Vacunación: se abre un dilema ético
Vacunación: se abre un dilema ético
En medio de la pandemia
que desuela nuestras vidas, el tema esde enorme relevancia. Conciliar la libertad individual y la tutela de la salud pública en este caso exigirá importantes dosis de prudencia y sentido común.
En medio de la pandemia
que desuela nuestras vidas, el tema esde enorme relevancia. Conciliar la libertad individual y la tutela de la salud pública en este caso exigirá importantes dosis de prudencia y sentido común.
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Daniel Funes de Rioja, titular de la UIC.
Un debate que promete
acentuarse se generó en nuestro país luego de que las máximas autoridades de la
Unión Industrial Argentina recomendaran a sus socios no pagar el sueldo a
aquellos empleados que no vayan a trabajar porque se niegan a recibir la vacuna.
"Nadie puede obligar a nadie a vacunarse, pero tampoco nadie puede obligar a
una empresa a reinsertar a un trabajador que puede ser un riesgo para la
comunidad en el ámbito laboral", dijo su presidente, Daniel Funes de Rioja.
De inmediato, la discusión
fue cobrando cuerpo. Y las posturas se dividieron. Algunas voces apoyaron
fervientemente esta declaración, señalando que se trata de preservar el bien
común que puede estar amenazado si alguien no quiere vacunarse. Por el otro
lado, la cuestión de la libertad individual se puso de manifiesto en quienes
sostuvieron que no se puede obligar a un trabajador a tomar una determinación
que va en contra de sus convicciones.
En medio de la pandemia
que desuela nuestras vidas, la cuestión que vincula al trabajo con la
vacunación plantea un dilema ético tradicional en el que se enfrentan principios
importantes para la vida humana. Es el clásico choque entre individuo y
comunidad. En una vereda la libertad de cada persona para adoptar decisiones y
en la contraria el derecho de una comunidad a protegerse de cualquier amenaza.
Estamos en presencia de una colisión de valores que los estudiosos de la ética
han estudiado desde hace siglos.
Este dilema se está
presentando en todo el mundo. Cada vez son más las empresas y los gobiernos
que están imponiendo la vacunación obligatoria contra el Covid - 19. Quienes
rechazan estas determinaciones afirman que se vulneran los derechos
individuales consagrados en las distintas constituciones. Quienes las admiten,
apelan a la vigencia necesaria de otros valores también trascendentes como la
solidaridad y la responsabilidad ante lo que consideran conductas egoístas de
algunos individuos que se niegan a recibir las dosis. Otros, esperan que sea el
Estado el que resuelva la cuestión, posición en la que asoma la idea del Gran
Hermano, la de un ente superior que guía todos los aspectos de la vida de las
personas, lo cual, si bien parece más cómodo, resulta riesgoso para la vida de
cualquier comunidad por las tentaciones autoritarias que siempre existen.
El encendido debate se da con fuerza
en algunas sociedades donde los movimientos anti vacunas tienen numerosos
adeptos. Aquí en la Argentina no asoma con tanta fuerza esta postura, aun
cuando las estimaciones establecen que se trataría de un porcentaje no menor de
la población. Al respecto, es verdad que, si la gente no se vacuna, la
comunidad está expuesta a que el virus continúe circulando y mutando, con lo
que la pandemia lejos estará de atenuarse. Las consecuencias negativas son
evidentes. Pero no es menos cierto que despedir a un trabajador que se niega a
inocularse no se ajustaría a derecho, lo que generaría innumerables pleitos
judiciales, pudiendo argumentarse también que existen otros métodos de
prevención como el barbijo o los protocolos que establecen el distanciamiento.
Una persona podrá ubicarse en una de
estas posiciones, argumentar y contraargumentar con criterio. De todos modos, es
posible advertir que el dilema ético que se plantea es de enorme relevancia.
Conciliar la libertad individual y la tutela de la salud pública en este caso
exigirá importantes dosis de prudencia y sentido común.
Un debate que promete
acentuarse se generó en nuestro país luego de que las máximas autoridades de la
Unión Industrial Argentina recomendaran a sus socios no pagar el sueldo a
aquellos empleados que no vayan a trabajar porque se niegan a recibir la vacuna.
"Nadie puede obligar a nadie a vacunarse, pero tampoco nadie puede obligar a
una empresa a reinsertar a un trabajador que puede ser un riesgo para la
comunidad en el ámbito laboral", dijo su presidente, Daniel Funes de Rioja.
De inmediato, la discusión
fue cobrando cuerpo. Y las posturas se dividieron. Algunas voces apoyaron
fervientemente esta declaración, señalando que se trata de preservar el bien
común que puede estar amenazado si alguien no quiere vacunarse. Por el otro
lado, la cuestión de la libertad individual se puso de manifiesto en quienes
sostuvieron que no se puede obligar a un trabajador a tomar una determinación
que va en contra de sus convicciones.
En medio de la pandemia
que desuela nuestras vidas, la cuestión que vincula al trabajo con la
vacunación plantea un dilema ético tradicional en el que se enfrentan principios
importantes para la vida humana. Es el clásico choque entre individuo y
comunidad. En una vereda la libertad de cada persona para adoptar decisiones y
en la contraria el derecho de una comunidad a protegerse de cualquier amenaza.
Estamos en presencia de una colisión de valores que los estudiosos de la ética
han estudiado desde hace siglos.
Este dilema se está
presentando en todo el mundo. Cada vez son más las empresas y los gobiernos
que están imponiendo la vacunación obligatoria contra el Covid - 19. Quienes
rechazan estas determinaciones afirman que se vulneran los derechos
individuales consagrados en las distintas constituciones. Quienes las admiten,
apelan a la vigencia necesaria de otros valores también trascendentes como la
solidaridad y la responsabilidad ante lo que consideran conductas egoístas de
algunos individuos que se niegan a recibir las dosis. Otros, esperan que sea el
Estado el que resuelva la cuestión, posición en la que asoma la idea del Gran
Hermano, la de un ente superior que guía todos los aspectos de la vida de las
personas, lo cual, si bien parece más cómodo, resulta riesgoso para la vida de
cualquier comunidad por las tentaciones autoritarias que siempre existen.
El encendido debate se da con fuerza
en algunas sociedades donde los movimientos anti vacunas tienen numerosos
adeptos. Aquí en la Argentina no asoma con tanta fuerza esta postura, aun
cuando las estimaciones establecen que se trataría de un porcentaje no menor de
la población. Al respecto, es verdad que, si la gente no se vacuna, la
comunidad está expuesta a que el virus continúe circulando y mutando, con lo
que la pandemia lejos estará de atenuarse. Las consecuencias negativas son
evidentes. Pero no es menos cierto que despedir a un trabajador que se niega a
inocularse no se ajustaría a derecho, lo que generaría innumerables pleitos
judiciales, pudiendo argumentarse también que existen otros métodos de
prevención como el barbijo o los protocolos que establecen el distanciamiento.
Una persona podrá ubicarse en una de
estas posiciones, argumentar y contraargumentar con criterio. De todos modos, es
posible advertir que el dilema ético que se plantea es de enorme relevancia.
Conciliar la libertad individual y la tutela de la salud pública en este caso
exigirá importantes dosis de prudencia y sentido común.