Pensiones: una decisión que abrió la polémica
Decisiones tan sensibles como éstas no pueden ser apresuradas. Porque, como lo reconoció el propio gobierno, aparecen errores que afectan seriamente a personas que verdaderamente necesitan de esta ayuda estatal.
Una ola de críticas de todo el arco opositor se abalanzó sobre la ministra de Desarrollo Social del gobierno nacional por los recortes dispuestos en las pensiones por invalidez y discapacidad que otorga esa cartera, que días después dio marcha atrás y aseguró que restablecerá las pensiones cortadas por "error".
La decisión, no anunciada públicamente como debió ocurrir, había opiniones variadas, algunas furibundas ante supuestas injusticias que se estarían cometiendo con personas que necesitan ese aporte estatal para mantener condiciones de vida dignas.
Luego del revuelo producido, desde el gobierno afirmaron que revisarán los casos que estuvieron "mal sacados" cuando se aplicó el decreto 432 de 1997 que regula la entrega de pensiones, a la vejez y por invalidez. Además, aclararon: "No se está haciendo una baja masiva, ni mucho menos". La propia ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, cuestionó a los cuestionadores: "Se hacen distintos cruces administrativos, pero de ninguna manera se emplea un criterio político. Me enoja mucho que traten de usar este tema con fines políticos y de generar miedo en familias que realmente necesitan la pensión y a quienes les quiero llevar la tranquilidad de que la van a seguir teniendo", aseguró. Al mismo tiempo, remarcó que quienes "realmente" necesiten la pensión la seguirán percibiendo. Y ante las numerosas denuncias de los damnificados, dejó abierta la posibilidad de que haya habido "errores".
Medios opositores al gobierno publicaron que en lo que va de este año, ya se eliminaron o suspendieron 83.133 pensiones a discapacitados (71.706) y madres con más de siete hijos (11.427). En la mayoría de los casos las suspensiones fueron sin aviso y el beneficiario se enteró al ir a cobrar la pensión al banco. "Hoy hay es más de un millón de pensiones, no solo seguimos trabajando, sino que se siguen dando altas todos los meses y las personas pueden presentarse en las oficinas de pensiones que hay en todo el país y generar esas altas", indicó Stanley al ser consultada por el tema
Dos elementos se cuelan en este asunto. Primero la cuestión política. El recorte, más allá de cualquier interpretación, es una decisión política. Intempestiva, inoportuna, mal calibrada y hasta con errores admitidos por la máxima autoridad del área de Desarrollo Social. Lo mismo ocurre con las reacciones y las críticas formuladas con el objetivo de desgastar y horadar la imagen de los funcionarios, especialmente teniendo en cuenta que se trata de un año electoral. Ante ello, la cuestión de fondo queda sepultada en un mar de declaraciones que sólo añaden confusión.
Vinculada con lo anterior, no cabe duda de que se hacía necesario transparentar un sistema que durante la anterior administración nacional pareció salirse de cauce. El otorgamiento de pensiones creció de manera explosiva en los últimos años y las sospechas de irregularidades tienen fundamentos concretos que será necesario investigar a fondo.
Pero este último argumento, que tiene bases comprensibles y sólidas en el marco de la desfachatez y la corrupción imperante en la Argentina durante décadas, se desmorona, se debilita cuando se observa la manera cómo el actual gobierno ha encarado el tema. Decisiones tan sensibles como éstas no pueden ser apresuradas. Porque, como lo reconoció la propia ministra, aparecen errores que afectan seriamente a personas que verdaderamente necesitan de esta ayuda estatal. Asemejándose a las características que podría tener un político novato, a veces parece que el gobierno nacional no sopesa con claridad la repercusión de sus decisiones.