La prensa y la reforma judicial
La historia de connivencia entre algunos jueces federales y el poder político desmentiría lo que pretende ser una cláusula que defienda el trabajo de los jueces federales ante posibles presiones. Puede terminar convirtiéndose en un cepo censor contra cualquier opinión que cuestione medidas de los magistrados. En el caso del periodismo, esto es, lisa y llanamente, un ataque a la libertad de prensa garantizada por la Constitución Nacional.
El proceso legislativo de la tan mentada reforma judicial en la Argentina ha ingresado, abrupta e intempestivamente, en la discusión pública. Lo hizo a pesar de que las prioridades de la población pasan por la cuarentena, la pandemia, sus efectos económicos y la inseguridad, entre otros aspectos controvertidos de este tiempo dominado por la incertidumbre.
La reforma de la Justicia Federal se lanzó en medio de este tembladeral que vive el país. Fue una decisión inoportuna por lo menos. Teñida de sospechas desde el comienzo en virtud de algunas maniobras que se tejieron desde determinados círculos del poder para trasladar jueces o remover fiscales que supuestamente no acatarían los dictados del poder de turno.
Estas dudas se convirtieron en una polémica mayúscula luego de la denominada "Enmienda Parrilli". En efecto, el senador que responde directamente a la vicepresidenta de la Nación fue el impulsor del agregado de un texto en un artículo, que pretendería acotar la libertad de los medios y los periodistas en el tratamiento de las causas judiciales.
El artículo 72 inciso e del proyecto que ya tiene despacho de comisión en el Senado, señala: "Los jueces y las juezas de todos los fueros con jurisdicción federal con asiento en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán (...) comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo".
La historia de connivencia entre algunos jueces federales y el poder político desmentiría lo que pretende ser una cláusula que defienda el trabajo de los jueces federales ante posibles presiones. Puede terminar convirtiéndose en un cepo censor contra cualquier opinión que cuestione medidas de los magistrados. En el caso del periodismo, esto es, lisa y llanamente, un ataque a la libertad de prensa garantizada por la Constitución Nacional.
No se trata de defender privilegios que no deben existir, ni ocultar que desde algunas corporaciones mediáticas pueden existir intentos de presión. Tampoco, de intentar una defensa corporativa del oficio periodístico. Pero el artículo en cuestión permitiría a los magistrados poner en suspenso la libertad de prensa puesto que no establece tampoco bajo qué circunstancias puede determinarse cuándo habría algún intento de influencia en las decisiones judiciales. Entonces, cualquier información, investigación u opinión editorial podría derivar en denuncias contra los periodistas por supuestas presiones mediáticas.
La relación entre el poder y la prensa no está exenta de tensiones. Siempre ha sido así. Sin embargo, la introducción entre gallos y medianoche de una artículo controvertido hace pensar que la intención es la de acallar voces críticas y no la de permitir "un debate abierto y vigoroso que mejore y transparente la administración de Justicia", como señala la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) en un comunicado en el que también advierte que esta reforma, "contribuirá a hacer que la Justicia sea más opaca, más presionable, menos efectiva y menos cercana a la ciudadanía".
La libertad de expresión, el derecho a la información y el debate de ideas son inherentes a la vigencia de las instituciones de una República. Limitar estos aspectos o procurar acotarlos es una conducta propia de espíritus autoritarios.