Córdoba Cambia quiere que funcionarios y concejales presenten declaración jurada de bienes
Piden modificar la ordenanza vigente y que la información sea publicada en la página web de la municipalidad.
La concejal del bloque Córodoba Cambia, Cecilia Roffé, presentó un proyecto de ordenanza para que sea tratado en la próxima sesión del Concejo Delinerante que establece que funcionarios y concejales presenten declaración jurada de bienes.
La iniciactiva plantea modificar los artículos 1, 2, 3,4 y 5 de la ordenanza Nº 4.745 que refiere al tema.
El proyecto de la edil opositira dispone "la obligatoriedad de presentar declaración jurada de atrimonio al ingreso a la función pública, anualmente y al finalizar la misma". Y contempla a las siguientes autoridades y funcionarios: intendente, concejales y secretario del Concejo; tribunos de Cuenta y secretario del Tribunal; secretarios del Ejecutivo Municipal; directores generales; directores; juez de Falta y secretaria del Juzgado; presidente y directores de las empresas con mayoría accionaria de la municipalidad; administrador de Aamos; asesor letrado municipal y adjuntos.
Todos "tendrán un plazo máximo de 20 días, corridos y siguientes a la fecha de asunción y de cesación en el cargo" para presnçentar la declaración jurada. Además, deberán renovarla en forma anual, "desde el 1 al 10 de diciembre de cada año en ejercicio, consignando las modificaciones de su patrimonio, de su cónyuge y de las personas a cargo".
Estas declaraciones "tendrán carácter público y serán difundidas por Internet en la página web del municipio, con renovación anual, sin costo alguno y con libre acceso de los ciudadanos". Y deberán incluir entre otros datos, "nómina y detalle de todos los bienes, créditos y deudas ubicados en el país o en el extranjero (bienes inmuebles y bienes muebles registrables, bienes muebles no registrables como equipos instrumentales, joyas o semovientes y otros similares que por su valor representen una cifra de importancia dentro del patrimonio); capitales invertidos en títulos, acciones y demás valores cotizables en bolsa; capitales invertidos en explotaciones personales o en sociedad que no cotizan en bolsa; depósitos en bancos y otras entidades financieras de dinero en efectivo y en moneda extranjera; créditos hipotecarios, prendarios y comunes; deudas hipotecarias, prendarias y comunes; especificación de sus labores profesionales u ocupacionales que generen recursos económicos".
Además, "no se podrán publicar registros catastrales y direcciones de bienes inmuebles" y el Tribunal de Cuentas será depositario de las declaraciones hasta 10 años después de terminado el ejercicio de autoridades y funcionarios. Para el caso de los tribunos de Cuentas presentarán las declaraciones ante el juez de Falta que refrendara y entregara copia al declarante y enviara la información al Ejecutivo Municipal para su publicación".
"La normativa que rige la obligatoriedad de las autoridades electas y los funcionarios de Gobierno, de los tres poderes del Estado, de presentar declaración jurada de patrimonios, ha ido variando a través de los años, en la nación, en las provincias y en los municipios y los cambios se han dirigidos a mejorar el acceso a la información", dijo Roffé y citó la ley nacional de Ética en la Función Pública (Ley 25188).
"En el caso de la provincia de Córdoba lo establece el artículo 14 de la Constitución Provincial, la ley 8.198 y su decreto reglamentario 970/99, modificada por la Ley 9.471 del año 2008 y en el Municipio la ordenanza 3.554 que establecía privacidad de la información y la 4.745 donde deja de ser información reservada y permite al vecino acceder a la declaración jurada de un funcionario con pedido formal y con costo".
Entonces, a través de este proyecto "se intenta actualizar el mecanismo de acceso a la información del patrimonio de las autoridades y funcionarios políticos", argumentó Roffé.
"La ciudadanía tiene derecho a acceder a la información y la regla debe ser difundir el patrimonio y el consecuente control de la comunidad, no el secreto, y para lograrlo es necesario adaptarse a los nuevos tiempos y hacer la comunicación a través de medios electrónicos al alcance de gran parte de la sociedad", argumentó Roffé.
Por último, la concejala mencionó que normas idénticas al proyecto por ella presentado rigen en la municipalidad de Córdoba Capital, de Río Cuarto, de Rafaela y de varios municipios y gobiernos provinciales.