ESPIONAJE: GRAVE DENUNCIA EN SANTA FE
ESPIONAJE: GRAVE DENUNCIA EN SANTA FE
El ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain,
es investigado por presunto espionaje ilegal.
La acusación es muy grave. Y remite a los bajos fondos de la política.
Es similar a la que, con frecuencia, se hace a la actividad de la Agencia
Federal de Inteligencia. En especial durante el anterior gobierno nacional.
El ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain,
es investigado por presunto espionaje ilegal.
La acusación es muy grave. Y remite a los bajos fondos de la política.
Es similar a la que, con frecuencia, se hace a la actividad de la Agencia
Federal de Inteligencia. En especial durante el anterior gobierno nacional.
El ex ministro de Seguridad de la
provincia de Santa Fe, el polémico Marcelo Saín, y siete colaboradores de su
gestión fueron imputados por asociación ilícita. La Justicia sostiene que
conformaban una organización que se dedicaba a cometer delitos como espionaje,
malversación de caudales públicos y peculado. Saín también fue imputado por
abuso de autoridad, destrucción de elementos de pruebas y encubrimiento
agravado.
La grave acusación adjudica al ex ministro
de Seguridad haber liderado este grupo que recopilaba de manera ilegal y
violando la Ley Nacional de Inteligencia, información sobre empresarios,
políticos, sindicalistas y periodistas, con el objetivo de elaborar
"perfiles". Además, sostienen que
también procuraban hacerse de dineros públicos para beneficio propio
Por cierto, una imputación tan grave a un
personaje controvertido de la política santafesina ha generado mucho impacto.
Las derivaciones en ese terreno todavía son imprevisibles, como también lo es
la marcha de las investigaciones judiciales. Pero ello no obsta para que se
configure un panorama que puede acarrear consecuencias también hoy
insospechadas.
La acusación es muy grave. Y remite a los
bajos fondos de la política. Es similar a la que, con frecuencia, se hace a la
actividad de la Agencia Federal de Inteligencia. En especial durante el
anterior gobierno nacional. Pero que viene de larga data y genera amplias
sospechas por los intereses cruzados que pretenden "defenderse". Son, además, motivo
de disputas entre dirigentes de uno y otro lado de la grieta, aunque la
Justicia casi nunca termina de esclarecer.
La acusación en Santa Fe contempla
actividades ilícitas de gravedad inusitada. De acuerdo a los fiscales, se
dictaban a sabiendas órdenes ilícitas para reunir, registrar y sistematizar
información que se convertía en documentos de inteligencia sobre personas que
eran "elegidas" por el sólo hecho de sus opiniones políticas, pertenencias
partidarias o a organizaciones intermedias y empresas.
En este punto, es necesario enfatizar que
el espionaje ilegal es una rémora de un pasado autoritario que se mantiene en
las altas esferas del poder y cercena derechos ciudadanos. Por ello debe ser
combatido, investigado con exhaustividad para condenar a sus responsables, sean
del sector ideológico que sean y en cualquier nivel del Estado.
La información periodística recabada por
los medios santafesinos relata que el ex ministro de Seguridad involucró al
actual gobernador de la provincia quien, supuestamente, conocía estas acciones
y que tendría audios grabados que así lo certifican. Y también que las mismas
eran de rutina en las gestiones anteriores, enchastrando aún más una trama que
remitiría a cloacas subterráneas en las que se vulneran todos los derechos y
garantías establecidos por la ley y se denigran las instituciones de la
democracia.
Serán los jueces los que deberán establecer
las responsabilidades del caso. Pero la dirigencia política santafesina debe
hacer frente a esta situación y explicar lo que haya que explicar.
El ex ministro de Seguridad de la
provincia de Santa Fe, el polémico Marcelo Saín, y siete colaboradores de su
gestión fueron imputados por asociación ilícita. La Justicia sostiene que
conformaban una organización que se dedicaba a cometer delitos como espionaje,
malversación de caudales públicos y peculado. Saín también fue imputado por
abuso de autoridad, destrucción de elementos de pruebas y encubrimiento
agravado.
La grave acusación adjudica al ex ministro
de Seguridad haber liderado este grupo que recopilaba de manera ilegal y
violando la Ley Nacional de Inteligencia, información sobre empresarios,
políticos, sindicalistas y periodistas, con el objetivo de elaborar
"perfiles". Además, sostienen que
también procuraban hacerse de dineros públicos para beneficio propio
Por cierto, una imputación tan grave a un
personaje controvertido de la política santafesina ha generado mucho impacto.
Las derivaciones en ese terreno todavía son imprevisibles, como también lo es
la marcha de las investigaciones judiciales. Pero ello no obsta para que se
configure un panorama que puede acarrear consecuencias también hoy
insospechadas.
La acusación es muy grave. Y remite a los
bajos fondos de la política. Es similar a la que, con frecuencia, se hace a la
actividad de la Agencia Federal de Inteligencia. En especial durante el
anterior gobierno nacional. Pero que viene de larga data y genera amplias
sospechas por los intereses cruzados que pretenden "defenderse". Son, además, motivo
de disputas entre dirigentes de uno y otro lado de la grieta, aunque la
Justicia casi nunca termina de esclarecer.
La acusación en Santa Fe contempla
actividades ilícitas de gravedad inusitada. De acuerdo a los fiscales, se
dictaban a sabiendas órdenes ilícitas para reunir, registrar y sistematizar
información que se convertía en documentos de inteligencia sobre personas que
eran "elegidas" por el sólo hecho de sus opiniones políticas, pertenencias
partidarias o a organizaciones intermedias y empresas.
En este punto, es necesario enfatizar que
el espionaje ilegal es una rémora de un pasado autoritario que se mantiene en
las altas esferas del poder y cercena derechos ciudadanos. Por ello debe ser
combatido, investigado con exhaustividad para condenar a sus responsables, sean
del sector ideológico que sean y en cualquier nivel del Estado.
La información periodística recabada por
los medios santafesinos relata que el ex ministro de Seguridad involucró al
actual gobernador de la provincia quien, supuestamente, conocía estas acciones
y que tendría audios grabados que así lo certifican. Y también que las mismas
eran de rutina en las gestiones anteriores, enchastrando aún más una trama que
remitiría a cloacas subterráneas en las que se vulneran todos los derechos y
garantías establecidos por la ley y se denigran las instituciones de la
democracia.
Serán los jueces los que deberán establecer
las responsabilidades del caso. Pero la dirigencia política santafesina debe
hacer frente a esta situación y explicar lo que haya que explicar.