Un juez ordenó a un sanatorio a administrar dióxido de cloro
Un juez ordenó a un sanatorio a administrar dióxido de cloro
Anmat ya había advertido sobre la peligrosidad de la sustancia. El insólito fallo preocupa a la comunidad médica porque puede generar jurisprudencia. Sucedió en el Sanatorio Otamendi, de Buenos Aires.
Anmat ya había advertido sobre la peligrosidad de la sustancia. El insólito fallo preocupa a la comunidad médica porque puede generar jurisprudencia. Sucedió en el Sanatorio Otamendi, de Buenos Aires.
La Justicia Federal dictaminó una medida cautelar que obliga
a el Sanatorio Otamendi brinde un tratamiento con dióxido de cloro, prohibido
en Argentina, a un paciente internado en estado grave por Covid-19.
El fallo, dispuesto por el juez federal subrogante Javier
Pico Terrero, se dio a tres meses de que
la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), adviertan sobre la
peligrosidad de la sustancia, informó Cadena 3.
Alerta a la población
El hijastro del paciente en cuestión había solicitado a la
Justicia el 7 de enero que el marido de su madre (fallecida el día anterior por
coronavirus) recibiera de manera urgente la administración de nebulizaciones de
ibuprofeno de sodio y de dióxido de cloro.
Aseguró que la terapia que fue recetada por el neurocirujano
del paciente, Dante Converti (M. N. 50.660).
Terrero consideró que "la cobertura de los tratamientos
indicados no ocasionaría un grave perjuicio para la demandada, pero evita, en
cambio, el agravamiento de las condiciones de vida de la actora", y dio
lugar a la solicitud.
El sanatorio apeló a la medida cautelar, y desde la
comunidad médica, mostraron preocupación porque podría sentar jurisprudencia
para recetar tratamientos que no están autorizados para un uso medicinal por
las autoridades pertinentes.
El presidente de la SADI, Omar Sued, expresó al diario
Perfil: "Que un juez decida que un médico tiene que aplicar una sustancia
para la cual no hay ninguna evidencia científica es realmente preocupante,
sobre todo cuando es en forma endovenosa. No es decisión de un magistrado
administrar una medicación que no conoce en un paciente, no es su rol".
"El Ministerio de Salud debería evaluar cuál es la
legitimidad que tiene un médico para recomendar una terapia que la misma Anmat
alerta su riesgo de toxicidad", consideró.
La Justicia Federal dictaminó una medida cautelar que obliga
a el Sanatorio Otamendi brinde un tratamiento con dióxido de cloro, prohibido
en Argentina, a un paciente internado en estado grave por Covid-19.
El fallo, dispuesto por el juez federal subrogante Javier
Pico Terrero, se dio a tres meses de que
la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), adviertan sobre la
peligrosidad de la sustancia, informó Cadena 3.
Alerta a la población
El hijastro del paciente en cuestión había solicitado a la
Justicia el 7 de enero que el marido de su madre (fallecida el día anterior por
coronavirus) recibiera de manera urgente la administración de nebulizaciones de
ibuprofeno de sodio y de dióxido de cloro.
Aseguró que la terapia que fue recetada por el neurocirujano
del paciente, Dante Converti (M. N. 50.660).
Terrero consideró que "la cobertura de los tratamientos
indicados no ocasionaría un grave perjuicio para la demandada, pero evita, en
cambio, el agravamiento de las condiciones de vida de la actora", y dio
lugar a la solicitud.
El sanatorio apeló a la medida cautelar, y desde la
comunidad médica, mostraron preocupación porque podría sentar jurisprudencia
para recetar tratamientos que no están autorizados para un uso medicinal por
las autoridades pertinentes.
El presidente de la SADI, Omar Sued, expresó al diario
Perfil: "Que un juez decida que un médico tiene que aplicar una sustancia
para la cual no hay ninguna evidencia científica es realmente preocupante,
sobre todo cuando es en forma endovenosa. No es decisión de un magistrado
administrar una medicación que no conoce en un paciente, no es su rol".
"El Ministerio de Salud debería evaluar cuál es la
legitimidad que tiene un médico para recomendar una terapia que la misma Anmat
alerta su riesgo de toxicidad", consideró.
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