Seguridad para equipos de salud
En Santa Fe, propusieron cerrar las guardias de los centros de salud públicos ante hechos de violencia contra los profesionales y restablecer el servicio una vez recuperada la situación de seguridad. Pero la medida fue rechazada por el Ministerio de Salud provincial. En Córdoba, rige una pena contra quienes agreden a personal médico, que establece diez días de trabajo comunitario, una multa de $12.000 o tres días de arresto si se agrede a un personal de la salud.
La delegación Santa Fe de la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra) propuso cerrar las guardias de los centros de salud públicos ante hechos de violencia contra los profesionales y restablecer el servicio una vez recuperada la situación de seguridad. La medida medida fue rechazada por el Ministerio de Salud provincial.
Esta propuesta de protocolo de seguridad para las guardias de efectores públicos, que incluye la interrupción del servicio ante situaciones de extrema violencia, fue desestimada por las autoridades. Pero puso otra vez en escena la realidad seria que se vive en los hospitales públicos de todo el país respecto de la seguridad de quienes allí trabajan.
Un hospital es, para cualquier comunidad, un centro de referencia al que se acude cuando la enfermedad o la emergencia obligan a ello. En este contexto, la salud pública es un bien que el Estado no puede descuidar y, ante situaciones de violencia o agresión que ponen en riesgo la vida de los equipos de salud no se puede especular.
Es verdad que si una guardia cierra, serán muchas las personas enfermas o accidentadas que sufrirán las consecuencias sin haber tenido nada que ver con los episodios que originarían esta decisión. Por esto, es razonable el rechazo de las autoridades sanitarias al pedido del gremio médico santafesino. Sin embargo, los mismos funcionarios son los encargados de garantizar que la seguridad reine en el hospital público.
Se adjudicarán los problemas de agresiones o violencia extrema contra médicos y enfermeros a la decadencia cultural y educativa que sufre el país. A la intolerancia creciente o al crecimiento de problemáticas sociales que eliminan los filtros sobre los que se asienta una convivencia civilizada. Pero no puede ser que la capacidad y responsabilidad de los equipos de salud de los hospitales públicos -demostrada largamente a lo largo del tiempo- se vea amenazada por el accionar de familiares o allegados a algunos pacientes que agravian, ordenan y atacan sin reparar en que el trabajo médico es esencial para la situación en la que se halla persona a la que dicen querer o pretenden defender.
Es que además de trabajar no en las mejores condiciones, los empleados de un hospital del Estado deben también sufrir agresiones inmerecidas e inexplicables. Esto no puede admitirse bajo ningún aspecto. La ley debe caer sobre quienes no respetan al semejante y actúan con violencia en las guardias de los hospitales. También las fuerzas de seguridad tienen la obligación de proteger el trabajo médico. Porque si bien es sensato afirmar que no es posible cerrar una guardia en un centro asistencial, no es menos lógico el reclamo formulado por los equipos de salud, el que exige una respuesta pronta no sólo en Santa Fe sino en todas las poblaciones del país donde el hospital público cumple una función inestimable.
En San Francisco
A nivel provincial, rige una pena
contra quienes agreden a personal médico de los centros de salud del territorio cordobés.
Se trata de la Ley Nº 10.326 del Código de
Convivencia Ciudadana de la provincia de Córdoba que establece diez días de trabajo
comunitario, una multa de $12.000 o tres días de arresto si se agrede a un
personal de la salud. Los carteles que informan sobre esta
disposición están colocados en distintos sectores del Hospital"J. B. Iturraspe.