Preocupación del Consejo Asesor Municipal de Discapacidad por la crítica situación del sector

El Consejo Asesor Municipal de Discapacidad, Niñez y Adolescencia manifestó su profunda preocupación por la crisis que atraviesan las instituciones vinculadas a la discapacidad en todo el país, a raíz de los recortes presupuestarios del Estado nacional que comprometen el normal funcionamiento de sus servicios.

Durante su última reunión, llevada a cabo en la misma jornada en la que se concretó una movilización nacional para reclamar la restitución del mecanismo de financiamiento, el organismo local abordó las consecuencias del actual contexto: demoras en la autorización de prestaciones, trabas de las obras sociales, retrasos en los pagos de hasta 120 días y la falta de actualización en el nomenclador, entre otros puntos críticos.

Laura Bonino, coordinadora de la Oficina de Discapacidad de la Municipalidad de San Francisco, explicó que el encuentro, que se realiza el último jueves de cada mes, contó con la participación de representantes de instituciones que integran la subcomisión del Área de Discapacidad del Consejo Asesor. Entre ellas: C.A.C.N.O.V.I., ALPI, Cottolengo Don Orione, APRID, Escuela Ana Sullivan, Asociación de Sordos, la Oficina de Discapacidad y APADIM.

“La reunión coincide con la movilización que se dio en todo el país, por la crisis que está atravesando el sector discapacidad. Todas las instituciones representadas están afectadas, no solo por una crisis económica, sino también por la forma en que se considera la discapacidad y la vulneración de sus derechos", señaló Bonino.

La funcionaria remarcó que el eje del reclamo gira en torno a la ley de financiamiento de las prestaciones que requieren las personas con discapacidad para ser incluidas en la sociedad. “Todo lo que está sucediendo afecta al colectivo, a las familias, y representa un retroceso en sus derechos”, afirmó.

Por su parte, María Inés Funes, directora de APRID, detalló que “el reclamo apunta a generar conciencia sobre los derechos de las personas que requieren nuestros servicios”. Y agregó: “Actualmente hay interrupciones en el pago de aranceles, demoras de tres o cuatro meses, sin actualizaciones desde el año pasado. Es una situación que se ha repetido muchas veces, pero nunca con esta gravedad”.

Funes advirtió que varias instituciones tienen dificultades para pagar servicios básicos debido al desfase entre los costos actuales y los aranceles vigentes desde septiembre de 2024. En esa línea, Bonino sostuvo: “Si se cae la ley 24.901, ni siquiera quienes tienen obra social podrán acceder a prestaciones, porque no habrá financiamiento. La situación es muy grave”.

Ambas referentes coincidieron en que se están viendo situaciones inéditas. “Hay documentación presentada en diciembre que todavía no tiene autorización. Eso implica que niños y niñas no pueden acceder a sus tratamientos, a pesar de que los profesionales cumplieron con todos los pasos formales”, indicó Bonino.

Finalmente, Funes expresó: “En nuestro caso, que solo trabajamos con personas con cobertura de obra social, las familias colaboran moralmente porque reconocen el servicio, pero los aportes están, los descuentos se hacen, y aun así algunas instituciones debieron recortar servicios, algo que nunca había ocurrido hasta ahora”.