Un debate que promete acentuarse se generó en nuestro país luego de que las máximas autoridades de la Unión Industrial Argentina recomendaran a sus socios no pagar el sueldo a aquellos empleados que no vayan a trabajar porque se niegan a recibir la vacuna. "Nadie puede obligar a nadie a vacunarse, pero tampoco nadie puede obligar a una empresa a reinsertar a un trabajador que puede ser un riesgo para la comunidad en el ámbito laboral", dijo su presidente, Daniel Funes de Rioja.

De inmediato, la discusión fue cobrando cuerpo. Y las posturas se dividieron. Algunas voces apoyaron fervientemente esta declaración, señalando que se trata de preservar el bien común que puede estar amenazado si alguien no quiere vacunarse. Por el otro lado, la cuestión de la libertad individual se puso de manifiesto en quienes sostuvieron que no se puede obligar a un trabajador a tomar una determinación que va en contra de sus convicciones.

En medio de la pandemia que desuela nuestras vidas, la cuestión que vincula al trabajo con la vacunación plantea un dilema ético tradicional en el que se enfrentan principios importantes para la vida humana. Es el clásico choque entre individuo y comunidad. En una vereda la libertad de cada persona para adoptar decisiones y en la contraria el derecho de una comunidad a protegerse de cualquier amenaza. Estamos en presencia de una colisión de valores que los estudiosos de la ética han estudiado desde hace siglos.

Este dilema se está presentando en todo el mundo. Cada vez son más las empresas y los gobiernos que están imponiendo la vacunación obligatoria contra el Covid - 19. Quienes rechazan estas determinaciones afirman que se vulneran los derechos individuales consagrados en las distintas constituciones. Quienes las admiten, apelan a la vigencia necesaria de otros valores también trascendentes como la solidaridad y la responsabilidad ante lo que consideran conductas egoístas de algunos individuos que se niegan a recibir las dosis. Otros, esperan que sea el Estado el que resuelva la cuestión, posición en la que asoma la idea del Gran Hermano, la de un ente superior que guía todos los aspectos de la vida de las personas, lo cual, si bien parece más cómodo, resulta riesgoso para la vida de cualquier comunidad por las tentaciones autoritarias que siempre existen.

El encendido debate se da con fuerza en algunas sociedades donde los movimientos anti vacunas tienen numerosos adeptos. Aquí en la Argentina no asoma con tanta fuerza esta postura, aun cuando las estimaciones establecen que se trataría de un porcentaje no menor de la población. Al respecto, es verdad que, si la gente no se vacuna, la comunidad está expuesta a que el virus continúe circulando y mutando, con lo que la pandemia lejos estará de atenuarse. Las consecuencias negativas son evidentes. Pero no es menos cierto que despedir a un trabajador que se niega a inocularse no se ajustaría a derecho, lo que generaría innumerables pleitos judiciales, pudiendo argumentarse también que existen otros métodos de prevención como el barbijo o los protocolos que establecen el distanciamiento.

Una persona podrá ubicarse en una de estas posiciones, argumentar y contraargumentar con criterio. De todos modos, es posible advertir que el dilema ético que se plantea es de enorme relevancia. Conciliar la libertad individual y la tutela de la salud pública en este caso exigirá importantes dosis de prudencia y sentido común.