Cárceles: datos imprescindibles para actuar
Un informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena fue publicado por el Ministerio de Justicia de la Nación y ofrece estadísticas valiosas a la hora de interpretar la realidad carcelaria en el país. Nuestra editorial de hoy.
El informe del Sistema Nacional de Estadísticas
sobre Ejecución de la Pena (Sneep 2016), publicado por el Ministerio de
Justicia de la Nación otorga numerosos datos para la interpretación de la
realidad carcelaria en el país y también para analizar el panorama que marca el
funcionamiento de la Justicia y las consecuencias de la degradación cultural
que ha vivido el país al menos en las últimas dos décadas.
En este marco, el citado estudio señala que la Argentina tiene una de las tasas de detenciones más baja de la región: hay 175 presos cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en los últimos 10 años, la población penitenciaria del país aumentó un 41%. El sistema carcelario pasó de alojar 54.000 personas en 2006 a unas 76.261 en la actualidad. Parecen contradictorios los datos, pero las comparaciones certifican su veracidad.
La tasa de detenidos en el país es ciertamente
baja en relación a la de otros países de América y el Caribe: Estados Unidos
tiene 666 cada 100.000 habitantes (2.145.100 presos), Cuba 510 (57.337), Brasil
319 (659.029), Perú 262 (83.639), Chile 235 (42.639). No obstante, la cantidad
de presos en las cárceles federales y provinciales ha crecido considerablemente
en 10 años, lo que habilita a un pormenorizado análisis de las condiciones
sociales que han derivado en este importante aumento.
Como siempre ha ocurrido, el principal delito por el que se detiene a las personas es el robo. Pero otro dato muestra con claridad cómo han cambiado las cosas. Por primera vez en la historia el número de detenidos por infracción a la ley de estupefacientes ha superado a los que están entre rejas por haber cometido homicidios dolosos. De la lectura que se haga de esta última información podrá surgir alguna explicación concreta acerca del constante incremento de la comercialización de drogas y el funcionamiento de bandas criminales dedicadas a extraer ganancias siderales de este vil comercio.
Otros dos elementos merecen también que los especialistas procuren certeras interpretaciones. Por un lado, casi la mitad de detenidos aún no han recibido condenas. La lupa sobre la lentitud de algunas instancias judiciales se sitúa inmediatamente en este punto. De todos modos, es justo destacar que por primera vez desde 2002 (cuando comenzaron a realizarse estos relevamientos), la cantidad de personas condenadas superó a las procesadas. Por el otro, un elemento conocido: la mayoría de los detenidos ha tenido un bajísimo nivel de escolaridad. Por ende, se refuerza la necesidad de apuntalar al sistema educativo tendiendo a que crezca la visión de que la educación es un derecho.
En definitiva, el informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena otorga información más que valiosa para delinear estrategias y políticas activas en la materia por parte de los responsables gubernamentales, judiciales, de las fuerzas de seguridad y penitenciarias. Y debieran incluirse también análisis exhaustivos sobre las condiciones de los arrestos y las sentencias, tanto en infraestructura carcelaria como de modalidades de cumplimiento.