciales ha convertido al Congreso en un receptáculo de ciertos personajes que debieran estar rindiendo cuentas ante la Justicia.
El artículo 68 de la Constitución Nacional establece que ningún miembro del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador. Asimismo, el artículo 69 dispone que los legisladores no podrán ser arrestados durante su mandato salvo en caso de que se los encuentre in fraganti cometiendo un delito.
En tiempos en los que el descreimiento hacia la manera de hacer política en la Argentina, la ciudadanía pone en duda siempre estos dos principios fundamentales que, en una democracia con instituciones sólidas, garantizan la libertad de expresión y también evitan el atropello de un poder sobre otro.
Los fueros legislativos han sido nuevamente puestos en debate cuando se conoció que el ex presidente Carlos Menem se postula nuevamente al Senado este año, pese a estar condenado en la causa de la venta ilegal de armas a Ecuador. Y también por la aparición en las listas de candidatos de numerosos dirigentes que, si bien no tienen sentencia firme, se encuentran procesados ante la Justicia por sospechas fundadas de que han cometido numerosos delitos.
Aquí comienza el camino que ha llevado a que se distorsione el verdadero sentido de los fueros parlamentarios, puesto que el abuso de los mismos y la inacción de los estamentos judiciales ha convertido al Congreso en un receptáculo de ciertos personajes que debieran estar rindiendo cuentas ante la Justicia. Se han desvirtuado en su concepto y en su utilización, pese a que la Corte Suprema de Justiciaha dicho que "las prerrogativas que la Constitución reconoce en favor de los legisladores no lo son en atención de sus personas, sino en resguardo de la alta función política que ellos ejercen y de la independencia del poder que integran, lo que hace a la existencia misma de la autoridad".
Esto significa que la Constitución no pretende blindar a determinados dirigentes para que nunca puedan ser alcanzados por la Justicia, sino solo garantizar el funcionamiento de las instituciones. Lo que ocurre hoy en Venezuela es el más claro ejemplo de la necesidad de los fueros parlamentarios para respetar la división de poderes y la libertad de los ciudadanos. Allí, el Ejecutivo autoritario desconoció el voto popular e impidió que el Congreso cumpliese con la función que le corresponde, atacando a los legisladores y exponiéndolos a la acción de una Justicia sumisa frente al poder.
En la Argentina parece estar llegándose al extremo opuesto. Se ha desvirtuado casi por completo el sentido de esta prerrogativa otorgada por la Constitución a quienes tienen el honor de ser representantes del pueblo y de las provincias. Honor que es denigrado muchas veces por actitudes que privilegian el interés particular por encima del general.