Ordenan detener al prefecto acusado de matar a Rafael Nahuel
La Cámara Federal de Roca, en Río Negro, ordenó la prisión preventiva de Francisco Javier Pintos, integrante del grupo de elite acusado de matar de un disparo de fusil al joven mapuche.
La Cámara Federal de General Roca ordenó hoy la prisión preventiva del prefecto Francisco Javier Pintos, integrante del grupo Albatros de Prefectura Naval, a quien se lo acusa de asesinar de un disparo al joven Rafael Nahuel, el 25 de noviembre de 2017, en la localidad de Villa Mascardi.
Según fuentes judiciales, a Pintos se lo imputa de "homicidio agravado", de esta forma se desestimó el anterior fallo del juez federal de Bariloche, Leónidas Moldes, que había considerado "el exceso en la legítima defensa".
Por otra parte, la Cámara, conformada por los magistrados Mariano Lozano, Richard Gallego y Ricardo Barreriro, revocó los procesamientos a los otros cuatro miembros del Albatros, Carlos Sosa, Sergio García, Juan Obregón y Sergio Cavia, y les dictó la "falta de mérito".
Asimismo, el tribunal declinó la clausura de la instrucción y ordenó que las actuaciones "sean remitidas la fiscalía para que se evalúen completar otras pericias antes de que se avance hacia el juicio oral".
"El recurso de la parte querellante, modificando la calificación del hecho por el que viene procesado Francisco Javier Pintos, la que se corresponde con la del art.79 y su agravante del art. 41 bis, ambos del CP, disponiendo su prisión preventiva", expresa el fallo.
Por su parte, el camarista federal de Roca Ricardo Barreiro remarcó en el fallo que "es notorio que el Ministerio de Seguridad ha asumido, en la actual gestión, un rol activo en la defensa irrestricta de los funcionarios de las fuerzas de seguridad involucrados en episodios bajo investigación judicial".
"Y lo ha hecho no con la mesura, la distancia y el respeto por el Poder Judicial de la Nación y la división de poderes que exige la República, sino con intervenciones que no toman en cuenta el trámite de las causas judiciales, sus tiempos ni las decisiones de los magistrados", advierte el juez.
"Antes de que las pesquisas avancen lo suficiente como para echar mínima luz sobre los sucesos, se publican declaraciones del más alto nivel cuestionando a la judicatura, o las medidas probatorias dispuestas o, lisa y llanamente, sentenciando -mediáticamente- que el o los funcionarios implicados no han cometido delito y que son inocentes", añadió el camarista.
El 25 de noviembre de 2017, dos días después del desalojo de la comunidad Winkul Mapu del predio que ocupaba en la localidad de Villa Mascardi, departamento Bariloche, en Río Negro, el grupo Albatros de la Prefectura ingresó con la orden de desalojar.
En circunstancias que aún son materia de investigación, el joven Nahuel, de 21 años, que participaba del reclamo junto con su tía, María Nahuel, y su prima, Micaela Johana Colhuan, fue baleado por la espalda, lo que le causó la muerte.
Según informó Prefectura, los efectivos patrullaban el lugar cuando fueron atacados por los manifestantes, y ejercieron su defensa. La fuerza de seguridad efectuó entre 114 y 129 disparos con munición de plomo.
Télam
