Ordenan detener al prefecto acusado de matar a Rafael Nahuel
Ordenan detener al prefecto acusado de matar a Rafael Nahuel
La Cámara Federal de Roca, en Río Negro, ordenó la prisión preventiva de Francisco Javier Pintos, integrante del grupo de elite acusado de matar de un disparo de fusil al joven mapuche.
La Cámara Federal de Roca, en Río Negro, ordenó la prisión preventiva de Francisco Javier Pintos, integrante del grupo de elite acusado de matar de un disparo de fusil al joven mapuche.
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Rafael Nahuel
La Cámara Federal de General Roca ordenó hoy la prisión preventiva
del prefecto Francisco Javier Pintos, integrante del grupo Albatros de
Prefectura Naval, a quien se lo acusa de asesinar de un disparo al joven Rafael
Nahuel, el 25 de noviembre de 2017, en la localidad de Villa Mascardi.
Según fuentes judiciales, a Pintos se lo imputa de "homicidio
agravado", de esta forma se desestimó el anterior fallo del juez federal
de Bariloche, Leónidas Moldes, que había considerado "el exceso en la
legítima defensa".
Por otra parte, la Cámara, conformada por los magistrados Mariano
Lozano, Richard Gallego y Ricardo Barreriro, revocó los procesamientos a los
otros cuatro miembros del Albatros, Carlos Sosa, Sergio García, Juan Obregón y
Sergio Cavia, y les dictó la "falta de mérito".
Asimismo, el tribunal declinó la clausura de la instrucción y
ordenó que las actuaciones "sean remitidas la fiscalía para que se evalúen
completar otras pericias antes de que se avance hacia el juicio oral".
"El recurso de la parte querellante, modificando la calificación
del hecho por el que viene procesado Francisco Javier Pintos, la que se
corresponde con la del art.79 y su agravante del art. 41 bis, ambos del CP,
disponiendo su prisión preventiva", expresa el fallo.
Por su parte, el camarista federal de Roca Ricardo Barreiro
remarcó en el fallo que "es notorio que el Ministerio de Seguridad ha
asumido, en la actual gestión, un rol activo en la defensa irrestricta de los
funcionarios de las fuerzas de seguridad involucrados en episodios bajo
investigación judicial".
"Y lo ha hecho no con la mesura, la distancia y el respeto
por el Poder Judicial de la Nación y la división de poderes que exige la
República, sino con intervenciones que no toman en cuenta el trámite de las
causas judiciales, sus tiempos ni las decisiones de los magistrados", advierte
el juez.
"Antes de que las pesquisas avancen lo suficiente como para echar
mínima luz sobre los sucesos, se publican declaraciones del más alto nivel
cuestionando a la judicatura, o las medidas probatorias dispuestas o, lisa y
llanamente, sentenciando -mediáticamente- que el o los funcionarios implicados
no han cometido delito y que son inocentes", añadió el camarista.
El 25 de noviembre de 2017, dos días después del desalojo de la
comunidad Winkul Mapu del predio que ocupaba en la localidad de Villa Mascardi,
departamento Bariloche, en Río Negro, el grupo Albatros de la Prefectura
ingresó con la orden de desalojar.
En circunstancias que aún son materia de investigación, el joven
Nahuel, de 21 años, que participaba del reclamo junto con su tía, María Nahuel,
y su prima, Micaela Johana Colhuan, fue baleado por la espalda, lo que le causó
la muerte.
Según informó Prefectura, los efectivos patrullaban el lugar
cuando fueron atacados por los manifestantes, y ejercieron su defensa. La
fuerza de seguridad efectuó entre 114 y 129 disparos con munición de plomo.
Télam
La Cámara Federal de General Roca ordenó hoy la prisión preventiva
del prefecto Francisco Javier Pintos, integrante del grupo Albatros de
Prefectura Naval, a quien se lo acusa de asesinar de un disparo al joven Rafael
Nahuel, el 25 de noviembre de 2017, en la localidad de Villa Mascardi.
Según fuentes judiciales, a Pintos se lo imputa de "homicidio
agravado", de esta forma se desestimó el anterior fallo del juez federal
de Bariloche, Leónidas Moldes, que había considerado "el exceso en la
legítima defensa".
Por otra parte, la Cámara, conformada por los magistrados Mariano
Lozano, Richard Gallego y Ricardo Barreriro, revocó los procesamientos a los
otros cuatro miembros del Albatros, Carlos Sosa, Sergio García, Juan Obregón y
Sergio Cavia, y les dictó la "falta de mérito".
Asimismo, el tribunal declinó la clausura de la instrucción y
ordenó que las actuaciones "sean remitidas la fiscalía para que se evalúen
completar otras pericias antes de que se avance hacia el juicio oral".
"El recurso de la parte querellante, modificando la calificación
del hecho por el que viene procesado Francisco Javier Pintos, la que se
corresponde con la del art.79 y su agravante del art. 41 bis, ambos del CP,
disponiendo su prisión preventiva", expresa el fallo.
Por su parte, el camarista federal de Roca Ricardo Barreiro
remarcó en el fallo que "es notorio que el Ministerio de Seguridad ha
asumido, en la actual gestión, un rol activo en la defensa irrestricta de los
funcionarios de las fuerzas de seguridad involucrados en episodios bajo
investigación judicial".
"Y lo ha hecho no con la mesura, la distancia y el respeto
por el Poder Judicial de la Nación y la división de poderes que exige la
República, sino con intervenciones que no toman en cuenta el trámite de las
causas judiciales, sus tiempos ni las decisiones de los magistrados", advierte
el juez.
"Antes de que las pesquisas avancen lo suficiente como para echar
mínima luz sobre los sucesos, se publican declaraciones del más alto nivel
cuestionando a la judicatura, o las medidas probatorias dispuestas o, lisa y
llanamente, sentenciando -mediáticamente- que el o los funcionarios implicados
no han cometido delito y que son inocentes", añadió el camarista.
El 25 de noviembre de 2017, dos días después del desalojo de la
comunidad Winkul Mapu del predio que ocupaba en la localidad de Villa Mascardi,
departamento Bariloche, en Río Negro, el grupo Albatros de la Prefectura
ingresó con la orden de desalojar.
En circunstancias que aún son materia de investigación, el joven
Nahuel, de 21 años, que participaba del reclamo junto con su tía, María Nahuel,
y su prima, Micaela Johana Colhuan, fue baleado por la espalda, lo que le causó
la muerte.
Según informó Prefectura, los efectivos patrullaban el lugar
cuando fueron atacados por los manifestantes, y ejercieron su defensa. La
fuerza de seguridad efectuó entre 114 y 129 disparos con munición de plomo.
Télam