Sebastián López Peña, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), visitó en los últimos días los tribunales de San Francisco, Arroyito, Las Varillas y Morteros y en el marco de esta recorrida por el departamento San Justo, dialogó con LA VOZ DE SAN JUSTO.

Durante la extensa charla, López Peña hizo un diagnóstico del sistema judicial y se refirió a esa sensación compartida por buena parte de la sociedad de que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra.

Asimismo, informó que en nuestra ciudad se cubrió la vacante de juez de Control por lo que adelantó que en los primeros meses de 2022 asumirá en el cargo el actual secretario Fabricio Girardi. Además, anticipó que fue designado el futuro fiscal subrogante para Morteros y pronto será presentado oficialmente.

-¿Qué panorama se lleva de esta visita a las sedes judiciales del departamento San Justo?

Tomar contacto con las sedes judiciales del interior de la provincia es siempre importante para nosotros, de este modo vemos cómo se encuentra la parte edilicia, el tema de recursos humanos, las necesidades y particularidades de cada una. Entrevistando a los magistrados podemos ver el mapa provincial de la Justicia y proyectar a mediano plazo sobre las necesidades. San Justo tiene cuatro sedes judiciales las que en mayor o menor medida se encuentra cubiertas en cuanto a magistrados y funcionarios, hay algunos cargos en proceso de cobertura. En lo que respecta a la parte edilicia, San Francisco puede albergar a todas las áreas del Poder Judicial, mientras que el resto necesita una solución más definitiva.

-Ante los hechos delictivos que ocurren, la sociedad pide mayor seguridad y presencia policial en la calle, pero también, penas más duras, sobretodo, para aquellos imputados que acceden a un juicio abreviado. ¿Cuál es su respuesta?

Eso depende del tipo de delito que se juzga, la figura del juicio inicial abreviado doctrinaria y jurisprudencialmente se está solicitando y empleando mucho más porque permite dar una respuesta más rápida a procesos que van creciendo en volumen y número de una manera muy acelerada, por eso la respuesta punitiva aquí y en cualquier lugar del mundo donde impera el estado derecho es limitada; por eso mientras más respuesta se dé mejor. El sistema acusatorio adversarial va rigiendo los modernos códigos procesales y Córdoba ha ido a la vanguardia en ese sentido, con un código que ya data de casi 30 años, implementando mecanismos como este, que le otorgan al fiscal de Instrucción un papel preponderante para que el arreglo al que se llegue con la defensa se encuadre en los parámetros legales y que la pena pactada se encuentre dentro de la escala penal aplicable; que la calificación legal sea la correcta; que el consentimiento del imputado haya sido prestado en libertad y con todas las garantías procesales cumplidas. Entonces, el juez no tiene mucho más para hacer que validar ese acuerdo y dictar la sentencia, en tanto, el monto de la pena no podrá exceder al pactado por las partes.

-En esta modalidad de juicios, ¿puede el juez aplicar una pena menor a la solicitada?

Aquí se aplica el criterio del juez, es tanto, para los juicios abreviados que son realizados por el juez de Control, el defensor y la Fiscalía acuerdan el monto de la pena, lo mismo cuando este juicio se realiza en la sala de audiencias de la Cámara del Crimen.

-¿Cómo cree que se encuentra la imagen de la justicia en Córdoba?

Al igual que en el resto del país, hay un problema de comunicación de los poderes judiciales. Yo siempre digo que al Poder Judicial de Córdoba se lo puede catalogar de bueno, regular o malo, pero lo que no podemos negar es que es un poder judicial distinto al federal o al de otras provincias. Cada vez que una noticia judicial repercute en los medios nacionales, la imagen de la Justicia se ve afectada o valorada en su conjunto, no hay una diferenciación clara respecto de que tipo de poder judicial estamos hablando.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Sebastián López Peña, visitó San Francisco.

 -¿Se da esa famosa "puerta giratoria? En muchos casos se da que los delincuentes ya habían sido apresados y prontamente liberados...

En la provincia de Córdoba, prácticamente se ha duplicado la población carcelaria en los últimos 10 años, esta va en contra de ese apotegma que dice que hay una "puerta giratoria" en la Justicia. Estos nuevos mecanismos que estamos implementando como la oralidad o el juicio abreviado, van sin duda a producir un crecimiento aún mayor de la población en los penales. Sostengo que cuando se tiene un índice de pobreza tan alto como la que tiene Argentina, en un estado de derecho la respuesta punitiva no es la única, pero sin dudas siempre va ser insuficiente. Ante esta realidad, aumentarán los delitos contra la propiedad (robos), los casos de violencia familiar y de género -este punto fue encarado de una manera decisiva por la justicia provincia-, sin embargo, los recursos parecen que nunca son suficientes.

 -¿Se puede revertir este escenario?

Sí, pero hacerlo llevará muchos años porque es un tema cultural, de idiosincrasia. El Estado debe brindar una respuesta sostenida en el tiempo para que esto se revierta, empleando todos los recursos que sean necesarios pero también siendo coherentes y lúcidos para advertir que muchas de las personas privadas de su libertad -podría decirse un cuarto o un tercio de la población carcelaria- está directa o indirectamente relacionada a hechos de violencia familiar o de género.

-¿Cómo lograr una respuesta judicial efectiva en estos casos?

La violencia de género es un problema de raigambre cultural muy fuerte. Uno analiza lo ocurrido en países como España o Italia, de los que somos descendientes directos, y podemos encontrar ciertos parecidos. La violencia doméstica está tan enquistada en ciertos sectores sociales que dar vuelta este pensamiento cultural no es una cuestión de política ni de una gestión de gobierno solamente, creo que es un tema cultural que va a llevar muchos años cambiar. Mientras tanto, la respuesta del Estado debe ser sostenida en el tiempo y decisiva. Más allá de las dificultades que se pueden encontrar desde el punto de vista presupuestario, de recurso humano, debido a la gran cantidad de casos, esto se solucionará con un paradigma distinto.

"La figura del juicio inicial abreviado doctrinaria y jurisprudencialmente se está solicitando y empleando mucho más porque permite dar una respuesta más rápida".

-¿Ud. se para del lado de las voces a favor o en contra de la baja de la edad de imputabilidad?

Como abogado penalista que soy y miembro del Poder Judicial, es una cuestión absolutamente discutible no solo aquí sino también en el mundo. Nuestro régimen penal juvenil hoy está logrando avances muy importantes en materia procesal, porque ya se lo equipara al fuero penal juvenil con el proceso de adultos, donde hay un fiscal de instrucción que investiga, un juez que controla y otro magistrado que juzga, es importante que esto sea así, porque no podemos olvidar que independientemente de la posición personal que uno pueda tener respecto a cuál debe ser la edad de imputabilidad, hay tratados internacionales suscriptos por nuestro país e incorporados en nuestra Constitución que debemos respetar.