El ex ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, el polémico Marcelo Saín, y siete colaboradores de su gestión fueron imputados por asociación ilícita. La Justicia sostiene que conformaban una organización que se dedicaba a cometer delitos como espionaje, malversación de caudales públicos y peculado. Saín también fue imputado por abuso de autoridad, destrucción de elementos de pruebas y encubrimiento agravado.

La grave acusación adjudica al ex ministro de Seguridad haber liderado este grupo que recopilaba de manera ilegal y violando la Ley Nacional de Inteligencia, información sobre empresarios, políticos, sindicalistas y periodistas, con el objetivo de elaborar "perfiles". Además, sostienen que también procuraban hacerse de dineros públicos para beneficio propio

Por cierto, una imputación tan grave a un personaje controvertido de la política santafesina ha generado mucho impacto. Las derivaciones en ese terreno todavía son imprevisibles, como también lo es la marcha de las investigaciones judiciales. Pero ello no obsta para que se configure un panorama que puede acarrear consecuencias también hoy insospechadas.

La acusación es muy grave. Y remite a los bajos fondos de la política. Es similar a la que, con frecuencia, se hace a la actividad de la Agencia Federal de Inteligencia. En especial durante el anterior gobierno nacional. Pero que viene de larga data y genera amplias sospechas por los intereses cruzados que pretenden "defenderse". Son, además, motivo de disputas entre dirigentes de uno y otro lado de la grieta, aunque la Justicia casi nunca termina de esclarecer.

La acusación en Santa Fe contempla actividades ilícitas de gravedad inusitada. De acuerdo a los fiscales, se dictaban a sabiendas órdenes ilícitas para reunir, registrar y sistematizar información que se convertía en documentos de inteligencia sobre personas que eran "elegidas" por el sólo hecho de sus opiniones políticas, pertenencias partidarias o a organizaciones intermedias y empresas.

En este punto, es necesario enfatizar que el espionaje ilegal es una rémora de un pasado autoritario que se mantiene en las altas esferas del poder y cercena derechos ciudadanos. Por ello debe ser combatido, investigado con exhaustividad para condenar a sus responsables, sean del sector ideológico que sean y en cualquier nivel del Estado.

La información periodística recabada por los medios santafesinos relata que el ex ministro de Seguridad involucró al actual gobernador de la provincia quien, supuestamente, conocía estas acciones y que tendría audios grabados que así lo certifican. Y también que las mismas eran de rutina en las gestiones anteriores, enchastrando aún más una trama que remitiría a cloacas subterráneas en las que se vulneran todos los derechos y garantías establecidos por la ley y se denigran las instituciones de la democracia.

 Serán los jueces los que deberán establecer las responsabilidades del caso. Pero la dirigencia política santafesina debe hacer frente a esta situación y explicar lo que haya que explicar.