“Necesitamos la ley de emergencia turística urgente”
Lo aseguró el empresario Javier Gambino que participó del reclamo que se realizó en nuestra ciudad y también en el país por la crisis que está viviendo el sector ante la pandemia de coronavirus y la paralización por la cuarentena. Más de 30 vehículos y minibuses partieron desde la intesección de las avenidas Cervantes y de la Universidad y con bocinazos se trasladaron hacia el centro de la ciudad, recorriendo la arteria principal 25 de Mayo para visibilizar su situación.
Con bocinazos y banderas argentinas, representantes de las agencias de turismo de nuestra ciudad, transportistas y hotelería, reclamaron este miércoles con una caravana de autos, que se apruebe la ley de emergencia turística nacional ante la situación de parate que viven en el sector desde hace más 120 días.
La medida fue impulsada a nivel nacional por Agentes de Viajes Autoconvocados (Avaa) en distintas ciudades del país por la crisis del sector y en nuestra ciudad hay 20 agencias de viajes que adhirieron, además de transportistas y empresarios de hotelería, eslabones que componen la industria turística.
Más de 30 vehículos y minibuses partieron desde la intesección de las avenidas Cervantes y de la Universidad y con bocinazos se trasladaron hacia el centro de la ciudad, recorriendo la arteria principal 25 de Mayo para hacer oir su reclamo.
"Necesitamos la ley de emergencia turística urgente", dijo a LA VOZ DE SAN JUSTO el empresario Javier Gambino.
Aseguró que es necesaria "para seguir trabajando con tranquilidad. Hace de mediados de marzo que estamos con facturación cero y no tenemos la certeza de cuándo podremos volver a trabajar".
Los empresarios locales se sumaron al reclamo a nivel nacional pero también mantuvieron encuentros con representantes de la municipalidad de San Francisco a quienes les presentaron un petitorio de ayuda.
La situación del sector se hace insostenible y es necesario volver a reactivarlo. "Hace más de 120 días que estamos paralizados, a pesar de que estamos asesorando, reprogramando viajes, no tenemos ingresos", advirtió Gambino.
Recordó que la semana pasada se presentó en Diputados, en una comisión del oficialismo, "una propuesta que es pos pandemia, más orientada al consumidor. Eso no nos parece mal pero tendríamos que hacer una ley en común ente esa ley y la que proponen las empresas. Que parta desde las agencias y desde ahí se extienda al viajero", afirmó.
El proyecto de ley
El proyecto de ley tendiente a declarar la emergencia turística nacional en el marco de la pandemia del coronavirus fue presentado en la Cámara baja, con eje en el soporte financiero a las pymes del sector, la devolución del dinero de pasajes cancelados y del impuesto País, y la ayuda a guías turísticos.
La iniciativa -del diputado del Frente de Todos, Ramiro Fernández Patri (Frente de Todos-Formosa)- se suma así a una decena de proyectos presentados desde la llegada de la pandemia al país, con fuerte impacto en la actividad turística, producto de las restricciones impuestas en todo el mundo para evitar la propagación del coronavirus.
Dispone la declaración de la emergencia turística en todo el país desde la fecha de sanción y hasta un año después de terminado el distanciamiento social, preventivo y obligatorio, y postula como autoridad de aplicación al Ministerio de Turismo y Deportes.
Entre otros aspectos, la iniciativa prevé ayuda financiera para las pymes del sector con el fin de favorecer la conservación del empleo y la capacidad de pago,
También, promueve la suspensión de ejecuciones fiscales contra esas pymes, lo que incluye "el trámite de las que se encuentren en curso, así como la traba de medidas cautelares en el marco de aquellas" hasta el 31 de diciembre de 2020.
Otros beneficios contemplados por el proyecto son el diferimiento de impuestos nacionales que venzan hasta el 31 de diciembre y la suspensión de la caducidad de los planes de pago de impuestos nacionales" producidos entre el 12 de marzo y el 31 de octubre de este año.
Además, la propuesta establece que las pymes turísticas serán eximidas del pago del impuesto a los débitos y a los créditos, y tendrán financiamiento para la seguridad sanitaria, con préstamos a tasa cero, destinados a la adquisición de tecnología necesaria para protección de trabajadores, usuarios y consumidores.