La nueva discusión Nación - provincias
La gran mayoría de los gobernadores de nuestro país consensuó un documento en el que solicitaron al gobierno nacional que se resguarden las finanzas provinciales "amenazadas". Subyace una añeja polémica que no ha sido resuelta a lo largo de la historia: la vigencia de un verdadero federalismo con reglas claras y permanentes, con defensa de las instituciones y acuerdos transparentes para el manejo de los recursos del Estado.
La gran mayoría de los gobernadores de nuestro país consensuó un
documento en el que solicitaron al gobierno nacional que se resguarden las
finanzas provinciales "amenazadas", dijeron, por las últimas medidas relativas
al congelamiento del precio de los combustibles, la eliminación del IVA a los
productos de primera necesidad y la elevación del tope de Ganancias.
Señalaron los mandatarios de las provincias que las decisiones económicas anunciadas "no fueron consensuadas", y dijeron que a la Justicia en tanto ellas sigan en pie. No obstante, se cuidaron en señalar que no se cuestiona el intento de aliviar la pesada carga que hoy soporta buena parte de la población en virtud de la recesión y la crisis económica, sino que se critica la ausencia de diálogo y la inexistencia de medidas que propendan a evitar el deterioro de las finanzas provinciales que suponen las últimas medidas.
En el escrito que se aprobó en la sede del Consejo Federal de Inversiones, las provincias sostienen que el gobierno nacional "no puede disponer inconstitucionalmente" de esos recursos y que las jurisdicciones están en "grave peligro de no poder afrontar los gastos corrientes", lo que amenazará "la paz social" por las "malas políticas económicas y financieras de las que las provincias no tenemos ninguna responsabilidad". Calificaron además de "arbitrarias y perjudiciales" las medidas y sostuvieron que dejan las provincias al borde de una "crisis". Sin embargo, en la Nación aseguraron que el impacto final "es marginal porque al aumentar las proyecciones de inflación, aumenta la coparticipación". "Y también las provincias recuperan por el consumo", se dijo.
Como se observa, en este tiempo político tan difícil, los gobernadores se encuentran en un dilema. Por un lado, no pueden cargar abiertamente contra decisiones que reclaman desde hace mucho, menos en una época electoral. Pero por el otro, están condicionados fuertemente por las restricciones presupuestarias y la espada de Damocles que significa la factible imposibilidad de hacer frente a las obligaciones esenciales de cualquier gobernante, como por ejemplo el pago de sueldos a los trabajadores estatales.
Siempre en el terreno de las especulaciones políticas, el viraje abrupto de la mirada económica del gobierno nacional está directamente relacionado, es obvio, con el fracaso que los candidatos oficialistas tuvieron en las primarias. Y también podría intuirse que la implementación de decisiones que suponen menores ingresos a las provincias tendría vinculación con el tiempo electoral también. Serían, quizás, como un "castigo" a gobernadores que abiertamente se alinearon con la principal fuerza de oposición.
El país asiste de este modo a una nueva discusión sobre la relación entre la Nación y las provincias, avivada por la cercanía de las elecciones y también por la severa crisis económica. Subyace, no obstante, una añeja polémica que no ha sido resuelta a lo largo de la historia: la vigencia de un verdadero federalismo con reglas claras y permanentes, con defensa de las instituciones y acuerdos transparentes para el manejo de los recursos del Estado.